Archivan falsa denuncia contra IDL y organizaciones defensoras de los pueblos indígenas
La Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ucayali dispuso, en setiembre de 2024, archivar definitivamente la investigación contra miembros del Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest Peoples Programme (FPP) y la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), surgida de una falsa denuncia penal por coacción presentada por Wilson Barbarán, que en la actualidad ejerce la presidencia de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya (Ucayali). En el proceso fueron involucrados Álvaro Másquez Salvador, Linda Vigo Escalante, Graciela Reátegui Mori, Glatzer Tuesta Altamirano y Tom Younger, defensores de derechos humanos a quienes se intentó perjudicar con la denuncia.
Con el archivamiento de esta denuncia, ratificado en segunda instancia por la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, se confirma que no existió fundamento para la acusación y que el único objetivo fue desacreditar el trabajo que vienen realizando el IDL y las organizaciones indígenas en la Amazonía, en especial en la región de Ucayali, en medio de una violenta campaña de desprestigio que, incluso, ha sido promovida por algunos medios de comunicación.
Según la resolución, los hechos denunciados no configuran el delito de coacción tipificado en el Código Penal, debido a que las acciones imputadas no reúnen los elementos de amenaza o violencia necesarios para configurar el tipo penal. La resolución también señala que las diligencias preliminares realizadas cumplieron con recolectar elementos de convicción, concluyendo que no existen indicios reveladores suficientes para continuar con el proceso. Por estas razones, se confirmó el archivo de los actuados.
Denuncia buscó desprestigiar al IDL, sin éxito
En febrero de 2024, Wilson Barbaran Soria interpuso la denuncia por vulneración de derechos humanos de la comunidad nativa y sus integrantes y abuso por parte del IDL y otras organizaciones, ante el despacho de la Fiscalía.
Barbarán aseguraba que las ONG estaban “dañando notablemente la paz y la convivencia de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, presuntamente mediante amenazas a los integrantes de la C. N. y aprovechándose del nombre de la comunidad para realizar actos en contra de terceros y actuando como si fueran ellos, interfiriendo en el proceso de decisión de sus integrantes”.
Ante ello, en marzo, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra miembros del IDL y otras organizaciones por el plazo de 60 días, debido a la presunta comisión del delito contra la libertad personal en modalidad de coacción.
Desde entonces, medios de comunicación como el canal televisivo Willax o el diario Expreso dieron voz a dicha denuncia con notas periodísticas que daban por ciertas las acusaciones y que fueron parte de una estrategia mediática contra organizaciones de la sociedad civil por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, en un reportaje del programa Contracorriente, emitido por Willax en abril de 2024, la periodista Thais Casalino afirma que el IDL tiene un “doble rasero progresista” y que “sigue facturando a costa del desarrollo y la dignidad de nuestros pueblos originarios”, en referencia a la denuncia que presentó Wilson Barbarán.
De hecho, la campaña de desprestigio incluyó una visita de comuneros de Santa Clara de Uchunya al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en Lima. La reunión fue difundida en marzo de 2024 por los medios ya mencionados y otros satélites de desinformación, como Perú 21, Agro Perú o Lampadia.
Se trató, sin duda, de una campaña malintencionada y deshonesta, ajena al rigor periodístico y que, finalmente, terminó de derrumbarse con el archivamiento de la denuncia presentada por Barbarán Soria.
Pese a estos ataques infundados y a las campañas de desprestigio, el IDL mantiene y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, en especial con los pueblos indígenas, que históricamente han sido vulnerados.
Asimismo, recordamos que los medios de comunicación, así como los y las periodistas, deben cumplir con su función social y su deber de informar con la verdad, respetando los principios éticos del periodismo y evitando ser parte de campañas que solo buscan desinformar y desacreditar a quienes trabajan por la justicia y los derechos humanos.