Autoridades estatales del más alto nivel deben actuar de inmediato para frenar la minería ilegal en Condorcanqui Amazonas

Autoridades estatales del más alto nivel deben actuar de inmediato para frenar la minería ilegal en Condorcanqui Amazonas

En los últimos días instituciones de la sociedad civil, como el IDL, han unido esfuerzos con la Defensoría de Amazonas y la congresista del JPP Ruth Luque para presionar, una vez más, a las instituciones estatales directamente responsables de impedir el avance de la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, que afecta a los ríos Cenepa, Santiago, Comaina y Kanus.

En el año 2019 se formó una comisión multisectoral por iniciativa de la Defensoría del Pueblo. El Ministerio del Interior envió sus propuestas técnicas al viceministerio de Energía y Minas, que era el responsable técnico de la comisión y de realizar las coordinaciones presupuestales. El problema de la falta de presupuesto destinado a las interdicciones no se solucionó.El mismo reclamo vino del Ministerio Público, que  participó en 68 acciones de interdicción, pero que afirma no tener recursos para intervenir en el Cenepa.

A inicios de este año, la Oficina Defensorial de Amazonas mandó dos oficios: uno a la Coordinadora Nacional de Fiscalías en Materia Ambiental Flor de María Vega, y otro al fiscal provincial Henry Azula, en los que solicita acciones de interdicción extraordinarias, y manifiesta que hay 7 dragas operativas y 13 que, según el término que utilizan, están “descansando”. Asimismo advierte sobre posibles conflictos sociales y afectación del medio ambiente, de la vida, la salud y la seguridad de la población awajún y wampis. Ninguno fue respondido en el tiempo establecido.

Por su parte, la congresista Luque ha enviado oficios al Primer Ministro Aníbal Torres, al ministro del Interior Gilberto Chavarry, al ministro del Ambiente Modesto Montoya , al ministro de Justicia Félix Chero y al Fiscal de la Nación Pablo Sánchez; es decir, a las máximos representantes  del Gobierno.

Ella les hace conocer que “ la jefa de la Oficina Defensorial de Amazonas indica que existe una grave problemática vinculada a la minería ilegal en las provincias de Condorcanqui y Bagua en la región Amazonas, que se viene agudizando cada día más, y afecta el medio ambiente, la salud, la vida y la seguridad de los integrantes de los pueblos Awajún y Wampis”. Y precisa: “La actividad de minería ilegal presuntamente estaría desarrollándose con 20 dragas a lo largo de 38 kilómetros del río Cenepa; por lo que los representantes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitan con suma urgencia se ordene la interdicción en la zona donde se estaría produciendo las referidas actividades ilegales que afectan el territorio de las comunidades circundantes”.

Al ministro del Interior y al del Ambiente les indica, además, que los representantes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitan con suma urgencia las acciones de  interdicción en la zona donde se estaría produciendo las referidas actividades ilegales.

Al Fiscal de la Nación le solicita con carácter de urgencia que informe respecto al estado de las investigaciones de los presuntos hechos ilícitos denunciados por ODECOFROC. Y, específicamente,  al ministro de Justicia le informa que ya hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua Amazonas, y le solicita con carácter de urgencia que se apliquen las medidas contenidas en el Decreto Supremo N.° 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, para que se garantice la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos de los pueblos Wampis y Awajún.

La organización indígena ha esperado más de tres años para que el Estado actúe, pero los esfuerzos de los sectores estatales regionales han sido muy limitados, a pesar de la buena voluntad que algunas autoridades han mostrado. Es por eso que los pobladores de las comunidades afectadas se disponen a tomar medidas para enfrentar a la minería ilegal.

El Gobierno central está enterado y avisado. Es su responsabilidad si el medioambiente de la región fronteriza del Perú sufre daños irreparables y se convierte en otra Madre de Dios. Pero no solo eso, también si se pierden vidas en un enfrentamiento que está en sus manos evitar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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