Caballo de Troya

La posible victoria de Javier Villa Stein y compañía en las elecciones del CAL ha despertado preocupación entre muchos agremiados, que temen que la institución sea convertida en una herramienta de venganza política.

Por Miguel Loayza (JV)

Alrededor de 70 mil agremiados del Colegio de Abogados de Lima (CAL) elegirán este sábado al nuevo decano de la institución. Si bien el proceso ha pasado casi desapercibido ante la opinión pública, en los últimos días son cada vez más los miembros del CAL y abogados en general preocupados por el futuro del gremio.

La investigación fiscal por el caso CNMAudios, que involucró al fiscal supremo Pedro Chávarry, demostró que, ante la impunidad imperante en el sistema de justicia, el CAL podía cumplir un rol determinante para sancionar a funcionarios cuestionados. Como se recuerda, durante los días en que el entonces fiscal de la Nación parecía intocable gracias al blindaje de la mayoría congresal fujiaprista, el Consejo de Ética del CAL impulsó una medida cautelar para suspender su colegiatura, debido a que el accionar público de Chávarry transgredía el código de ética del abogado. El caso fue considerado crucial por el mismo Chávarry, pues la suspensión de su colegiatura podía derivar en su separación del cargo, según la Ley de Carrera Fiscal.

Hoy la atención en el CAL se centra en quién será el o la reemplazante de la actual decana, María Elena Portocarrero. El temor general es que el gremio pueda ser instrumentalizado como arma política por la nueva junta directiva. Y la preocupación llega a niveles alarmantes ante la noticia de que una de las listas con mayores posibilidades es la del exjuez Javier Villa Stein, quien emprende esta travesía acompañado por abogados con un llamativo historial, y quienes a su vez tienen algunos vínculos con personajes involucrados en los casos Lavajato y CNMAudios.

Villa Stein a la carga

La trayectoria pública de Villa Stein, expresidente del Poder Judicial, se ha caracterizado por hechos que van desde lo polémico hasta lo cuestionable. Basta mencionar algunas de sus más célebres sentencias durante su paso por la Corte Suprema. Por ejemplo, la que absolvió a Alberto Fujimori del delito de peculado por el caso de los “Diarios chicha”, por el que el expresidente había sido condenado en el 2015 a ochos años de cárcel. Por entonces, la Sala Penal Permanente que presidía Villa Stein estaba también conformada por el tristemente célebre César Hinostroza, hoy sindicado por el Ministerio Público como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta no fue la única sentencia cuestionada emitida por aquella sala. Quizás una de las más recordadas fue la que absolvió en el 2016 a Elsa Cjuno Huillca del delito de trata de personas. El caso involucró a una menor de catorce años que fue captada y llevada a La Pampa, corazón de la actividad minera ilegal en Madre de Dios, para ejercer labores de dama de compañía. De acuerdo a los especialistas, el fallo sentó una jurisprudencia nefasta sobre un caso tan sensible como la trata de personas.

La protesta de la sociedad civil ante aquella sentencia motivó el inicio de una investigación preliminar en el hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin embargo, gracias a los votos a favor de Guido Aguila, Orlando Velásquez, Baltazar Morales y Hebert Marcelo, así como las abstenciones de Julio Gutiérrez e Iván Noguera, la investigación cayó en saco roto en agosto del 2017. Por entonces, Villa Stein ya había renunciado al Poder Judicial.

Su retiro como juez no impidió que Villa Stein conservara algunas buenas relaciones. En agosto del año pasado, en el momento más álgido del caso CNMAudios, fue revelada una conversación entre César Hinostroza y su asistente Nuria Ríos, en la que esta le comunica que “el doctor Villa Stein, Samuel Winter, el doctor Polanco y la doctora Milagritos” estaban esperándolo. Winter había sido condenado a cinco años de prisión por haber recibido $ 2 millones de Vladimiro Montesinos en los noventa. En el 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada entre otros por Villa Stein e Hinostroza, libró a Winter de pagar $ 4 millones de reparación civil al Estado, pese a la queja de la Procuraduría Anticorrupción.

Consultado sobre la visita, Villa Stein sostuvo que el motivo había sido conversar sobre una sentencia que involucraba a un cliente suyo. Aseguró que el encuentro con Winter -quien se había visto beneficiado por la sentencia que firmó con Hinostroza menos de dos años antes- fue solo una coincidencia.

En los últimos meses, Villa Stein no ha tenido reparos en mostrar una posición extrema sobre los temas más controversiales. Por ejemplo, a poco de iniciado el destape de los CNMAudios, y después de que el presidente de la República propusiera una comisión de reforma judicial, Villa Stein acusó a Vizcarra de estar sometido al “poder fáctico y golpista caviar”. Asimismo, “advirtió” que podía llegar “un pronunciamiento cívico-militar”.

El exsupremo, como no podía ser de otra manera, se ha manifestado de manera furibunda y reiterada en contra de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. De hecho, es abogado de Gonzalo Monteverde -prófugo de la justicia e investigado por lavado de activos en el caso Odebrecht- en una denuncia contra José Domingo Pérez por presunto prevaricato. En los últimos días, según citan algunos medios de comunicación, Villa Stein ha manifestado que su intención es enfrentar desde el CAL al “golpe de estado” de Vizcarra.

La incombustible Ruth Monge

Junto a Villa Stein llegaría al CAL otro personaje ampliamente conocido en el sistema judicial: Ruth Monge Guillergua, consejera suplente del CNM desde el 2015 hasta la desaparición del organismo. Muchos años antes de ello, forjó una próspera carrera en el sector privado como asesora legal de Aerocontinente, recordada empresa de Fernando Zevallos, condenado por narcotráfico. El vínculo, que se prolongó desde 1997 hasta el 2004, fue revelado por El Comercio en el 2006, y le valió a Monge ser investigada por la OCMA como presunto nexo entre el recordado “Lunarejo” y la judicatura. De acuerdo al informe periodístico, unos correos electrónicos hallados por la Policía en la computadora de la secretaria de Lupe Zevallos -hermana de Fernando- revelaron que Monge ofrecía pasajes aéreos a jueces para asegurar sus favores. A fines del 2005, cuando el caso ya era conocido por las autoridades judiciales, Monge renunció a su cargo de jueza especializada suplente, en el que había sido nombrada apenas meses antes. Fue casi un debut y despedida.

Monge es parte de una red familiar con amplios nexos legales y políticos. Está casada con Moisés Tambini Ávila, hijo de Moisés Tambini del Valle, conocido militante aprista y viejo amigo de Alan García. La cuñada de Monge, Mónica Tambini, fue notaria de Aerocontinente y es esposa de Alberto Kouri, protagonista del legendario primer “Vladivideo”.

En el 2009, poco después de que Villa Stein juramentara como presidente del Poder Judicial, fue consultado sobre la presencia de Monge y otros cuestionados personajes en su entorno más cercano. De acuerdo a lo reportado por El Comercio en aquel entonces, Villa Stein se limitó a responder: “[…] No conozco nada que los inhabilite. Ser abogado de Satanás no es delito, que yo sepa. Eso no los convierte en malas personas”.

La afirmación puede ser cierta. Tampoco te convierte en mala persona el aparecer en una foto compartiendo un amigable ágape con personajes como César Hinostroza, pero el dato es un elemento a tener en cuenta al momento de rastrear conexiones.

En la fotografía difundida a mediados del año pasado posan risueños, además de Monge e Hinostroza, el hoy juez supremo Ángel Romero y otro compañero de Villa Stein en su carrera al CAL: Máximo Herrera Bonilla.

Máximo Herrera, colega y defensor

Consejero titular del CNM entre el 2011 y 2016, Herrera Bonilla ostenta una carrera judicial que se remonta a los años ochenta. Tal como señaló Justicia Viva en la publicación Paren la farsa, trabajó para el Ministerio Público entre 1983 y 1988, colaboró con la Contraloría General de la República entre 1988 y 1992, fue procurador del Estado de Provías y proveedor en el 2010.

En su momento mucho se habló sobre su elección como representante de la Fiscalía ante el CNM. Según informaron diversos medios, Herrera fue elegido gracias a los votos de tres fiscales supremos que en algún momento ejercieron el cargo de Fiscal de la Nación: José Peláez Bardales, Carlos Ramos Heredia y Pedro Gonzalo Chávarry.

El historial de Herrera Bonilla como consejero tuvo un punto de quiebre con el resonado caso “La Cúpula”. El 17 de diciembre del 2014, el entonces vicepresidente del CNM fue fotografiado junto a Fidel Castro Chirinos, fiscal provincial que por entonces participaba en un concurso vigente para ser fiscal superior titular de Crimen Organizado. El encuentro se dio en el restaurante “La Cúpula”, del Hotel Sheraton. A pesar de la gravedad del caso, el CNM no removió a Herrera Bonilla. La investigación se dilató en el Congreso y el consejero pudo terminar su período en febrero del 2016.

En las últimas semanas, Herrera ha recobrado cierta notoriedad por su participación en un caso ampliamente mediático: el de los llamados “árbitros de Odebrecht”. El 29 de octubre, durante la audiencia en la que se evaluó la prisión preventiva contra un grupo de abogados acusados de haber favorecido a Odebrecht en arbitrajes contra el Estado, Herrera Bonilla fue visto sentado con su medalla de abogado defensor al lado de Luis Pardo Narváez. Pardo, uno de los árbitros que falló más veces a favor de Odebrecht según un informe de IDL-Reporteros, es acusado por la Fiscalía de haber recibido $ 40 mil dólares a cambio de fallos favorables. Como se recuerda, el 4 de noviembre el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pardo, medida que fue confirmada hace un par de días.

Podría pensarse que la relación entre Herrera y Pardo no es meramente contractual. En años anteriores, ambos fueron colegas en diversos procedimientos arbitrales.

En el 2009, por ejemplo, Herrera y Pardo formaron parte del tribunal arbitral en la controversia planteada por el Consorcio Huanta contra el Gobierno Regional de Junín, por la Obra de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado Huamanmarca Chanchas. Poco después, volvieron a coincidir en el tribunal arbitral de la controversia iniciada por el Consorcio Gran Chimú, también contra la gobernación de Junín.

Como se sabe, en un procedimiento arbitral, los árbitros de las partes eligen por acuerdo al presidente del tribunal. En el 2010, en el marco del procedimiento iniciado por “Centro Móvil Tumbes E.I.R.L” contra el “Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes”, los árbitros Luis Pardo Narváez y José Carlos Arroyo Reyes eligieron como presidente del tribunal a Máximo Herrera Bonilla. Poco después, Herrera renunció al encargo y fue reemplazado por Ernesto Valverde Vilela.

Años después, en diciembre del 2016, en la controversia entre el Consorcio Vial Antares y Provías Descentralizado, los árbitros Máximo Herrera Bonilla y Diana Coci Otoya eligieron como presidente del tribunal a Luis Pardo Narváez.

Evidentemente, nada de esto tiene por qué descalificar la trayectoria profesional de Herrera Bonilla, pero el dato es importante para conocer los antecedentes de quienes podrían conformar la nueva junta directiva del CAL.

Por ahora, la jornada electoral es precedida por un clima de incertidumbre. Hace una semana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) envió una carta al Comité Electoral para informar que no brindará asistencia técnica este sábado, debido a una serie de controversias judiciales que se han desarrollado al interior del CAL. Tales controversias se originaron por la exclusión del exdirector del Consejo de Ética, Walter Ayala Gonzáles, de la carrera al decanato. En una Asamblea Ordinaria del 30 de octubre, el CAL destituyó a la presidenta y secretaria del Comité Electoral por realizar una interpretación supuestamente errónea del estatuto y admitir la candidatura de Ayala. Poco después, el 11 de noviembre, Ayala fue excluido del proceso. Todo ello fue revertido por una medida cautelar emitida por el Poder Judicial el 18 de noviembre.

Son horas decisivas para el Colegio de Abogados, institución que aún podría desempeñar un rol importante en la lucha anticorrupción. En los próximos días se conocerá la ruta elegida por los agremiados.