Candidatos al TC bajo la lupa
Pese a todos los cuestionamientos y denuncias, la mayoría fujimorista y sus aliados en el Congreso pretenden elegir el lunes 30 a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Once son los nombres propuestos en un proceso ya deslegitimado. En este y posteriores artículos, Justicia Viva presentará los aspectos más relevantes de la trayectoria de algunos candidatos.
Por Justicia Viva
En estos días, los esfuerzos del Congreso parecen concentrarse en la elección de los seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), institución que podría ser clave para definir, llegado el momento, el debate entre el Gobierno y el Congreso en torno al proyecto de adelanto de elecciones.
Conocida la lista de los once candidatos propuestos por las bancadas que conforman esta comisión, todo parece indicar que las acciones de algunos congresistas están orientadas, más que a asegurar la idoneidad de los futuros magistrados, a asegurar cuotas de poder en uno de los más importantes órganos del sistema de justicia.
Entre los voceados, uno de los nombres más llamativos es definitivamente el de Ernesto Álvarez Miranda, propuesto -según El Comercio- por la coalición de las bancadas Cambio 21, Contigo y Acción Republicana. Álvarez, quien ya fue magistrado del Tribunal Constitucional entre el 2007 y 2014 -y su presidente entre el 2012 y 2013-, es actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y columnista del diario Expreso.
A través del controvertido diario, Álvarez ha esgrimido reiteradamente argumentos en contra del proyecto de adelanto de elecciones. En ocasiones, a través de furibundas líneas contra el principal promotor de las reformas, el presidente Martín Vizcarra:
“[Vizcarra] ha apostado el destino de la República a la derrota de sus “enemigos”, ha debilitado la institucionalidad con las antojadizas interpretaciones que un par de audaces académicos de izquierda le han vendido. Con el respaldo interesado de los odebrechistas amenaza quebrar el régimen constitucional adelantando las elecciones generales para ser él, con la oculta batucada de Palacio, quienes coloquen al nuevo presidente y, de paso, completen el sometimiento de la administración de justicia al poder político, perpetuando la ruina de sus opositores y la impunidad para sus aliados”. (20 de agosto)
Y como estas, varias. De ser cierto, entonces, que una de las alternativas contempladas por el fujimorismo y aprismo (y bancadas afines) es llevar una eventual cuestión de confianza sobre el adelanto de elecciones al TC, Álvarez Miranda parece una apuesta segura. Pero no es solo su postura sobre este tema la que le acarrearía simpatías entre fujimoristas y apristas.
El 16 de octubre del año pasado, luego de que el Poder Judicial dispusiera la detención preliminar de Keiko Fujimori en el marco de la investigación fiscal por los aportes a su campaña del 2011, Álvarez escribió:
“[…] los antifujimoristas cargaron contra Keiko logrando meterla en la cárcel por aportes efectuados a su partido, sin que hubiese gobernado ni una municipalidad provincial y sin tener en cuenta los fundamentos de la actual jurisprudencia constitucional, nítidamente contraria a la prisión preventiva. El fujimorismo entero ha sido notificado que el odio no diferencia entre Alberto, Keiko o Kenji, la intención es destruirlos como movimiento […]”.
Otra curiosa columna fue la dedicada el 23 de abril a la memoria de Alan García, luego de su suicidio:
“[…] se entiende que Alan García, un aficionado a la historia y lector de la filosofía oriental, haya decidido no someterse al profundo odio de sus enemigos, manchándoles con su propia sangre, obsequiándoles su cadáver en lugar de exhibirse encadenado al carro de la ONG de moda. Con su partida ha dejado abierto un interesante espacio político que deberán aprovechar aquellos que decidan no rendirse ante la aplanadora izquierdista, constituyendo una alternativa válida para los ciudadanos que aún creen en el Estado de Derecho”.
Hasta este punto, podría decirse que la postura personal de Álvarez sobre diversos temas no deben interferir necesariamente en su labor como magistrado. Pero, como ya se advirtió, Álvarez Miranda ya ha tenido un largo paso por el TC, y sobre su desempeño en este período ha habido también cuestionamientos.
Polémicas sentencias
Durante su gestión como magistrado, Álvarez Miranda firmó sentencias que en su momento fueron, por decir lo menos, severamente discutidas. Una de las más importantes involucró al hoy extraditable César Hinostroza, sindicado por el Ministerio Público como líder de la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El 14 de abril del 2014, Ernesto Álvarez, junto con Carlos Mesía Ramírez (exmilitante aprista y célebre hoy por la frase “al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna”), Gerardo Eto Cruz y Juan Vergara Gotelli, firmaron la sentencia mediante la cual el TC, fuera del ámbito de sus atribuciones, ordenó al entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrar a Hinostroza Pariachi fiscal supremo, en el marco de la convocatoria 002-2010-SN/VCNM.
En aquel concurso Hinostroza ocupó el primer lugar en el cuadro de méritos, pero no consiguió los votos necesarios en el Pleno del CNM -presidido por Pablo Talavera Elguera- para ser nombrado, requisito establecido entonces en el artículo 154 de la Constitución. Los consejeros del CNM que se resistían a darle su voto tomaron en cuenta los múltiples cuestionamientos que por entonces Hinostroza ya afrontaba, como la no declaración de un bien conyugal en Miami, controvertidos fallos en casos de derechos humanos, entre otros.
En mayo del 2011 Hinostroza, quien meses atrás había terminado su período como presidente de la Corte del Callao, presentó una demanda de amparo contra el CNM, a fin de que se anule el acuerdo del Pleno que resolvió no nombrarlo fiscal supremo. En enero del 2012, el TC, quien ya contaba entre sus filas a Álvarez Miranda y Mesía Ramírez, le dio la razón y ordenó al CNM emitir un nuevo acuerdo, esta vez “debidamente motivado”. En junio del mismo año, los consejeros del CNM insistieron en defender sus fueros y declararon desierta la plaza de fiscal supremo, al no otorgarle a Hinostroza los votos necesarios.
El toma y daca entre los dos organismos autónomos se prolongó hasta el 2014, cuando Álvarez y demás magistrados del TC pretendieron ordenar al CNM nombrar a Hinostroza. El caso apresuró la elección por parte del Congreso de un nuevo TC. Ese mismo año, los nuevos magistrados revocaron la anterior sentencia, pues implicaba una evidente interferencia en las atribuciones del CNM, y frustró así -temporalmente- las pretensiones de Hinostroza.
Casos del exviceministro aprista y el alcalde de Chiclayo
En noviembre del 2013, a pocos meses de su salida del TC, Ernesto Álvarez, Fernando Calle Hayen y Juan Vergara Gotelli dispusieron la liberación de Gerardo Leonidas Castro Rojas, ex viceministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García. El 21 de diciembre del 2011, Castro Rojas fue condenado a cinco años de prisión por haber entregado dinero a un funcionario del Ministerio de Producción, a fin de agilizar trámites administrativos relacionados a la cuota en la pesca de anchoveta.
En el fallo, que en su momento fue catalogado de “polémico”, los magistrados del TC se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, procedieron como un juzgado penal y valoraron elementos probatorios. Tal como señalaron diversos constitucionalistas en relación a aquel caso, el TC debía limitarse verificar que no se hubieran violado derechos fundamentales en el proceso penal.
Otro caso que provocó aún más extrañeza fue el del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, quien había sido condenado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a dos años de prisión por el delito de peculado de uso. En una rápida sentencia, Álvarez Miranda, Fernando Calle, Carlos Mesía y Gerardo Eto Cruz votaron a favor de anular la condena contra Torres. De una manera similar al caso de Castro Rojas, los magistrados del TC incurrieron en la valoración de pruebas, acción impropia en la justicia constitucional.
La sentencia del caso Roberto Torres dio lugar a una investigación interna dentro del Tribunal Constitucional para identificar posibles irregularidades, y se vio también enturbiada por una investigación del Ministerio Público sobre presuntos sobornos al magistrado Gerardo Eto.
Los crímenes de El Frontón
El 3 de marzo del 2009, un grupo de marinos procesados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el penal “El Frontón”, el 19 de junio de 1986, presentaron una demanda de hábeas corpus para que se declaren prescritos los delitos. El 14 de junio del 2013, los magistrados del TC rechazaron la prescripción de los cargos, pero añadieron una observación que no era necesaria para resolver la demanda: que los asesinatos de El Frontón, que se dieron lugar durante el primer gobierno de Alan García, no eran delitos de lesa humanidad.
En la sentencia, los magistrados “entienden” que lo sucedido en El Frontón no fue provocado por el Estado, sino por los internos amotinados, y que “el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden, y como resultado de decisiones y acciones tornadas [sic] durante el desarrollo de los hechos”.
Este punto de la sentencia, en suma, libraba de responsabilidad a altos funcionarios del primer gobierno aprista, incluidos, claro está, al expresidente y ministros. La opinión de los juristas fue casi unánime: el TC había incluido en su fallo una observación que estaba fuera de sus competencias.
La sentencia se dio en un contexto preciso: dos meses atrás se había iniciado el juicio oral contra Agustín Mantilla por los crímenes del Comando Rodrigo Franco; a fin de año, debía iniciarse el juicio oral por los crímenes de El Frontón; y en los siguientes meses estaba previsto el inicio del juicio oral por la matanza de campesinos en Cayara. Es decir, llegó cuando tres de los más graves casos de crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García estaban por entrar a instancias finales.
Si bien García no había sido acusado en ninguno de los procesos, la sentencia fue interpretada, por algunos, como una suerte de “absolución histórica” del primer gobierno aprista.
