Carta abierta del IDL a los rectores que elegirán a sus representantes ante la Comisión Especial que nombrará a la Junta Nacional de Justicia

Por la reivindicación de las universidades con el país frente a la elección de jueces y fiscales

En representación del Instituto de Defensa Legal (IDL), nos dirigimos a ustedes rectores que, por representar a las universidades públicas y privadas que cuenten con más de 50 años de antigüedad y estar ya licenciadas, deberán elegir, respectivamente, este viernes 1 de marzo, a sus dos representantes ante la denominada Comisión Especial. Comisión integrada también por cinco altas autoridades: el Defensor del Pueblo, los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación y el contralor general.

Una Comisión Especial cuya misión es elegir por primera vez en la historia del país, vía concurso público, a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, la que definirá, finalmente, quiénes serán los jueces y fiscales que cotidianamente decidirán los grandes casos de corrupción, como Lava Jato o Lava Juez, pero también los casos de violencia contra la mujer, delincuencia común, defensa de derechos y libertades y diversos tipos de controversias (socioambientales, laborales, familiares, contractuales, de propiedad, entre otras).

Es decir, ustedes elegirán a dos de los siete miembros que –bastando cinco votos– elegirán a su vez a los siete integrantes de uno de los órganos más poderosos del Estado, la Junta Nacional de Justicia, pues esta tendrá el poder de elegir a todos los jueces y fiscales, evaluarlos y ratificarlos periódicamente, además de sancionarlos cuando lo decidan. También revisarán las miles de decisiones adoptadas por el removido Consejo Nacional de la Magistratura, y nombrarán y podrán destituir a los jefes de la ONPE y la RENIEC.

Ustedes tienen hoy la oportunidad de reivindicar a las universidades del país respecto a esta materia, ya que estas fueron en parte responsables de la pésima experiencia con el Consejo Nacional de la Magistratura, al permitir que las peores universidades impusieran a sus candidatos durante años. En realidad, podría ser la reivindicación de toda la sociedad civil, ya que los rectores elegidos serán los únicos dos integrantes de la Comisión Especial que no son funcionarios públicos.

Todo el país espera que esta vez los elegidos por los rectores sean de primer nivel. El hecho de que ahora no voten los rectores de todas las universidades, como en el pasado, sino solo las que cumplen con los requisitos mencionados (antigüedad y licenciamiento), favorece esta posibilidad, pero no la asegura.

En este reducido grupo de rectores (nueve de universidades públicas y ocho de universidades privadas), hay sin duda excelentes candidatos, pero también hay otros que no reúnen los mínimos requisitos, por lo que sería muy dañino para el país que pasaran a integrar la Junta. De ahí la importancia de la batalla que tendrán que dar los buenos rectores para lograr una óptima elección.

Los dos rectores elegidos deben ser, en primer lugar, impecables en términos de honestidad; no debe haber la menor duda al respecto. Deben ser capaces de asumir en la Comisión una posición independiente frente a intereses políticos, económicos, ideológicos o institucionales. Es indispensable, asimismo, que hayan tenido una trayectoria comprometida con la defensa de la democracia, así como de los derechos y libertades de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación o exclusión.

Deben ser personas indignadas con la corrupción generalizada que se está descubriendo en el sistema de justicia del país y que, por tanto, tengan la voluntad de elegir a personas dispuestas a enfrentarse a esta corrupción, y a introducir los cambios necesarios para sacar a los malos magistrados, y defender y promover a los buenos. Sobre todo porque de la calidad de nuestro sistema de justicia dependerá en gran parte los éxitos en la lucha contra la corrupción en general, la principal demanda ciudadana.

El voto de cada de ustedes, por mandato de la ley, ahora deberá ser público y motivado. De esa manera todos en el país conocerán cómo y por qué votó cada quien, lo que es, además, una gran oportunidad para marcar y deslindar posiciones.

Votar con responsabilidad implica exigir previamente que se identifique candidatos, que cada uno exponga sus motivaciones y planes, que todos puedan formular preguntas y cuestionamientos, y todo esto hecho de manera transparente, de cara al país.

Los rectores que se integren a la Junta, cada vez que voten, deberán hacerlo también de manera pública y motivada, por lo que permanentemente se recordará, para bien o para mal, a los rectores que posibilitaron su elección.

No se trata de votar solo por cumplir con la ley, sino de hacerlo con extrema responsabilidad, con conciencia de lo que está en juego y del contexto especial que vive el país, con una actitud proactiva para respaldar al que se lo merece y oponerse abiertamente al que constituiría un verdadero peligro en caso de integrar la Junta.

El compromiso de los rectores de nuestras mejores universidades con la justicia y con la lucha contra la corrupción es lo que esperamos los peruanos.

Lima, 26 de febrero 2019.