Casi una década de lucha: en abril, familias de líderes asháninkas asesinados podrían conseguir justicia por caso Saweto

Casi una década de lucha: en abril, familias de líderes asháninkas asesinados podrían conseguir justicia por caso Saweto

El último viernes 15 de marzo, en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, ubicada en Pucallpa, se realizó una audiencia por el caso Saweto, en la que la Fiscalía presentó sus alegatos finales y reiteró su pedido de 35 años de cárcel para los responsables del asesinato de los cuatro líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Rios, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, ocurrido en setiembre de 2014. Al mismo tiempo, familias de las víctimas realizaban un plantón en los exteriores de la corte para exigir justicia luego de casi una década del crimen.

El caso genera especial indignación después de que una sentencia en primera instancia, que condenaba a 28 años y tres meses de prisión a los autores del crimen, fuera anulada en agosto de 2023 por la Sala de Apelaciones de Ucayali. Los investigados son los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como autores mediatos de homicidio calificado; y Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores.

Plantón para exigir justicia

Por la tarde del último viernes, familiares de las víctimas y organizaciones indígenas decidieron protestar en las calles de Pucallpa, en un recorrido desde la plaza de Armas hasta el frontis de la sede judicial, para denunciar que la justicia les ha sido esquiva durante más de nueve años. “Permitir una injusticia es abrir el camino a todas las que siguen. ¡Justicia para los defensores!”, decía una pancarta de las manifestantes. “Ya no maten a nuestros líderes”, se leía en otra.

Entre las organizaciones que promovieron la movilización, están la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas Asheninkas de Alto Tamaya (ACONAMAC) y la Organización de Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali (OJIRU).

Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, participó en la manifestación y dio a conocer sus inquietudes luego de que la sentencia en primera instancia fuera anulada. “Estamos preocupados. No queremos que (el fallo) quede como ha quedado la última vez. Llevamos 10 años esperando y estamos hasta ahorita”, declaró al medio La Voz Ucayalina.

En la audiencia, la fiscal Vannie Robles Sajami presentó los alegatos finales que sustentan el pedido de la pena máxima por parte del Ministerio Público. Se supo, finalmente, que el próximo 11 de abril el Poder Judicial dictará la sentencia de este emblemático caso, que refleja la impunidad y la violencia a la que están expuestos defensores indígenas de derechos humanos.

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