Caso de las 10 mil hectáreas en Catacaos: ¿qué ha pasado a un mes de presentar la demanda de amparo?

Caso de las 10 mil hectáreas en Catacaos: ¿qué ha pasado a un mes de presentar la demanda de amparo?

 

Hace aproximadamente un mes, la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos (en adelante CCSJBC), a través de la Comisión de Defensa de la Comunidad y sus dirigentes, presentó una demanda de amparo para la restitución de alrededor de 10 mil hectáreas adjudicadas de manera fraudulenta, en el año 1998, durante la dirigencia de Eugenio Pasache, entonces presidente de la CCSJBC. Además, solicitaron que el Gobierno Regional de Piura titule integralmente el territorio comunal. A la fecha, se espera que el Poder Judicial de Piura la admita a trámite y emplace a los demandados.

 

“Esperamos que el Poder Judicial no tenga dilaciones en este caso. Nosotros seguimos en angustias, pues siguen habiendo presiones por parte de las empresas y queremos saber cómo se traspasaron esos territorios a su favor, porque eso nos genera muchos conflictos. Necesitamos que se esclarezca porque se continúan talando nuestros algarrobos y zapotes., debilitando nuestro bosque seco y afectando las actividades pastoreo”.
—Luis Inga, presidente de la Comisión de Defensa de la CCSJBC.

 

Mientras tanto, el Instituto de Defensa Legal (IDL), junto con la Comisión de Defensa de la Comunidad, viene realizando talleres de sensibilización en torno a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. «Esto ha permitido que los comuneros y comuneras tengan un espacio de diálogo en relación con su pasado común: la cultura Tallán. Dando cuenta que aún perduran prácticas ancestrales que los convierten en auténticos herederos de sus tierras, cultura y territorio», menciona Pável Labán, abogado del IDL.

Además, se continúa socializando la demanda con la finalidad de que toda la población que habita la margen izquierda de la Panamericana tenga conocimiento de los derechos afectados y puedan absolver las dudas respecto a los procesos constitucionales y sus efectos, en el marco del Convenio N.° 169 de la OIT y nuestra Constitución Política.

 

Durante las reuniones, surgió la idea de un “Gran Congreso Campesino”, que convoque a todos los pueblos afectados. Foto: Pável Labán

 

El pasado 16 de marzo, gracias al apoyo de Segundo Yovera, alcalde delegado de la Municipalidad de Almirante Grau, se pudo concretar una reunión con los tenientes de los pueblos de la margen izquierda, quienes son los afectados directos de la problemática de las 10 mil hectáreas. Ellos acordaron que era necesario seguir desarrollando estos talleres, se comprometieron a sumar esfuerzos para difundir estos espacios formativos y solicitaron al equipo técnico del IDL que sean replicados en cada uno de sus pueblos.

Tras ello, el domingo 23 de marzo, tomando en cuenta la propuesta de los tenientes, se realizó una reunión con el pueblo de San Antonio. Como resultado, surgió la idea de organizar, en un futuro cercano, un “Gran Congreso Campesino”, que convoque a todos los pueblos afectados, pero que sea también un espacio abierto para que la gran masa comunal se congregue en torno a temáticas como derechos humanos, territorio, despojo, cultura, criminalización y otros. Se espera que este evento cuente también con la participación de autoridades del Estado, Iglesia y de las organizaciones civiles que trabajan en pro de la CCSJCB.

 

Comuneros coinciden en la necesidad de caminar juntos contra el despojo sistemático de sus territorios, frente a la inacción del Estado. Foto: Pável Labán

 

“Dichos congresos se realizaban entre los años 80 y 90, cuando aún la gloriosa CCSJBC no se había polarizado y existía un clima saludable en la dirigencia, que nos hacía sentir un espíritu comunal y de unidad”, comentó al respecto Santos Inga Anastacio, comunero que habita en el pueblo de San Antonio.

Finalmente, los asistentes a los diversos espacios de diálogo y socialización de la demanda coinciden en la urgente necesidad de caminar juntos contra ese despojo sistemático que tiene como principal consecuencia la criminalización, frente a la inacción del Estado y sus operadores de justicia. La demanda de las 10 mil hectáreas supone una esperanza para la CCSJBC y claudicar no representa una opción. Mientras tanto, la Comunidad emprende otra lucha por recuperar ese espíritu comunitario del que gozaron en tiempos pasados.

 

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