Caso Lucmahuaycco : la impunidad (2da parte)
¿Qué pasó hace 41 años en Lucmahuaycco, uno de los nueve anexos de la comunidad campesina Incahuasi, ubicada en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, en el Cusco? En el mes de mayo de ese año, Sendero Luminoso ingresó al caserío. Según la CVR: “La mayoría de los pobladores rehuía la idea de participar en las actividades subversivas, pero los representantes de el PCP-SL los forzaban a asistir a sus asambleas y escuchar sus propuestas, llegando al extremo de ejecutar a algunos que se negaron a someterse a su mandato”.
Meses después hubo dos intervenciones de las fuerzas del orden : la primera fue en setiembre 1984. Debido a denuncias de ronderos de Incahuasi, el alto mando de base militar de Andahuylas Roque Panqui Salaverry Pereyra, los tenientes Valdez y Figueroa, y 20 efectivos del Ejército salieron de esa base, llegaron a Apaya y de ahí entraron en Lucmahuaycco. Hubo matanzas y desapariciones. El hecho se investigó primero en la Fiscalía de La Convención.
La segunda intervención fue el 26 de noviembre 1984. Veinte efectivos de la ex Guardia Civil de la 44 Comandancia de Quillabamba, La Convención, en Cusco, nuevamente recibieron denuncias de autoridades de Incahuasi sobre la presencia de SL en Lucmahuaycco. Llegaron los policías acompañados de ronderos y asesinaron a más de 30 comuneros. Hubo testigos que escucharon los disparos y vieron que los policías regresaron solos. Además, detuvieron a 27 pobladores que intentaban huir, entre los que había dos menores de edad, cinco adultos mayores y varias mujeres. Ellos habían sido secuestrados por Sendero Luminoso y llevados a Cacahupampa para servir a los subversivos. Se los llevaron caminando desde Cacahupampa hasta la comisaría de Quillabamba. “Se les acusó por terrorismo en contra del Estado sin que el fiscal esté presente en las audiencias. Fueron interrogados por el jefe de inteligencia de la 44 Comandancia, apellidado Estrada, que había participado en el operativo.No hubo abogado; tampoco intérprete, a pesar de que los pobladores eran quechuahablantes y analfabetos. Se les investigó, procesó y absolvió por del delito de terrorismo”, sostiene Juan José Quispe, abogado de las víctimas.
Transcurrieron casi 18 años. El caso salió publicado en el Informe Final de la CVR. Antes de eso, la ONG CEMIA, que realizó el trabajo forense en el lugar, desenterró cuerpos en Lucmahuaycco y otros anexos. No se hicieron pruebas de ADN. En el año 2003 la Comisión de la Verdad envió al Ministerio Público este caso para que se investigue y sea judicializado. El abogado del IDL enfatiza: “Durante la investigación la PNP y las FFAA pusieron trabas para dar la información. Existe la Orden #58 de la Guardia Civil, que da cuenta del operativo en Lucmahuaycco , y están escritos los nombres de los 20 policías . Al capitán Sandor Salas y a los policías que estaban a sus órdenes se les reconoció por su heroica acción de enfrentarse a SL , detener a 27 terroristas e incautar material subversivo. Hubo un plan operativo llamado Patrulla Móvil que fue diseñado por la Policía, y el Ejército los apoyó con una radio de largo alcance y armas. Es falsa la versión de los policías de es que ellos se enfrentaron a Sendero Luminoso. Lo que hicieron es capturar a pobladores, eliminarlos y llevarse a 27 personas inocentes que, más bien, habían sido secuestrados por SL”.
Diez años después, el 2013, se inició el juicio en la Sala Penal Nacional, en Lima. El IDL participó en la defensa de Paulo Alarcón y Juan Azpur, y luego asumió la defensa de los 35 agraviados. El juicio oral acabó en 2014 con la absolución de 20 policías, 12 ronderos y cinco militares por insuficiencia de pruebas. Juan José Quispe acota: “No se identificaron a las víctimas con nombre y apellido en cada una de las localidades. Se registraron los nombres, pero no completos. No se hizo la prueba de ADN y tampoco hubo peritaje antropológico. Solo se escucharon los testimonios de los familiares. No se tomaron en cuenta los informes de los testigos que reconocieron a los militares”.
La Fiscalía y el IDL interpusieron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Esta lo acepta, declara nula la absolución y ordena un nuevo juicio. Pero además deja una indicación muy precisa para que sea tomada en cuenta por el nuevo tribunal: se deben realizar pruebas de ADN y/o pericias antropológicas para determinar la vinculación de los familiares con los restos encontrados. También se debe hacer la medición de las distancias entre los diferentes anexos para calcular los tiempos que toma ir de un lugar a otro.
Se inició un nuevo juicio contra militares y policías de la 44 Comandancia de Quillabamba. Es importante hacer hincapié en que el tribunal no siguó las indicaciones de la Corte Suprema: no pidió las pruebas de ADN.Una precisión sobre este punto: a veces esa prueba no se puede hacer porque hay víctimas que no tienen familiares directos. En ese caso, se requiere el testimonio de los peritos antropológicos. Las pericias antropológicas son pruebas validadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su efectividad es del 755 AL 85%.
“Se basaron en las declaraciones de los 27 comuneros en la 44 Comandancia de Quillabamba que no tienen valor probatorio porque no hubo intérprete, siendo los interrogados quechuahablantes y analfabetos, y porque fueron interrogados por el jefe de inteligencia que participó del operativo. El fiscal no debió aceptar eso. Según esas declaraciones inválidas, no se puede demostrar que los militares estuvieron en el lugar. Desgraciadamente, el jefe del operativo llamado Roque Panqui Salaverry Pereyra ya ha fallecido, y no pudo volver a declarar. Se debe decir que ya son muchos los fallecidos en este caso”, puntualiza el abogado.
El IDL ha vuelto a recusar a la Sala por no haber seguido las indicaciones de la Corte Suprema. Piden la nulidad de este segundo proceso judicial. Juan José Quispe añade: “Hemos recusado al tribunal porque no ha cumplido con la labor de sancionar y determinar las responsabilidades de los policías y militares que violaron los derechos humanos. Estamos esperando que la Corte Suprema nos responda”.