Caso mina Ariana: Poder Judicial decidirá este viernes sobre la protección del agua para 11 millones de peruanos
Lima, 5 de marzo de 2025. El futuro del agua para más de 11 millones de limeños y chalacos está en juego. Este viernes 7 de marzo, el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia clave para definir el destino del proyecto minero Ariana, ubicado en la cabecera del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín. A pesar de que la justicia ha reconocido que esta mina representa una «amenaza cierta e inminente» para el acceso al agua potable y el derecho a un ambiente equilibrado, el caso aún no está cerrado. Un vocal designado por ley deberá dirimir la discordia y tomar una decisión trascendental.
El pasado 21 de enero, la Primera Sala Constitucional de Lima emitió una resolución histórica en la que tres magistrados confirmaron los peligros que representa el proyecto Ariana. Sin embargo, aún persisten dos debates cruciales: si se deben anular definitivamente las resoluciones del ministerio de Energía y Minas que autorizaron el proyecto, o si solo se suspenderá el inicio de operaciones; y si debe realizarse un peritaje a cargo de entidades independientes e internacionales o si bastará con un Estudio de impacto ambiental (EIA) complementario, a cargo de la empresa y el Estado.
El argumento para la anulación de los permisos es sólido: de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, todo acto administrativo que amenace derechos fundamentales debe declararse nulo. La certificación ambiental es un requisito indispensable para la autorización de cualquier proyecto y, en este caso, ha sido concedida con graves deficiencias. El EIA aprobado no reconoce la importancia del sistema hídrico de Marcapomacocha ni su papel como fuente principal de agua para Lima y Callao en época de estiaje. Además, omite información clave sobre la vulnerabilidad del túnel trasandino, que transporta el agua de la cuenca del Mantaro hacia la cuenca del Rímac. La propia empresa de agua potable Sedapal, así como expertos internacionales y nacionales, han advertido sobre estas omisiones, poniendo en duda la validez de la certificación ambiental otorgada.
Por otro lado, la necesidad de un peritaje independiente se sustenta en la falta de imparcialidad del ministerio de Energía y Minas, que aprobó este estudio de impacto ambiental, pero que tiene la función de promover la inversión minera. La jurisprudencia internacional establece que, en casos de potencial afectación de derechos fundamentales, los estudios ambientales deben ser realizados por organismos independientes. Un peritaje a cargo de una entidad internacional y especializada permitiría determinar si la coexistencia entre la minería y la seguridad hídrica es posible y bajo qué condiciones.
Mientras la incertidumbre persiste, la amenaza sigue latente. La empresa podría continuar con la construcción de sus componentes, generando impactos irreversibles en una de las principales fuentes de agua para Lima y Callao. La ciudadanía debe estar atenta a lo que suceda este viernes, pues la decisión que tome el Poder Judicial marcará un precedente sobre la protección de los recursos hídricos en el país.
En ese sentido, diversos colectivos ciudadanos han anunciado que se harán presentes en los exteriores de la sede judicial para realizar un plantón y hacer sentir su voz de protesta y preocupación ante lo que consideren una grave amenaza para el acceso al agua potable de la capital peruana y la región Callao. Las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos han convocado una concentración en las afueras del Poder Judicial desde las 8:00 am, frente a la sede del Primer Juzgado Constitucional de Lima, edificio Alzamora en el Parque Universitario
El Instituto de Defensa Legal (IDL) y CooperAcción, organizaciones que patrocinan esta demanda, advierten que la prioridad debe ser la seguridad hídrica de millones de peruanos, hacen un llamado a las autoridades para que actúen con responsabilidad y garanticen la protección del derecho fundamental al agua. Asimismo, instan a la sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones sociales y la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes y exigir una resolución que garantice el acceso a este recurso esencial.