Casos no resueltos: El homicidio de escolares y campesinos de la comunidad Raccaya
El abogado Sigfredo Florián, del Área de Defensa Legal del IDL, relata lo ocurrido:
“En 1983 Ayacucho se encontraba en estado de emergencia. El Ejército peruano tenía el control militar y había desplegado diversas bases militares para la lucha contrasubversiva. En el distrito de Canaria se encontraba instalada una base militar cuyo jefe era el capitán Jorge Carcovich Cortelezzi, que estaba al mando de un grupo de militares”.
“El 16 de octubre de ese año, un grupo de senderistas ingresó a la comunidad Raccaya y retuvieron a un número aproximado de 41 personas, entre niños y niñas, jóvenes y adultos; varios de ellos se encontraban en la escuela. Al anochecer los pobladores fueron llevados, en contra de su voluntad, hasta la comunidad de Umasi, que se encuentra a 25 kilómetros de distancia. Caminaron siete horas aproximadamente. Al llegar a Umasi los instalaron en la escuela de la comunidad”.
“Al amanecer del día 17 de octubre, miembros militares de la base contrasubversiva de Canaria rodearon la escuela y dispararon sus armas de fuego. Murieron todas las personas que se encontraban dentro de la escuela. Según testimonios de varios pobladores de Umasi, los varones fueron los primeros en caer, las mujeres fueron desnudadas, violadas y luego asesinadas. Los cuerpos fueron enterrados en tres fosas que obligaron a cavar a algunos testigos de la comunidad. De este trágico episodio lograron escapar dos comuneros de Raccaya que fueron heridos por proyectiles de armas de fuego”.
“Los días 16,17 y 18 de diciembre del 2009 el Instituto de Medicina Legal realizó una primera exhumación de fosas y logró recuperar los restos de 26 personas. La segunda exhumación se realizó los días 25 y 26 de agosto del 2011. Se recuperaron los restos de 15 personas. En total, se recuperaron los restos de 41 personas: cuatro mujeres, 26 varones y hubo once en los que no se pudo determinar el sexo por el deterioro de los restos óseos. Esto se explica porque cerca de las tres fosas había un puquial y la humedad ocasionó que los huesos se dañaran”.
“En el año 2003, la Asociación de Familiares del Caso Raccaya presentó una denuncia al Ministerio Público, a fin de que se investigue y sanciones a los responsables. Pasaron nueve años, hasta que en octubre de 2012, la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho presentó la denuncia penal contra Enrique Millones D’Estafano ( quien falleció en el desarrollo del juicio) y Humberto Bari Orbegozo, acusados de ser los autores mediatos; y contra Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi , acusado de ser el autor directo del delito de asesinato, en agravio de 41 pobladores de Raccaya. El 20 de abril de 2013, el Segundo Juzgado Penal Nacional dispuso abrir proceso penal contra las tres personas antes mencionadas”.
“El 23 de setiembre del 2014 ,en la ciudad de Huamanga, el Ministerio Público procedió a devolver los cuerpos de las personas asesinadas en el caso Raccaya-Umasi. Después de 31 años, los familiares de las víctimas, procedentes de Raccaya, Lima, Chincha, Ica y Palpa, lograron dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Además, en un acto humanitario, el Ministerio Público entregó los restos de las víctimas que no pudieron ser identificados a representantes y autoridades de la comunidad de Raccaya, quienes de acuerdo con sus costumbres los enterraron en el cementerio”.
“El 19 de junio del 2017, la Sala Penal Nacional dio inicio al juicio oral. El 12 de agosto del 2020 ocurrió un hecho inédito en la justicia peruana: el Poder Judicial a través de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior Nacional, en audiencia virtual de juicio oral, recibió el testimonio de la señora Aurora Elizabeth Flores Oré desde su comunidad en Raccaya – Ayacucho utilizando su celular y a través de la plataforma Hangouts Meet By Google, la testigo fue interrogada por el fiscal, por el abogado de la parte civil y los abogados de la defensa técnica de los acusados. Si bien en algunos momentos hubo problemas de señal, esto fue superado y se concluyó con el testimonio. Esta situación se dio por motivo de la pandemia por el Covid 19 y el Poder Judicial ha reiniciado las audiencias de juicio oral por vía virtual”.
“Actualmente se han realizado 94 sesiones de audiencia y se está culminando con la etapa de debate de la prueba documental. En las próximas semanas el Ministerio Publico debe realizar su requisitoria fiscal, los abogados sus alegatos finales y el tribunal quedara expedito de emitir sentencia”.
Fotos y collage: Percy Rojas (tomado del portal Web del EPAF).