CIDH solicitó al Perú medidas de protección para comunidad de Quinto Inuma, defensor asesinado hace 4 meses

CIDH solicitó al Perú medidas de protección para comunidad de Quinto Inuma, defensor asesinado hace 4 meses

El último 25 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a familias de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, región San Martín, en atención a la grave situación que enfrentan por defender sus derechos colectivos frente a actividades ilegales.

A través de la Resolución 13/2024, la CIDH solicitó al Estado peruano adoptar acciones a favor de la seguridad de las familias y de la titulación colectiva de su territorio, en medio de un escenario de riesgo que pone en peligro los derechos fundamentales de la comunidad, cuatro meses después del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, quien era apu de Santa Rosillo de Yanayacu.

Entre las medidas cautelares que solicitó la CIDH para la comunidad, se pide al Estado peruano:

  • Adoptar las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Entre otras cosas, se solicita implementar las medidas que resulten indispensables para garantizar que las personas beneficiarias que se encuentran desplazadas en la ciudad de Tarapoto puedan regresar de manera segura a su comunidad.
  • Concertar las medidas a ser implementadas con las personas beneficiarias y/o sus representantes.
  • Informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.

Asimismo, la CIDH reportó haber recibido información de Perú sobre las acciones de protección que las autoridades han brindado a la comunidad. Sin embargo, el órgano sostuvo: “La implementación de las medidas de protección no ha permitido evitar la continuidad de los eventos de riesgo. El entendimiento anterior se constata con el reciente asesinato de unos de sus dirigentes (Quinto Inuma) en noviembre de 2023”.

 

Varios años de amenazas

Desde hace más de seis años, comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu denuncian amenazas y ataques a su integridad por defender sus territorios. En abril de 2018, a raíz de invasiones de taladores ilegales, comuneros presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín, que se comprometió a visitarlos en tres oportunidades. Sin embargo, nunca cumplió con las visitas.

Ese mismo año, en setiembre, el apu Manuel Inuma denunció haber sido agredido por madereros ilegales que operaban en territorios de la comunidad, según reportó en ese entonces el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

Por desgracia, aquella situación de desprotección se repitió con los años. En febrero de 2021, luego de constantes denuncias, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) otorgó medidas de protección al apu Quinto Inuma. Meses después, al menos tres comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte. Uno de ellos señaló como responsables a taladores ilegales, quienes habrían actuado en represalia por una denuncia presentada por la comunidad contra los implicados en dicha actividad ilícita.

Lo más grave fue que, a pesar de que las autoridades ya manejaban información de la situación, nada se hizo para evitar la trágica muerte de Quinto Inuma, que se produjo el 29 de noviembre de 2023 en el distrito de Huimbayoc, provincia de San Martín. El terrible asesinato del líder kichwa puso de manifiesto la poca efectividad del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos del MINJUSDH.

Por todo ello, además de las garantías para proteger la vida de las familias de la comunidad, la CIDH también requirió al Estado peruano que brinde acompañamiento psicológico a las “personas han estado expuestas a situaciones de riesgo y violencia, como podría ser el asesinato violento de un familiar o líder comunal”.

 

Las medidas cautelares de la CIDH

La CIDH detalla que una medida cautelar es un mecanismo de protección que se solicita a un Estado, con el objetivo de que proteja a una o más personas que estén en una situación urgente de sufrir un daño irreparable, y se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Que el órgano internacional haya aplicado este mecanismo en atención a la situación de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu es especialmente importante porque refleja el nivel de desamparo en que se han encontrado estas familias durante años, frente a la inacción del Estado y la violencia desatada por grupos dedicados a la tala ilegal.

“Debemos señalar que, en el contexto del asesinato del apu Quinto Inuma, un aproximado de más de 20 comuneros están refugiados en la ciudad de Tarapoto y la CIDH ha dado cuenta de la necesidad de que las medidas de protección que se adopten tienen que permitirles volver a su comunidad, y eso también es trascendente para evitar el tema de la pérdida del tejido social en la comunidad y el tema del liderazgo y el trabajo que ellos vienen haciendo a lo largo de estos años para la defensa y reconocimiento de su territorio”, precisó Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

 

Naciones Unidas expresó su preocupación por comunidad

El último 29 de marzo, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la ONU dio a conocer una comunicación que se envió al Gobierno peruano en el mes de enero, en la que expresa su consternación por el asesinato de Quinto Inuma y su preocupación por las familias de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu.

“La comunicación fue enviada al Gobierno del Perú el 17 de enero de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 18 de marzo de 2024”, detallaron en un comunicado.

“Nuestra preocupación se ve agravada por el presunto carácter repetitivo de las amenazas recibidas por el Sr. Inuma Alvarado antes del ataque del 29 de noviembre de 2023, y de la aparente falta de adopción por parte del Estado de medidas adecuadas para proteger al Sr. Alvarado, su familia y la comunidad nativa, a pesar de su conocimiento de la vulnerabilidad de las personas defensoras e indígenas de la zona”, remarcó la relatoría de la ONU en su comunicación.

Asimismo, señalaron que en este caso “se habrían violado numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos consagrados, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Perú el 28 de abril 1978”.

Con todo, urge una respuesta efectiva y rápida de las autoridades para proteger a la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu. La preocupación mostrada por organismos internacionales solo es una respuesta al poco interés de las autoridades locales por proteger a comunidades nativas y detener la violencia de las economías ilegales en sus territorios.

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