“CNMaudios”: el caso más importante de corrupción en el sistema de justicia no puede quedar en la impunidad

“CNMaudios”: el caso más importante de corrupción en el sistema de justicia no puede quedar en la impunidad

Por Instituto de Defensa Legal – IDL

 

En las últimas semanas se ha dado a conocer una reunión llevada a cabo el 2018 entre las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro con el entonces presidente Martín Vizcarra, además de otros señalamientos en contra (incluso, recíprocos); lo que les ha generado la apertura de procedimientos disciplinarios en la Fiscalía de Control Interno, una denuncia penal y el inicio por parte de la Junta Nacional de Justicia de un procedimiento disciplinario inmediato.

El caso “CNMaudios” o “Cuellos Blancos del puerto” es el caso más importante de corrupción y cooptación del sistema de justicia en relación con el poder económico, criminal y político, luego de la dictadura de Alberto Fujimori. Como tal, no solo es de particular complejidad por la cantidad de involucrados e imputaciones, sino porque muchos de los involucrados son magistrados o ex magistrados que han sido relacionados con el poder político vigente. Esto ha ocasionado que existan diversos intentos de obstaculizar y retardar las investigaciones, tanto desde el Congreso de la República como desde los propios investigados.

El Ministerio Público es una institución clave para la justicia, pero presenta problemas al momento de impulsar y apoyar las investigaciones relacionadas a la macrocriminalidad. Esto debido a:

  • la ausencia de una permanente y real voluntad política por parte de actores clave de la institución a lo largo del tiempo (p.e. José Peláez o Carlos Ramos),
  • la azarosa forma de elegir a la Fiscalía de la Nación sin transparencia y sin criterios de mérito,
  • la falta de presupuesto adecuado (la Fiscalía no ha tenido el presupuesto que ha requerido y actualmente cuenta con menos de la tercera parte de lo que necesita),
  • la falta de una política fiscal clara, abierta y participativa que promueva dinámicas internas de fortalecimiento del trabajo en equipo,
  • la falta de una cultura de transparencia y vocería fiscal,
  • la ausencia de dinámicas que promuevan el acompañamiento ciudadano en el desarrollo de las investigaciones y la política de persecución fiscal,
  • la ausencia de garantías reales que protejan política e integralmente a quienes llevan adelante las investigaciones (respecto de actores ajenos y no ajenos a la institución, inclusive), entre otros.

Esta es una situación estructural que se presenta hace mucho tiempo, a pesar de los diversos esfuerzos de reforma del sistema de justicia.  

Es en ese escenario en el que las fiscales Sánchez y Castro iniciaron sus investigaciones y cumplieron su labor de forma valiente, por la que tuvieron el justo reconocimiento y el apoyo social que entre otras cosas, les permitió continuar su trabajo. Recordemos la fragilidad institucional en la que se encontraban: la Fiscalía Suprema de Control Interno estaba dirigida por Víctor Rodríguez Monteza, el fiscal supremo que de acuerdo a las investigaciones fiscales, fue quien dio aviso a los implicados en la red de corrupción de que estaban siendo investigados, y conformaba una mayoría en la Junta de Fiscales Supremos (tres de cinco) junto a Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, frente a la gestión del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Por otro lado, la Fiscalía tenía como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones al fiscal Luis Arce, quien también terminó estando involucrado en la investigación fiscal. En la segunda mitad del 2018, con Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación, había incertidumbre respecto a la continuidad en el cargo de las fiscales Castro y Sánchez, por lo que diversos grupos de la sociedad civil manifestaron su preocupación y su apoyo a éstas. Las fiscales tuvieron un rol importante y determinante para que se inicie y se continúe con la investigación, mérito que debe ser recordado, reconocido y valorado.

Todo lo expuesto no significa que la reunión entre las fiscales Castro y Sánchez con Martín Vizcarra, no deba investigarse a fondo; habida cuenta que se ve afectada la autonomía que debe ostentar el Ministerio Público. Sin embargo, no podemos perder de vista el contexto de entonces, el hecho que existen diversos actores interesados en que la investigación fracase, y que la fragilidad institucional en el Ministerio Público es un problema de larga data con el que los fiscales deben lidiar constantemente, más aún cuando se ven involucrados miembros de la propia institución. No es lo mismo un contexto excepcional, que una reunión con fines de interferencia política en la investigación.

En ese sentido, la investigación que lleve a cabo la Junta Nacional de Justicia para determinar el tipo de responsabilidad de las fiscales Castro y Sánchez, debe también responder a la pregunta de si la reunión que se llevó a cabo, respondió a un momento excepcional, o es muestra de un real indicio de interferencia política. Si es lo primero, el debate también se centrará en la ponderación; es decir, si la sanción es de suspensión o alguna diferente a la de destitución, al ser una reflexión que no puede dejar de lado el contexto o escenario según lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe “Corrupción y Derechos Humanos”, 2019). La defensa de la autonomía de la fiscalía, y de los propios fiscales, no puede obviar el contexto en el que se desenvuelven, para poder explicar los acontecimientos. Así, este caso se vuelve un reto crucial para el trabajo de la Junta Nacional de Justicia en cuanto a ponderación, análisis e investigación. Su decisión no solo aportará al crecimiento de la Junta en cuanto a sus criterios y estándares, sino que además definirá en mucho la lucha contra la corrupción en el país.

A la primera etapa, donde hubo el justo reconocimiento a las fiscales Sánchez y Castro por la excepcional valentía en la investigación, le sucedió una segunda etapa de diferencias, discrepancias y preocupaciones que fueron creciendo y que comenzaron a perjudicar la investigación, mucho más aun cuando no fueron resueltas prontamente y de la forma más adecuada por el Ministerio Público.

Por estas razones, urge adoptar medidas mínimas para:

  • elegir a los mejores perfiles de forma transparente y consensuada, para fortalecer la dinámica colaborativa del Equipo final y el empuje de las investigaciones,
  • mejorar la coordinación interna y el ámbito de acción del Coordinador del Equipo con la Fiscal de la Nación y los integrantes del Equipo,
  • informar y dotar de mayor transparencia a la investigación, haciendo públicos sus avances de forma periódica a la sociedad,
  • transparentar las necesidades materiales para que se les pueda proveer del presupuesto requerido,
  • reglamentar y transparentar el proceso o sistema de elección no solo de los integrantes del Equipo, sino también de los coordinadores como del Fiscal de la Nación,
  • dotar de mecanismos eficientes para identificar preocupaciones internas del Equipo y darles pronta solución, más aún tratándose de una investigación en la que están comprometidos integrantes del propio Ministerio Público, y
  • implementar las garantías necesarias para proteger las investigaciones tanto de actores externos como internos que deseen o promuevan su fracaso e impunidad.

La concreción de estas medidas depende tanto del Ministerio Público, del Congreso de la República, como de otras instancias de consenso y pacto político para la reforma de la justicia en los que la reforma de la Fiscalía debe ser prioridad inmediata, y con participación de la sociedad civil.

Atender la situación estructural del Ministerio Público, que pone en riesgo las investigaciones más paradigmáticas de la lucha contra la corrupción, es una prioridad a la que las autoridades se deben avocar; y a la par, se debe velar para que en el caso “CNMaudios” no triunfe la impunidad ni se cometan contramarchas o injusticias que favorezcan indebidamente a los investigados.

 

*Foto de portada: La República.

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