Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona convenios entre Policía y empresas mineras

Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona convenios entre Policía y empresas mineras

La CIDH expresa su preocupación en el informe temático “Empresa y Derechos Humanos”, específicamente en el párrafo 230, en el que señala que los convenios entre las mineras y la Policía Nacional del Perú, además de los estados de emergencia, pueden producir actos que violen los derechos humanos, debiliten la imparcialidad e independencia de la Policía, agraven los conflictos sociales relacionados a las industrias extractivas y pongan en peligro la vida de los defensores de los derechos humanos.

“Ante esta situación, la CIDH pide que no se desnaturalice la función policial en beneficio de los intereses empresariales”, sostiene Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

El párrafo 230 especifica que no son empresas privadas las que prestan el servicio de seguridad sino la propia PNP, “existiría el uso y disposición de una institución pública que detenta el uso legítimo de la fuerza para fines privados”. Además, añade que estos convenios no estarían en consonancia con el desarrollo jurisprudencial interamericano y el test de proporcionalidad sobre el principio de igualdad y no discriminación.

Se refiere también a que el Estado debe asegurar que no se desnaturalice la labor y función pública de la Policía en beneficio de intereses particulares”.

El abogado sostiene que estos argumentos deben ser tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional al momento de resolver la demanda contra las normas que regulan estos convenio. “Esta demanda fue presentada por el Colegio de Abogados de san Martín, con el patrocinio de EarthRights International y el IDL”, especifica.

Asimismo, en el TC está la demanda de amparo presentada por Oscar Mollohuanca y otros, contra el convenio entre la empresa Glencore – a cargo de los proyectos Antapaccay y Coroccohuayco – y la Policía, con el patrocinio legal de Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco e IDL; y en la Corte de Justicia de Apurímac está el amparo presentado por Víctor Victor Limaypuma Ccoricasa contra el convenio entre la empresa minera MMG- a cargo del proyecto Las Bambas – y la Policía, con el patrocinio legal de IDL, EarthRights International y Aprodeh -Apurímac.

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