¿Cómo se vienen trabajando los casos de violencia familiar desde los CEM durante la pandemia?

Elena Reyes Guillén/ IDL- Seguridad Ciudadana

La crisis sanitaria que enfrenta el país ha creado también una crisis social. No solo han colapsado los sistemas sanitarios, sino que las condiciones de vida de millones de personas se han vuelto más difíciles. Esta situación, que podría definirse como una situación límite, ha acentuado aún más las precarias condiciones laborales con las que a diario tienen que lidiar los trabajadores dedicados a servir a la población, como los que laboran en los centros de emergencia mujer (CEM). Allí se encargan de la prevención, solución o denuncia de problemas de violencia contra la mujer y su entorno familiar. Al respecto, se sospecha que en las actuales circunstancias del estado emergencia, esta violencia se ha venido incrementado.

            ¿Qué nos dicen las estadísticas registradas hasta el momento? Solo para echarle un vistazo a los casos más graves, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) describe que, durante las fechas de cuarentena o aislamiento social obligatorio, que van desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo, se habían registrado 24 casos de feminicidio (total de casos de enero a mayo: 56), 25 casos de tentativa de feminicidio (total de casos de enero a mayo: 153) y 348 casos de violación sexual. Sobre estos últimos, lo han sufrido 236 menores de edad (67.8%) y 112 adultas (32.2%).

            ¿Pero qué ha sucedido con la violencia familiar? Para saber cuál ha sido su impacto, decidimos conversar directamente con los trabajadores involucrados del CEM. Por propio pedido de los integrantes, se les ha mantenido en el anonimato y se han recogido sus declaraciones haciendo un balance de su situación.

Desde los CEM, nos cuentan que por la situación de emergencia están trabajando a través de los equipos itinerantes de urgencia (EIU), en el marco del Programa Nacional Aurora. Las condiciones de emergencia que obligan al aislamiento social, a fin de evitar el contagio de la COVID-19, han hecho que las oficinas del CEM permanezcan cerradas al público. Por ello, los EIU van a visitar a las víctimas de violencia de acuerdo con la gravedad de los casos, por petición de la Policía Nacional o de los juzgados especializados. Solo en estas circunstancias acuden a constatar personalmente los casos, provistos de equipos completos de bioseguridad a fin de prevenir el contagio.

Según los registros de los entrevistados, la violencia familiar no se ha incrementado durante la emergencia, sino que se ha mantenido en niveles aparentemente inferiores a los años anteriores —salvo en los casos de violencia sexual—. Esto no ha facilitado la labor en los CEM; las circunstancias actuales en muchos casos dificultan los procesos. Por ejemplo, las fiscalías han reducido sus horarios de atención, las pruebas Gesell ordenadas para menores están demorando en su práctica y además solo se aplican para casos de flagrancia. A pesar de esto, quedan otras vías de socorro en caso de violencia para las víctimas, como llamar a la línea 100, a las comisarías o directamente a los coordinadores de los CEM.

La situación no es tan simple como parece, porque a pesar de que existen menos denuncias por violencia, habría que hacer una mirada crítica al contexto. El confinamiento obligatorio posibilita una mayor interacción entre los integrantes de familia, y esto a su vez condicionar una situación de mayor violencia que no tendría registro.

            Nos explicamos. En las condiciones actuales existen muchas personas, en su mayoría mujeres, que vienen sufriendo violencia familiar en medio de esta pandemia. Pero al encontrarse en un estado de emergencia, y en una inmovilización social provocada por la cuarentena, no pueden llamar ni tomar contacto con nadie para registrar sus denuncias. Esto porque sus agresores conviven y se encuentran en permanente vigilancia sobre ellas, bajo un mismo techo y durante todo el día. Además, no todas conocen de la existencia de la línea 100 de los CEM, que atiende las 24 horas del día. Y si alguna lo supiera, se encuentra con su agresor al lado, quien le impedirá llamar para registrar su denuncia. Aun así, se han constatado casos donde las mujeres acuden a las comisarías —aunque se volvió menos frecuente por el temor al contagio—, en varias jurisdicciones distritales de Lima Metropolitana.

El trabajo que vienen desarrollando los CEM es de alto impacto. Lamentablemente, las circunstancias en que nos encontramos les impiden operar a su máxima capacidad. Así, su esfuerzo se vuelve insuficiente para atender a la gran cantidad de casos que se les presentan. Un problema que de hecho viene desde antes de la pandemia. Esto se puede observar con algunos CEM recién creados en las comisarías, los que tienen una capacidad muy pequeña para brindar atenciones, las que terminan siendo mínimas. Peor aún, en muchos casos la Policía ni siquiera quiere acoger a los CEM para atender a la población. Un hecho claramente censurable.

A pesar de estas adversidades, los CEM siguen atendiendo. ¿Cuáles han sido sus casos registrados hasta el momento? En un orden jerárquico, la incidencia de casos antes de la pandemia se presenta de la siguiente forma: los casos de violencia psicológica ocurren en mayor proporción y, por ende, existe una mayor cantidad de denuncias; luego siguen los casos de violencia física; en tercer, las denuncias por violencia sexual; y, finalmente, los casos de violencia patrimonial (ver cuadro 1). Si los comparamos con los casos denunciados durante la cuarentena (ver cuadro 2), vemos que hay un giro interesante de interpretar. Las denuncias por violencia física son las primeras en liderar el registro, relegando al segundo lugar a la violencia psicológica. Esto quiere decir que solo se han denunciado los casos más extremos de violencia, y también nos ayuda a confirmar la hipótesis de que la violencia aún continúa, y peor aún en circunstancias donde la víctima tiene que convivir las 24 horas del día con su agresor, sin tener cómo denunciarlo.

Tabla 1 Casos atendidos por tipo de violencia (estado de emergencia: 16 de marzo al 31 de mayo, 2020)
Mes	Total	Violencia económica o patrimonial	Violencia psicológica	Violencia física	Violencia sexual
Marzo	463	1	109	282	71
Abril	1308	3	374	727	204
Mayo	2536	9	875	1263	389
Total	4307	13	1358	2272	664
%	100 %	0.3 %	31.5 %	52.8 %	15.4 %

Fuente: MIMP (2020).

Tabla 2 Casos atendidos por tipo de violencia (enero-marzo, 2020)
Mes	Total	Violencia económica o patrimonial	Violencia psicológica	Violencia física	Violencia sexual
Enero	18 466	93	9371	7292	1710
Febrero	17 181	99	8504	6825	1753
Marzo	6 155	28	3111	2377	639
Total	41 802	220	20 986	16 494	4102
%	100 %	1 %	50 %	39 %	10 %

Fuente: MIMP (2020).

Las tareas y los problemas pendientes de los CEM, con o sin pandemia, van a continuar. Así, en algunos de ellos —los que operan en comisarías— se estaba tratando de implementar la entrevista única, que hacen los profesionales especializados de psicología legal, pero no se llegó a implementar como se esperaba, porque ya había una dinámica establecida y no había la suficiente capacitación. En los CEM también existe un área de prevención, y allí se venía contratando mayor personal para trabajar el tema de emprendimiento económico y fortalecimiento de habilidades sociales. Toda una estrategia comunitaria. Pero a pesar de los esfuerzos desplegados, esto no ha sido suficiente, porque no se logró trabajar más que focalizadamente en algunos lugares y no a nivel nacional. Este ha sido el caso de la intervención en el sector educativo. Por ello, se hace necesario un trabajo intersectorial, en coordinación con entidades como el Ministerio de Educación, para hacer una mayor labor de prevención. En el caso mencionado, haciendo obligatorio que los trabajos de prevención se realicen con profesores y alumnos en general.

Como se ve, ya antes de la pandemia había bastantes dificultades sobre los hombros de los trabajadores de los CEM y tienen que ser resueltos. Así, muchos comentan que trabajan en zonas periurbanas altas de la ciudad, en donde la incidencia delictiva es elevada. Tienen que ir a atender los casos, exponiéndose al peligro. Ante estas situaciones, el MIMP debería apoyar con movilidad particular para que puedan entrar y salir de las zonas de atención. Los albergues o lugares de acogida también son otro problema. Tienen que ser idóneos y bien implementados para las víctimas de violencia sexual, cuyos traumas psicológicos las convierten en personas susceptibles, que requieren un trato especializado.

            La cuarentena total acaba de terminar en nuestro país, sin embargo, la pandemia de COVID-19 continúa y seguirá causando muchos estragos. Las denuncias por violencia contra la mujer, probablemente, tarden en retornar a sus cursos normales mientras ellas continúen en aislamiento voluntario, debido al miedo al contagio y el hecho de tener a sus agresores siempre cerca. Ante esto, la labor de los CEM se convierte en un apoyo indispensable para las mujeres. Le queda al Estado una tarea pendiente por cubrir los vacíos que viene arrastrando desde hace tiempo estos centros, y que en la actualidad se han agudizado por la crisis sanitaria. Esperemos que no sea demasiado tarde.

Crédito de imagen: https://www.france24.com/es/