Compañía de palma aceitera dice que no requería consulta previa para aprobar su EIA

Compañía de palma aceitera dice que no requería consulta previa para aprobar su EIA

Noticia publicada en Ojo-Público el 067/10/21

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El primero de octubre, luego de la publicación de dos reportajes de OjoPúblico sobre las actividades del Grupo Ocho Sur en el sector de palma aceitera, el grupo económico envió una carta en el que responde a los artículos periodísticos y señala que cumplieron con lo establecido por las autoridades peruanas. Según la empresa, las autoridades peruanas les indicaron que la comunidad de Santa Clara de Uchunya estaba “fuera del área de influencia directa e indirecta” de su planta extractora de aceite. Esta es su carta y nuestra respuesta.

El Grupo Ocho Sur, dedicado al sector de la palma aceitera en la región Ucayali, envió una carta a OjoPúblico el último 1 de octubre como respuesta a la publicación de dos reportajes de este medio sobre cómo la instalación de una planta –cerca a la comunidad Santa Clara de Uchunya– no contó con un proceso de consulta previa. Los informes periodísticos detallan aspectos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de la Producción, recogen las voces de expertos que cuestionan que se haya autorizado sin plantear un mecanismo de participación comunal y transparenta los vínculos comercialesdel grupo económico en el aumento de la producción de palma aceitera en la Amazonía.

En su comunicación el Grupo Ocho Sur dice que operan bajo un código de ética que coloca por delante la “vida y los derechos humanos” y “para evitar el uso tendencioso de información” solicitó a OjoPúblico identificar y revelar “quiénes han hecho estas amenazas” contra los líderes de Santa Clara de Uchunya.

En el reportaje del último 26 de setiembre, OjoPúblico informó que en agosto del año pasado los dirigentes de la comunidad shipibo-konibo pidieron la activación del protocolo para defensores ambientales, aprobado por el Ministerio de Justicia en febrero de este año. La defensa de la comunidad, a cargo del Instituto de Defensa Legal, señaló a este medio que la fiscalía se encuentra investigando el caso y el Ministerio de Justicia guarda reserva sobre los detalles del protocolo para defensores ambientales.

El grupo económico también señaló que no tenían conflictos por tierras con comunidades indígenas vecinas y no se encontraban investigados por deforestación. “Los únicos conflictos han sido creados artificialmente por terceros con intereses particulares distintos a las verdaderas demandas de las poblaciones selváticas y nativas”, argumentaron.

No obstante, como se explica en los informes periodísticos, la comunidad de Santa Clara de Uchunya ha pedido que se reconozca la ampliación de 20 mil hectáreas que reclaman como sus territorios en la zona de influencia de esta actividad. Desde 2018, el Tribunal Constitucional (TC) tiene pendiente de resolver una acción de amparo por este tema.

En un siguiente punto, la compañía rechazó “cualquier tipo de relación con la empresa Plantaciones de Pucallpa o el grupo Melka, como se menciona en el artículo”. En los reportajes no se indica tal vinculación sino que Ocho Sur, como señala en su portal institucional, adquirió el fundo Tibecocha a través de un remate público y que contaba con un nuevo gerente general.

Asimismo, OjoPúblico detalló en su reportaje que las indagaciones fiscales seguían en curso para “determinar algún posible vínculo entre los anteriores inversionistas [de Plantaciones de Pucallpa] y la firma [Ocho Sur] hoy a cargo de las operaciones de palma en Nueva Requena”.

En su publicación, este medio señaló que la empresa está implicada en la investigación por deforestación, a cargo de la fiscalía de crimen organizado de Lima, debido a que los fundadores y exdirectivos de Plantaciones de Pucallpa, la anterior administradora del fundo Tibecocha, están incluidos en esta carpeta fiscal. No hubo mención a que estaba investigada por este delito ambiental.

En un cuarto punto de su carta, el Grupo Ocho Sur dijo que era “imposible” que la comunidad de Santa Clara de Uchunya escuche ruidos de la planta extractora porque se ubicaba “en el otro margen del río Aguaytía” y “a muchos kilómetros de distancia”. La firma también indicó que realizaban “monitoreos sobre este tema” de forma permanente.

Este medio indicó en su reportaje que los territorios de la comunidad se ubican a 1,6 kilómetros del proyecto agroindustrial, tal y como informó la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura en una opinión técnica remitida al Ministerio de Producción, sector que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la planta extractora. En una visita de OjoPúblico con líderes de Santa Clara de Uchunya se corroboró que sí es posible escuchar el ruido de la planta en los límites del territorio de la comunidad.

El grupo económico también dijo que “era falso que se haya requerido algún tipo de consulta previa a la comunidad de Santa Clara de Uchunya para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta extractora, pues la comunidad está fuera del área de influencia directa e indirecta de la planta”.

En el reportaje de OjoPúblico, precisamente, se detalla que este EIA fue aprobado por el gobierno, pero que expertos y exfuncionarios coinciden en que sí se debió consultar sobre el proyecto a la comunidad. La compañía no detalló en su carta si brindó información sobre la construcción y operación de la planta a los miembros de Santa Clara de Uchunya.

En la última parte de la comunicación, el Grupo Ocho Sur niega la afirmación del jefe de Santa Clara de Uchunya, Efer Silvano Soria, respecto a la división generada al interior de la comunidad “a causa de Ocho Sur” pese a que el dirigente de la comunidad suscribió a fines del 2019 un acta para que la empresa, junto a la Municipalidad de Nueva Requena, trabaje en “obras en beneficio de la comunidad”. El grupo señala que Alex Soria Bardales integró dicho grupo de trabajo encabezado por el jefe de Santa Clara de Uchunya.

Pero la compañía no precisa que Soria Bardales también cumple la función de regidor del distrito de Nueva Requena. En el reportaje de este medio también se detalló que a fines del año pasado, la defensa de Santa Clara de Uchunya presentó una denuncia contra Alex Soria Bardales por los delitos de usurpación de funciones, coacción e instigación.

A fines de agosto, a través de la agencia ADN Consultores, Ocho Sur invitó a OjoPúblico a participar de una “reunión de relacionamiento (no entrevista)” con el gerente de la empresa, Michael Spoor, quien a inicios de setiembre visitó el Perú. Este medio desistió de sumarse por no tener la posibilidad de entrevistar. En anteriores ocasiones hemos solicitado entrevistas, pero la compañía siempre ha respondido solo por escrito.

A pesar de que el Grupo Ocho Sur indicó que su carta estaba vinculada a las dos publicaciones de OjoPúblico, en ninguno de los puntos hubo mención a la historia sobre los vínculos comerciales de la compañía, cuyos clientes han decidido mantener en reserva por “políticas corporativas”.

A continuación compartimos la carta del Grupo Ocho Sur:

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