Comuneros de Urancancha demandan a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Penal por no respetar sus derechos procesales

Isaac Peña Lobato

Siete comuneros de la comunidad campesina de Urancancha de Ayacucho, con el asesoramiento del IDL, interpusieron, el miércoles 3 de julio, una demanda de hábeas corpus contra la sentencia emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia por violar garantías procesales propias de los pueblos indígenas. La sentencia cuestionada confirmó lo resuelto la instancia anterior: una condena a doce años de pena privativa de la libertad por el delito de secuestro.

La comunidad campesina de Urancancha está ubicada en la región Ayacucho a una altitud de 3,000 a 5, 000 m.s.n.m. Se encuentra a ocho horas de distancia de la capital, Huamanga. Su lengua principal es el quechua. El reconocimiento que tiene como comunidad campesina es de larga data: desde 1946 el Estado peruano les reconoce como pueblo indígena. Esto se corrobora, además, en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. No obstante, pese a su antigüedad, la relación sostenida con el Estado ha sido históricamente muy distante.

Los comuneros de Urancancha, tras seis años de un engorroso juicio, fueron hallados culpables. Sin embargo, el proceso se realizó con un profundo desconocimiento de las garantías constitucionales aplicadas a los pueblos indígenas. En el proceso no se contó con intérpretes, pese a que la lengua materna de los comuneros es el quechua; ni tampoco se realizó una pericia antropológica para determinar si actuaron conforme a sus costumbres o no. Peor aún, en el momento de determinar la condena, omitieron considerar penas alternativas a la cárcel, exigidas  por el convenio 169 de la OIT.

El derecho a la defensa de los comuneros de Urancancha

El desconocimiento de estas garantías genera graves consecuencias a los comuneros de Urancancha. La ausencia de intérpretes limitó a los comuneros el poder expresar su versión de los hechos y contradecir de manera idónea los argumentos planteados por la contraparte, lo cual constituye una afectación de su derecho a la defensa.

De igual manera, la omisión de la pericia antropológica distorsionó la defensa de los comuneros. Ellos se defienden en base a sus costumbres; dan la versión de los hechos desde su cosmovisión. Por lo tanto, el juez, debe tener las herramientas necesarias para comprender su discurso y resolver desde su realidad. Esto se sustenta en el artículo 10.1 del Convenio 169 de la OIT.

Los magistrados supremos condenaron a los comuneros de Urancancha sin permitirles expresarse en su lengua materna, ni tampoco realizaron una comprensión de los hechos desde la cosmovisión indígena, negando una concepción pluralista del Derecho, propia del Estado Constitucional.

1. La obligación de los jueces de preferir penas alternativas a la pena privativa de la libertad de los pueblos indígenas

El sistema carcelario es propio de la sociedad occidental. La cárcel es la pena máxima que puede sufrir una persona, por ello, solo se reserva para  las conductas más reprobables. En cambio, los pueblos indígenas tienen formas de sancionar muy diferentes. La imposición de la lógica occidental tendría impactos aún más fuertes en miembros de comunidades indígenas. Si el solo hecho de estar en un proceso largo y engorroso resulta una experiencia ajena a su realidad; lo es más si luego de ello se les impone una pena que les impide volver a relacionarse con su comunidad por un tiempo prolongado.

Por ello, el artículo 10.2 del convenio 169 de la OIT exige a los jueces preferir sanciones diferentes al encarcelamiento. Este mandato no implica que los pueblos indígenas no deban ser sancionados, sino que se imponga una pena conforme a sus diferencias culturales.

2. La sentencia de la Corte Suprema es discriminatoria con los comuneros de Urancancha

Lo mencionado anteriormente tiene como eje central el derecho a la igualdad. Actualmente, la discriminación no está basada únicamente en la clásica igualdad ante la ley, es decir, en el trato desigual a quienes son iguales; sino que también puede darse cuando se trata igual a quienes son desiguales. Los pueblos indígenas, por su condición y costumbres, no deben recibir un trato igualitario, sino uno culturalmente adecuado. El trato diferenciado dentro de un proceso implica que se cuenten con intérpretes. Exige, también, la pericia antropológica, que permite al juez resolver en base a sus tradiciones y; que, en caso de encontrar culpables, se prefieran penas alternativas al encarcelamiento.

Los comuneros de Urancancha han recibido un trato discriminatorio, en tanto se les ha denegado las garantías procesales propios de su condición.

3. Conclusión

Estos son los argumentos principales de la demanda presentada en favor de los comuneros de Urancancha. Es preocupante que jueces supremos, que son la última instancia en los casos penales, ignoren las garantías procesales básicas de los pueblos indígenas. Las consecuencias son, por un lado, un proceso distorsionado y lejos de la realidad. Y por otro, la imposición de un sistema occidental indiferente al pluralismo jurídico que demanda la realidad nacional.