Comuneros kichwa de San Martín exigen en Lima la defensa de sus territorios y vidas

Comuneros kichwa de San Martín exigen en Lima la defensa de sus territorios y vidas

Alan Benavides- IDL

Los representantes de las comunidades indígenas kichwa de la región San Martín, agrupados en la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM), las tres pertenecientes a la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), estuvieron en Lima reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.

 Los líderes continúan exigiendo ante diversas instituciones estatales, que se respeten sus territorios contra el despojo del Estado peruano, quien ha creado áreas naturales protegidas que bloquean sus procesos de titulación. Además, denuncian el grave aumento de las actividades ilegales por falta de una presencia real del mismo Estado en la zona del Bajo Huallaga y la pasividad para combatir el crimen organizado, sumándose la ausencia de apoyes productivos a las economías familiares sostenibles con el medio ambiente. Sin embargo, su última diligencia en Lima quedó marcada por el asesinato de uno de sus compañeros.

Los pueblos kichwa existen desde tiempos prehispánicos. Incluso hay crónicas de monjes jesuitas que debieron aprender el quechua para entrar a la selva para evangelizarlos durante el virreinato. Sin embargo, recién en la última década las comunidades nativas kichwa han sido reconocidas de forma tardía por el Estado peruano como pueblos indígenas. Vale decir que la gran mayoría aún no logra la titulación de sus tierras.

En 2001 se fundó el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) sobre un millón trescientas mil hectáreas de bosque tropical. En 2008 entró a tallar la ONG privada CIMA (Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales), logrando la administración del parque, empezando la venta de bonos de carbono a diversas transnacionales extractivas que buscan reducir su huella ecológica. Un ejemplo del negocio es la venta de ochenta y cuatro millones de dólares en bonos a la petrolera francesa Total Energies en marzo 2021. Por otro lado, en 2005 el gobierno regional de San Martín creó el Área de Conservación Cordillera Escalera (ACR-CE), sobre otras cuarenta y nueve mil hectáreas.

Sumado a esto, diversas mafias de taladores ilegales y hasta narcotraficantes han seguido invadiendo sus territorios, al estar desprotegidos por el Estado. Muchas veces incluso con permisividad de las autoridades regionales, para seguir expoliando el bosque amazónico donde viven los kichwa, aprovechando la falta de titulación.

“Cordillera Azul se ha creado sin tener en cuenta la existencia de pueblos originarios en el Bajo Huallaga y en Bellavista” comenta Wiler Saurin, de la comunidad Kichwa Atunpampa del distrito Papaplaya y vicepresidente de CODEPISAM. “Supuestamente nosotros somos sus vecinos. Nosotros consideramos que ellos se han creado sobre territorios de pueblos indígenas”. Señala que por ejemplo en el distrito Bajo Huallaga, el parque ha recortado a las comunidades Ricardo Palma, Callanayaku y Canayo, el noventa por ciento de sus tierras.

“El bosque es el modus vivendi de cada comunidad. Se ha limitado el tema de caza, práctica de la medicina natural. En el caso de Callanayaku, el río que les abastecía de peces era el río Yanayacu; ahora ya no pueden acceder porque supuestamente es parte del parque nacional. Se ha limitado el acceso a los cotos de caza de las comunidades”. Señala que la dieta de los indígenas incluye roedores como el picuro, el añuje, así como pequeños monos, tortugas motelo, y pescados como el sábalo y el boquichico. “Ha habido familias que han sido desalojadas donde ya era parque, por CIMA, por guardaparques. Donde eran sus chacras de toda la vida, de ahí les han sacado”.

“Tenemos concesiones en Chipurana, Bajo Huallaga. El Estado ha concesionado para aprovechamiento forestal el territorio de cuatro comunidades nativas. Ese territorio en el segundo gobierno de Alan García se había entregado con un título a una empresa EcoAmerica. La CODEPISAM inicia un proceso judicial y el Tribunal Constitucional anula ese título. En el año 2018, el gobierno regional ese mismo territorio lo vuelve a entregar como concesión forestal a la empresa Valentina & Nathaly sin tener ningún proceso de identificación de pueblos indígenas” Las cuatro comunidades donde se han otorgado concesiones para tala de madera son su natal Atunpampa, Reforma Llakta, Santa Rosillo de Yanayacu y San Manuel, en la naciente del río Pacaya que desemboca en la reserva nacional Pacaya Samiria. “En vez de proteger el bosque, el Estado con sus órganos de gobierno, genera la destrucción de la Amazonía”.

En 2021, la comunidad indígena kichwa Puerto Franco, en el distrito Bellavista, y el CEPKA, interpusieron una demanda bajo el patrocinio del Instituto Legal, contra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), la Dirección Regional de Agricultura de San Martín, contra la administración del mismo parque Cordillera Azul y contra dos empresas madereras, Alto Biavo y otra de una persona particular, con concesiones en sus territorios.

En abril 2023, el Juzgado Mixto de Bellavista emitió una sentencia favorable, en la cual ordenaba que el gobierno regional titule a la comunidad Puerto Franco, así como que el SERNANP excluya del parque Cordillera Azul las hectáreas de territorio que le pertenecerían y se realice la debida consulta previa. También que los guardaparques no impidan a los indígenas kichwa en general entrar al parque, así como que sus comunidades puedan beneficiarse económicamente de los recursos que genera la concesión. Además anula las concesiones de las empresas madereras. Las partes han apelado y el juicio prosigue en segunda instancia, mientras tanto todavía no se ejecuta la titulación.

“Vivimos día a día privatizados dentro del territorio” dice Cesar Romero Shapiama, apu de la comunidad Pongo del Huallaga del distrito Chazuta y vicepresidente de FEPIKECHA. “Somos la cuarta generación que nos han dejado heredado nuestros ancestros”.

“Nos han recortado el ochenta o noventa por ciento del territorio” reclama. “Los gobiernos regionales están otorgando constancias de posesión a terceros”. Dice que es muy fácil que cualquier asociación pida una concesión en sus territorios para deforestar el bosque tropical convirtiéndolo en pastizales para ganadería intensiva y se la conceden en un plazo rápido. Incluso algunos ya tienen títulos.

También se queja de los guardaparques que les impiden cazar y pescar. “Ese territorio es para nosotros un mercado, una ferretería, un hospital, una carpintería. Ahí existen las plantas medicinales, alimentos que uno saca, pero como siempre hemos venido haciendo, como nuestros ancestros, sabiendo bien reservar para futuras generaciones”. Manifiesta que no poder sacar recursos del bosque representa un gasto económico para las humildes familias kichwa que tienen que acudir a lejanas bodegas o farmacias para comprar productos.

“Nosotros no estamos en contra de la conservación”. César reafirma la diferencia entre su concepción como indígena y la de una persona de la ciudad que ve el bosque como un bien económico a explotar: “Tenemos una conexión, una espiritualidad. Para nosotros el bosque y el ser humano lo es todo. Hasta damos nuestra vida”.

René Tapullima Panduro es otro apu kichwa de la comunidad Chipeza en el distrito de Chazuta y miembro directivo de FEPIKBHSAM. Se considera afortunado porque su comunidad sí tiene título pero recortado en unas dos mil hectáreas por el área de conservación regional Cordillera Escalera. Dice que Chipeza existe desde 1907 y él es de la cuarta generación. Con sus compañeros igual busca incursionar dentro del área natural para demarcar los territorios que consideran parte de su comunidad.

Cordillera Escalera ha recortado las tierras de cultivo de los vecinos de René, donde siembran piña, barbasco y árboles frutales como umarí. No pueden entrar a obtener hojas de yarina que usan para los techos de sus viviendas. Afirma que los soberbios guardaparques que les impiden ingresar son trabajadores provenientes de la ciudad que desconocen el modo de vida cotidiano de los indígenas kichwa en los bosques. “Nosotros somos los que cuidamos esos territorios porque es nuestra forma de sobrevivir”.

Durante sus incidencias en Lima, los apus kichwa acudieron a la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria (DIGESPACR) del Ministerio de Agricultura, donde trataron la titulación de los territorios de las comunidades kichwa de San Martín. Si bien dicha cartera ya emitió varios informes donde dispone que se cumpla la resolución ministerial 0136-2022-MIDAGRI, norma que permite la demarcación de territorios indígenas ancestrales dentro de las áreas naturales protegidas, ha habido entrampamientos con el SERNANP debido a presuntas incompatibilidades con la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las cuales la misma DIGESPACR ha reiterado que no existen.

A este respecto, Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, recordó que el artículo 4 de la misma dice que sí se respeta la propiedad privada que se encuentre dentro de un área natural protegida pero con regulaciones en pos de la conservación. De igual forma, dice que para aplicar éste punto, cuando se trata de pueblos indígenas es suficiente con la posesión del territorio.

En otra acciones de incidencia, ante el despacho de la parlamentaria Ruth Luque, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso peruano, los líderes kichwa mostraron su preocupación por el eventual proyecto de ley 6088 de este año, que concedería total intangibilidad a estas áreas naturales, dificultando su proceso legal de lucha contra el despojo. También expusieron sobre otro antagonista, el grupo empresarial Romero, el cual tiene concesionados territorios de comunidades en el distrito Barranquita, donde desarrolla monocultivos intensivos de palma aceitera.

En este ir y venir de diligencias en una ciudad capital que les parece extraña, los representantes kichwa se enteraron del cruel asesinato de su compañero Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu e incansable luchador contra las mafias de taladores ilegales. Emboscado por presuntos sicarios de estos grupos mientras retornaba a su localidad de un evento ambiental en Pucallpa, fue fulminado con escopeta en presencia de su esposa y su pequeña hija. Llevaba años denunciando las amenazas de las cuales era objeto.

Ante los comisionados de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, René sostenía la foto de Quinto, mientras sus compañeros Kichwa se quejan de la falta de implementación real de un protocolo de protección de defensores ambientales. Los mismos policías de las comisarías aledañas a las comunidades no saben cómo protegerlos, muchas veces con la excusa de la falta de presupuesto. Vale destacar que incluso en todo el distrito de Huimbayoc, donde se ubica la localidad de Quinto, no existe ninguna dependencia policial. También repudiaron los dichos del procurador del gobierno regional de San Martín, Elidelgio Mori Trigoso, quien meses atrás dijo que en su región ya no existen indígenas porque los miembros de comunidades usan ropa moderna, celulares y beben cerveza, con una visión racista y peyorativa hacia éstos pueblos.

Los dirigentes se reunieron con el jefe del SERNANP así como con la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y con funcionarios de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, donde reiteraron sus pedidos de que se cumpla con la aplicación de la resolución 0136-2022-MIDAGRI. Ante algunas insinuaciones de los presentes de que las comunidades kichwas estarían detrás del negocio de bonos de carbono, fueron tajantes en desmentirlos y afirmar que la demarcación territorial es el primer paso a abrir otras temáticas de discusión. Tanto la viceministra como el representante del SERNANP manifestaron voluntad de avanzar en el proceso, pero los kichwas ya toman con recelo los dichos de esta última institución por anteriores incumplimientos de mesas técnicas y acuerdos firmados hasta dos veces en el presente año. Se destacó el precedente de la reciente sentencia en Ecuador a favor de la Nación Siekopai, indígenas que han recuperado territorio dentro de un área protegida ya declarada. Los kichwas reafirmaron su compromiso con la conservación de los bosques de sus abuelos, pero indicando que el Estado aún tiene una deuda histórica territorial por resolver con ellos.

Tras la muerte de su compañero Quinto Inuma, los kichwa en Lima observaban en redes sociales cómo el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se tomaba fotos bajando del avión en Tarapoto, llegando supuestamente para investigar el crimen. “Recién cuando matan a alguien vienen” mencionan. Asimismo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planea una condecoración póstuma a Quinto, pero en vez de entregarla a la familia, se la daría a la alcaldesa provincial de San Martín.

A inicios de diciembre, los ejecutivos de CIMA han participado en la última COP 28 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en los Emiratos Árabes Unidos, donde frente a funcionarios ambientales de todo el mundo, han sabido proyectarse como un modelo de conservación. “Son falsos ambientalistas de escritorio” maldice Wiler al ver la noticia en su celular.

“El área protegida Cordillera Azul existe porque nosotros como pueblos hemos estado ahí. Si nosotros ni hubiéramos estado allí, no hubieran hallado ese monte. Sin preguntarnos, de la noche a la mañana hemos sabido que hay un parque, no han venido al pueblo a decir ¿hermano, ustedes hasta dónde trabajan? ¿dónde montean? ¿hasta dónde es su supervivencia? Yo a tu casa no voy a entrar sin preguntarte porque te gustó tu huerta, me vas a sacar a patadas. No se ha respetado la ocupación ancestral de esos territorios” remata Wiler.

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