Comunidad awajún Nazareth demanda a Petroperú por servidumbre y reparación del oleoducto norperuano

Comunidad awajún Nazareth demanda a Petroperú por servidumbre y reparación del oleoducto norperuano

“Son más de cuarenta años que el oleoducto pasa por nuestra comunidad pero nosotros por desconocimiento nunca supimos que había un derecho de servidumbre. Hemos visto necesario hacer una demanda para que nos puedan reconocer porque la comunidad Nazareth es la primera que está bien contaminada por la empresa Petroperú” relata al paso Roger Yampis Akuash saliendo de la sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas en la ciudad de Bagua, tras interponer una demanda contra la empresa petrolera estatal exigiendo el pago económico de una servidumbre por la presencia de la tubería en su territorio comunal, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún.

Construido en los años setenta durante el gobierno militar, el oleoducto es una gigante infraestructura de 854 kilómetros de largo que transporta el combustible desde la Amazonía hasta el puerto de Bayóvar. A su paso por el distrito de Imaza en la provincia de Bagua, el último derrame de petróleo ocurrió entre enero y febrero de 2016 afectando la salud y el modo de vida de los indígenas awajún de la comunidad Nazareth, donde Roger tiene el cargo de pamuk o presidente.

“Cuando un padre de familia quiere hacer su piscigranja, se filtra el petróleo, baterías malogradas, tierras oxidadas. Cuando crían pescado, sale con olor a petróleo. Nuestros jóvenes ya crecen con las enfermedades” se queja Roger. “Cuando hacemos un pozo sale petróleo porque por ahí las maquinarias han dejado derramados ácidos quemados, baterías de carros, fierros oxidados están enterrados ahí”.

Un estudio del 2016 hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública de Québec en Canadá encontró que varios niños de las comunidades awajún cercanas al derrame como Nazareth y Wachapea tenían presencia de plomo, mercurio y otros metales pesados en la sangre, a consecuencia de la exposición al petróleo.

Cabe recordar que el pago de una indemnización o servidumbre por las actividades extractivas de minería o hidrocarburos en territorios indígenas está reconocido por la ley 26570.

Asimismo Roger también presentó otra demanda de amparo exigiendo la reparación y mantenimiento del oleoducto norperuano como también la actualización de gestión ambiental del mismo. Pese a las múltiples acusaciones contra los mismos indígenas de ser ellos quienes rompen la tubería para provocar el desastre ambiental y exigir dinero a Petroperú, Roger replica que los comuneros no cuentan los medios para perforarlo. Una resolución de la OEFA de 2019 explica que la fuga del crudo en 2016 fue responsabilidad de la empresa por la falta de mantenimiento.

“Estamos de acuerdo con que Petroperú genera un ingreso económico en el país pero como empresa tiene sus deberes que cumplir. No estamos diciendo que Petroperú saque todos los tubos. Estamos reclamando que nos atienda a las comunidades porque hemos dejado muchos años sin reclamar. Deben ser conscientes que a las comunidades han afectado bastante”.

Tomando conciencia de los derechos indígenas

En anteriores capacitaciones, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún ha orientado a los miembros de diversas comunidades de la región Amazonas de su condición de pueblos indígenas de acuerdo a normas internacionales como el convenio 169 de la OIT por ser descendientes de los pueblos originarios anteriores a la conquista así como por conservar sus propias instituciones y costumbres. Tienen derecho a la consulta previa por cualquier actividad extractiva que los afecte, debido a la relación cultural que mantienen sobre sus territorios.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente, pese a haber sufrido procesos de despojo contra su voluntad a lo largo de la historia por parte de terratenientes y empresas transnacionales con el apoyo de sucesivos gobiernos que se han negado a reconocerlos. El Estado peruano tiene la obligación de restituir los territorios a dichos pueblos, otorgarles títulos de propiedad comunales e impedir nuevos procesos de usurpación por terceros.

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