Comunidad de Catacaos presenta demanda contra empresas vinculadas al Sodalicio por despojo territorial de casi 10 mil hectáreas
Alexis Revollé, IDL
Este jueves, 27 de febrero de 2025, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, ubicada en la región Piura, presentó ante el Poder Judicial una demanda de amparo contra entidades del Estado, empresas vinculadas al Sodalicio y otras autoridades, para exigir justicia frente al despojo de sus territorios y que se haga cumplir su derecho a la titulación. Se trata de una batalla legal que podría ser histórica.
En la demanda, que ha sido presentada con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la comunidad advierte que el Estado ha incumplido el deber de titular su territorio ancestral y ha permitido que empresas privadas las registren como propias, a través de una serie de maniobras. En total, se trata de 9,985.25 hectáreas de territorio comunal, apropiadas ilegalmente y repartidas entre diversas empresas. Algunas de ellas, como la Asociación San Juan Bautista, están estrechamente vinculadas al ahora disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, cuyo exmiembro José Antonio Eguren (arzobispo de Piura hasta 2024) fue presidente de la mencionada asociación.
Por todo ello, la comunidad ha demandado a la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Piura, a la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal del Gobierno Regional, a la Zona Registral N.° 1 de la Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP) y a al menos una decena de empresas que se habrían dedicado al tráfico de tierras.
La comunidad de Catacaos denuncia que, a través de la DRA Piura y SUNARP, el Estado ha permitido que estas tierras sean inscritas irregularmente en registros públicos, sin el consentimiento de la comunidad y sin respetar los procedimientos establecidos en la Ley General de Comunidades Campesinas.
En la demanda, la comunidad invoca su derecho a la propiedad comunal, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como el derecho a la restitución de su territorio. A ello se suma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Sawhoyamaxa vs. Paraguay y Xucuru vs. Brasil, ya ha sentado jurisprudencia sobre la restitución de tierras indígenas usurpadas, como el caso de la comunidad de Catacaos.
“Queremos que se llegue a saber cómo fueron obtenidos de mala fe las tierras de la comunidad. Se han violado muchos derechos por parte de las instituciones que debieron haber protegido a la comunidad”, dice Luis Inga Sandoval, presidente de la Comisión de Defensa de la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos.
Demanda de amparo se presentó ante la Corte Superior de Justicia de Piura. Foto: Pavel Labán
Justicia deberá incluir titulación
Con este proceso judicial, la comunidad da a conocer ante los tribunales que la inscripción irregular de las tierras en registros públicos ha facilitado su venta y traspaso entre empresas privadas, lo que ha fragmentado el territorio comunal en doce partidas electrónicas distintas. Estas tierras, que debían ser protegidas como propiedad colectiva, fueron convertidas en activos comerciales a través de un esquema de adjudicación irregular. Se trata, en definitiva, de un patrón sistemático de despojo territorial facilitado por la omisión del Estado.
Ahora, inicia una batalla legal en la que la comunidad busca la anulación de estas inscripciones, la restitución de sus tierras y que el Poder Judicial ordene el inicio inmediato del proceso de titulación. La falta de titulación la deja en una situación de vulnerabilidad jurídica, expuesta a nuevos intentos de despojo y sin garantía de protección sobre su territorio.
Asimismo, es importante considerar que este caso tiene implicancias más amplias para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en el Perú. El despojo territorial de Catacaos no es un caso aislado. Es, más bien, parte de un problema estructural en el país.
Por ello, diversas organizaciones han expresado su respaldo a la comunidad de Catacaos. Recientemente, incluso, Monseñor Guillermo Elías Millares y el Padre Francisco ‘Paco’ Muguiro SJ, representantes de la Iglesia Católica, se reunieron con los comuneros y les manifestaron su apoyo en este proceso de búsqueda de justicia.
«La Comunidad de Catacaos, ante el despojo por parte de numerosas empresas, tiene el derecho a la restitución de su territorio según el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, dicha vulneración de sus derechos tiene como trasfondo el incumplimiento del Estado de titular la Comunidad. Si el Estado hubiera cumplido con esta obligación, Catacaos nunca hubiera perdido sus tierras», explica Isaac Peña Lobato, abogado del IDL.
Con todo, este proceso judicial podría sentar un importante precedente para la protección de los territorios comunales en el país. Mientras tanto, la comunidad de Catacaos se mantiene firme en su lucha, exigiendo justicia y el reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre sus territorios. La batalla legal recién comienza, pero la comunidad ya ha dejado claro que no permitirá que su territorio siga siendo despojado impunemente.
Foto principal: Francisco Rodríguez | CNDDHH