Comunidad indígena de Ucayali pide auxilio al Ejecutivo por el acoso del narcotráfico

Comunidad indígena de Ucayali pide auxilio al Ejecutivo por el acoso del narcotráfico

Álvaro Másquez Salvador/ Instituto de Defensa Legal

El pasado 2 de junio, la Comunidad Nativa de Flor de Ucayali envío una carta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con carácter de urgencia. En ella requerían protección física para las autoridades y miembros de la comunidad, frente al avance del narcotráfico en su territorio. Se trata de un problema que han venido denunciando durante los últimos años, aunque sin éxito.

Esta vez, sus esperanzas están depositadas en la activación del nuevo Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú. ¿De qué se trata el caso y qué acciones debe realizar el Ejecutivo para superar los riesgos contra la vida e integridad de la población?

Situación de amenaza e impunidad

Flor de Ucayali se ubica en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo y región de Ucayali, sobre la cuenca del río Utiquinía. Cuenta con una población aproximada de 400 personas, distribuidas en 70 familias.

La comunidad es propietaria formal de su territorio ancestral, el cual se extiende sobre una superficie cercana a las 21,000 hectáreas, inscritas en los Registros Públicos. A nivel de organización política, está afiliada a la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU).

Desde hace algunos años han venido alertando sobre la presencia de invasores dentro de su territorio, los mismos que han deforestado grandes extensiones de bosques para la instalación de cultivos de hoja de coca, pozas de maceración e incluso pistas de aterrizaje clandestinas. Los productos son destinados al mercado de drogas ilícitas.

Avance de la deforestación en la comunidad de Flor de Ucayali
Fuente: Mongabay Latam

La relación entre los miembros de la comunidad y los invasores es hostil. Son varias las ocasiones en que las autoridades de Flor de Ucayali han impedido el ingreso de nuevos invasores, recriminándoles por su presencia o decomisándoles sus herramientas de trabajo. Sin embargo, la presión que los invasores ejercen sobre ellos es cada vez mayor y la situación de amenaza se hace también más grave.

Estos hechos motivaron que el 7 de noviembre de 2019 interpongan una denuncia penal contra los que resulten responsables por la comisión del delito contra los bosques y otras formaciones boscosas (tipificado por el Código Penal en su artículo 310). El caso, asumido por el fiscal Randolf Valerio Ventura de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, fue archivado diez meses más tarde. La razón, aunque parezca descabellada, fue que la Fiscalía no pudo identificar a los responsables en el curso de las investigaciones.

Esta decisión fue apelada a través de un recurso de queja de derecho, el cual fue rechazado por el fiscal Manuel Calderón Moreno de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Ucayali el 4 de enero de 2021. Es decir, a pesar de haberse demostrado la comisión del delito, se confirmó el archivo del caso en la más completa impunidad.

Un aspecto alarmante de este caso es que Flor de Ucayali es una comunidad indígena titulada, en la cual el Estado debería tener la capacidad de garantizar plenamente su seguridad jurídica sobre el territorio que poseen. Sin embargo, la falta de control territorial desde el Estado –como problema estructural– nos impide hablar en estricto de una “autoridad” en medio de la selva amazónica. Sin autoridades tampoco es posible hablar de servicios públicos ni mucho menos de derechos fundamentales, en particular cuando nos referimos a grupos en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas.

Precisamente, la situación de amenaza más actual tiene que ver con un operativo realizado en la comunidad por 24 funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Una vez allí, según reportó El Comercio, “localizaron chozas, chacras de cocales con plantaciones recientes y anteriores, insumos para la preparación de pasta básica de cocaína, huellas de reciente ocupación y dos pozas para macerar la droga”[1].

El problema, no obstante, es el mismo de siempre: el Estado aparece súbitamente en campo para frenar el desarrollo de actividades ilícitas, a través de su faceta más punitiva, y desaparece con la misma rapidez. No se prevé ninguna clase de acciones contra las represalias que estas intervenciones generan en las poblaciones locales. Mucho menos se adoptan medidas propositivas para atacar, en el mediano y largo plazo, las causas estructurales de la violencia.

Un representante de la FECONAU, que por razones de seguridad optó por el anonimato, declaró lo siguiente: “Lo que veníamos planteando es una intervención estratégica multisectorial con presencia del Estado en la zona, con proyectos productivos, acciones y programas sociales y no únicamente una intervención policial y militar. Fuentes confidenciales en la zona confirman que los narcotraficantes están armándose para un posible ataque a la comunidad Flor de Ucayali”.

Medidas inmediatas de protección

La comunidad y la FECONAU han solicitado la activación del Procedimiento de Alerta Temprana del nuevo Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú[2]. Su finalidad es de la ofrecer medidas de seguridad física inmediatas –a través de la articulación entre diferentes sectores del Estado– para cualquier persona defensora de los derechos humanos que se encuentre en una situación de riesgo concreto.

En este caso, fueron dos las primeras medidas solicitadas para atender la emergencia actual en Flor de Ucayali:

i. Elaborar un esquema de seguridad y protección, coordinado y aprobado por la comunidad, el cual debe incluir patrullajes y brindarles seguridad policial de forma permanente en su domicilio, así como en todos los viajes de trabajo que los beneficiarios realicen dentro del territorio nacional, y

ii. Realizar supervisiones ambientales e interponer las acciones penales y administrativas correspondientes contra los responsables de daños contra el medio ambiente y los recursos naturales, debiendo para ello incluirse a representantes de todos los sectores involucrados, en especial los de Interior, Ambiente y Justicia y Derechos Humanos.

“Es responsabilidad del Estado atender las problemáticas que estamos enfrentando las comunidades. Para nosotros es una situación complicada. Esta es una de las actividades ilícitas más fuertes, que domina, que genera muchos ingresos económicos, entonces esa es nuestra preocupación”, afirmó el dirigente Miguel Guimaraes Vásquez sobre la situación. Él es oriundo de la comunidad y presidente de la FECONAU.

Si bien es cierto que el Mecanismo Intersectorial es todavía un instrumento nuevo de la incipiente política nacional para personas defensoras de derechos humanos de nuestro país, confiamos en que las autoridades del Ejecutivo muestren su efectividad en la dura realidad. La vida e integridad de los miembros de Flor de Ucayali dependen ahora mismo de ello.


[1] Ver: https://elcomercio.pe/peru/narcotrafico-en-ucayali-comunidad-shipibo-konibo-vive-amenazada-por-las-mafias-que-depredan-sus-bosques-deforestacion-vraem-droga-cocaina-pnp-ministerio-publico-comunidades-indigenas-del-peru-noticia/?ref=ecr

[2] La norma fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, el 22 de abril de 2021. Antes, las personas defensoras contaban con un protocolo a cargo únicamente del sector Justicia y Derechos Humanos, a través de la Resolución Ministerial N.° 159-2019-MINJUS.

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