Comunidad nativa Unipacuyacu presenta demanda para exigir la titulación de su territorio ancestral frente al narcotráfico

Comunidad nativa Unipacuyacu presenta demanda para exigir la titulación de su territorio ancestral frente al narcotráfico

 

El pasado 10 de abril, la comunidad nativa Unipacuyacu, que forma parte del pueblo indígena kakataibo, presentó una demanda de amparo contra la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco (DRAH) por no cumplir con su obligación de titular su territorio ancestral. El principal objetivo de la demanda es que el Poder Judicial ordene a la DRAH concluir el proceso de titulación y, con ello, que se entregue a la comunidad un título de propiedad colectivo que luego sea inscrito en los Registros Públicos. 

En la demanda, además, la comunidad exige que el Poder Judicial reconozca que la DRAH ha vulnerado los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la propiedad y la posesión sobre sus territorios ancestrales, así como los derechos a la identidad étnica, a la autonomía, y a disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado.

Esta acción judicial cuenta con el respaldo institucional de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) y el patrocinio del Instituto de Defensa Legal.

 

Sin titulación y con violencia de economías ilegales 

Desde hace más de 30 años, la comunidad Unipacuyacu, asentada en el río Sungaroyacu, región Huánuco, ha solicitado el título de propiedad de su territorio. La DRAH, sin embargo, no les ha dado una respuesta hasta ahora. Por el contrario, la entidad ha permitido que, con el paso del tiempo, se posicionen en la zona decenas de familias de foráneos dedicados a la minería, la tala y el narcotráfico, incluyendo la creación de caseríos y centros poblados sobre las mismas tierras solicitadas por la comunidad.

Por desgracia, el avance de estas actividades ilícitas ha ido arrinconando a Unipacuyacu. Muestra de ello es que, del total de su territorio, cuya dimensión es de 22946 hectáreas, actualmente los comuneros solo controlan 4 hectáreas. Una situación a la que se ha llegado después de varios años de violencia ejercida por las economías ilegales, que incluso ha significado la muerte de líderes.

Los habitantes de la comunidad han denunciado, en reiteradas ocasiones, que se encuentran en constante amenaza por las represalias que sufren debido a que reportan las actividades del narcotráfico y buscan protección del Estado. En abril de 2020, se dio el caso más grave con el asesinato del exjefe de la comunidad Arbildo Meléndez Grández, quien por décadas participó en las gestiones para titular la comunidad y dos meses antes de su muerte expuso este problema y la violencia ante las Naciones Unidas.

La actividad de las economías ilegales, además, genera terribles daños ambientales.

La comunidad ha reportado, entre otras alarmantes consecuencias, la pérdida de más de 6000 hectáreas de bosque, contaminación de fuentes de agua, pérdida de áreas de recolección y una inseguridad permanente que pone en peligro la vida de la población.

 

Demanda busca que se respete derechos fundamentales

Frente a este escenario de riesgo para la comunidad de Unipacuyacu, se ha presentado una demanda con la que se busca que, por fin, la DRAH recoja sus reclamos y culmine de una vez por todas el proceso efectivo de titulación, indispensable para luchar contra los peligros a los que está expuesta.

Por ello, otro de los pedidos de la comunidad al Poder Judicial es que se disponga que la DRAH cierre la brecha de titulación en las comunidades indígenas amazónicas de Huánuco, y que incluya sanciones para los funcionarios que incumplan los plazos establecidos. 

Finalmente, se pide que se ordene al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego proporcionar a la DRAH el soporte financiero, administrativo y consultivo que sea necesario para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

El testimonio y las exigencias de la comunidad de Unipacuyacu conforman, en suma, un caso emblemático de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de derechos amparados en la Constitución. Una situación que no debe dilatarse más y que, ahora, está en manos de la justicia.

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