Comunidad campesina de Urancancha exige al Tribunal Constitucional que se pronuncie por injusta condena que vulneró derechos de 7 comuneros
El último viernes, 13 de diciembre de 2024, miembros de la comunidad campesina Uranchancha, ubicada en Ayacucho, se acercaron a la sede del Tribunal Constitucional (TC) de la avenida Javier Prado, en la ciudad de Lima, para pedir información sobre un proceso judicial que lleva años estancado. Su principal reclamo es que, desde enero de 2024, el caso se encuentra en el TC y hasta hoy ni siquiera saben si se ha admitido la demanda de hábeas corpus que presentaron contra una sentencia condenatoria.
El origen del caso es una injusta condena dictada en 2019 por la Sala Penal de Ayacucho y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó doce años de pena privativa de la libertad contra siete comuneros de Urancancha por el delito de secuestro. El proceso, sin embargo, se realizó sin respetar las garantías constitucionales aplicadas a los pueblos indígenas: no hubo intérprete ni pericia antropológica, y mucho menos se consideró penas alternativas a la cárcel, como lo exige el Convenio 169 de la OIT.
Ese mismo año, en 2019, y con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), comuneros de Uranchancha presentaron una demanda de hábeas corpus contra la sentencia condenatoria. Desde entonces, el caso ha pasado por varios despachos, y actualmente se encuentra entrampado en el TC, sin que se programe fecha de audiencia o se emita un nuevo fallo.
“Quiero reclamar al TC que se fije de una vez la fecha de audiencia. Porque son cinco años que han pasado y hasta ahora no se pronuncia el TC. De los siete sentenciados, ya son cuatro personas que están en el penal. Es mucho tiempo en este caso. Otros casos de Lima lo resuelven más rápido”, manifiesta Teodolinda Llantoy, hija de German Llantoy Pérez, uno de los sentenciados por la cuestionada condena.
Comuneros se acercaron a la sede del TC en Lima para conocer situación del caso.
Comuneros de Urancancha anuncian manifestación
Cinco años después de la injusta sentencia, comuneros de Urancancha siguen luchando por sus derechos. Esta semana presentaron un escrito ante el TC para pedir que se fije audiencia o se dicte sentencia. Además, han anunciado que organizan una marcha para hacer oír sus reclamos.
“Tengo un hermano que se encuentra preso por una imputación que en realidad no ha hecho, una imputación injusta. Estamos esperando respuesta del TC y no convoca a audiencia. Ya son más de cinco años. Reclamamos nuestros derechos como comuneros. A las autoridades parece que no les interesa. Vamos a seguir convocando más marchas. No es dable que el TC no se pronuncie hasta ahora, parece que a las autoridades no les interesa”, dice Franklin Huamaní, uno de los comuneros.
Para Isaac Peña Lobato, abogado del IDL, esta situación no debería prolongarse más, pues el hábeas corpus es, en teoría, el proceso de más urgencia, dado que busca proteger la libertad individual de los afectados. En ese sentido, la defensa legal de los comuneros espera un fallo favorable pronto.
“Estamos pidiendo que se declaren nulas tanto la sentencia de la Corte Suprema como la sentencia de la Sala. Que se vuelva a iniciar el proceso penal, pero esta vez respetando los derechos procesales de la comunidad, que fueron vulnerados. Es decir, esta vez debería contarse con intérpretes, una pericia antropológica y, en caso consideren que existe responsabilidad penal, se debe preferir penas alternativas a la pena privativa de la libertad”, explica el abogado.
Esta semana, presentaron un nuevo escrito ante el TC para pedir que se fije audiencia o se dicte sentencia.
El incidente que inició el caso
La comunidad campesina de Urancancha está ubicada en el distrito de Vilcanchos, región Ayacucho, a ocho horas de distancia de la capital, Huamanga. Su lengua principal es el quechua y, desde 1946, el Estado peruano la reconoce como pueblo indígena.
El incidente que originó la injusta condena contra los comuneros sucedió en julio de 2012, cuando Félix Llantoy Ramos apareció en la comunidad, acompañado de unos policías, y quiso apropiarse de una parcela. Al tratarse de un extraño, miembros de Uranchancha se organizaron para abordarlo y preguntar sobre su presencia.
Se desató una trifulca entre Llantoy Ramos, los efectivos policiales y los comuneros. Finalmente, el extraño se fue, pero poco después denunció a los comuneros por secuestro. La justicia los ha perseguido desde entonces.
Más de doce años después del confuso incidente, ahora el TC tiene la posibilidad de hacer justicia en un proceso que vulneró los derechos de los comuneros y tuvo como resultado una cuestionable sentencia.
“Somos de la comunidad campesina de Urancancha. Ya son cinco años que estamos andando. Nos pelotean de acá para allá. Somos una comunidad campesina y queremos que se respeten los derechos de la comunidad”, reclama un familiar de Paulino Ayala, quien está preso en la cárcel de Ayacucho.