Comunidades afectadas por derrame en Cuninico exigen compensación justa frente a la indiferencia de Petroperú
En el año 2020, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ordenó a Petroperú iniciar un proceso de compensación en favor de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico, ocurrido a raíz de una fuga en el Oleoducto Norperuano, hace más de 10 años.
Desde entonces, Cuninico, San Francisco, Nueva Santa Rosa y Nueva Esperanza, las cuatro comunidades que sufrieron graves consecuencias a causa del derrame, han esperado que la petrolera estatal cumpla con lo dictado por el TC. Sin embargo, ello no solo no ha ocurrido, sino que además Petroperú niega que el derrame de crudo haya causado daños que ameriten una compensación a las víctimas.
El último viernes, 16 de agosto, miembros de dichas comunidades llegaron a la sede del Poder Judicial en Nauta, región Loreto, para participar en una audiencia convocada por la jueza Corely Armas Chapiama, en la que se buscaba determinar los montos de compensación en beneficio de las comunidades y escuchar los argumentos de Petroperú.
Audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Nauta, región Loreto.
Petroperú sostiene que no hubo daños por derrame
En el acto intervinieron Loydi Macedo, de la comunidad San Francisco; Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón; Kely Alfaro, ingeniera económica y autora del estudio Reconocer el daño; Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal; y Sonia Sandoval Peralta, en representación de Petroperú.
Frente a miembros de las comunidades víctimas del derrame ocurrido en junio de 2024, Sandoval Peralta sostuvo que, de acuerdo a las conclusiones de un estudio encargado por Petroperú a una consultora, no corresponde una compensación económica por los daños del desastre. Asimismo, aseguró que había informado sobre ello a Osinergmin.
De ese modo, la defensa de la petrolera estatal mostró indiferencia por las víctimas del derrame e ignoró la resolución del TC que, en 2020, determinó: “…En este caso, OEFA ha encontrado responsabilidad administrativa en Petroperú, puesto que el derramamiento de petróleo ha ocasionado daños a la flora y fauna de la quebrada de Cuninico, como se verifica de la Resolución Directoral 844-2015- OEFA/DESA, la misma que ha sido confirmada por la Sala Especializada en Minería y Energía del Tribunal de Fiscalización Ambiental”.
«Nosotros venimos a exigir que se cumpla con la sentencia del TC», expresó Galo Vásquez.
Comunidades exigen justicia en audiencia en Nauta
Los argumentos de Petroperú, desde luego, provocaron indignación en los miembros de comunidades que asistieron a la audiencia. “No queremos más escuchar que no hubo daños por el derrame. Nosotros, en las comunidades, no hemos visto a nadie de Petroperú, no han ido. Nosotros simplemente venimos a defender nuestros derechos”, dijo Loydi Macedo frente a la jueza de Nauta.
“Petroperú dice que contrató a una empresa para hacer la evaluación, pero nunca fueron. Ni siquiera a, por lo menos, coordinar o dialogar algo con las comunidades. Nunca lo hicieron. Para nosotros es completamente absurdo. Nosotros venimos a exigir que se cumpla con la sentencia del TC. Hasta ahora, la comunidad está completamente afectada en todos los aspectos”, expresó, por su parte, Galo Vásquez.
En tanto, la especialista Kely Alfaro recordó los alcances de su informe sobre la valorización del daño ocasionado por el derrame, en el que concluye que a la comunidad de Cuninico le corresponde una compensación anual de S/ 2,704,761; a San Francisco, de S/ 450,194; a Nueva Santa Rosa, de S/ 266,766; y a Nueva Esperanza, de S/ 426,986. A día de hoy, las comunidades lamentan no haber recibido ni un centavo como compensación.
«La defensa de Petroperú ignora que no tiene sentido discutir ahora si hubo daño o no. Eso ya lo determinó el TC. Nos encontramos en una audiencia extraordinaria, de ejecución, para ver cómo ha avanzado Petroperú con la compensación a las comunidades afectadas», remarcó la abogada Maritza Quispe en la audiencia.
Al término del acto judicial, la jueza Corely Armas anunció que se revisaría el caso y, de ser necesario, se tomaría medidas para hacer cumplir la sentencia del TC.
Este lunes, 19 de agosto, Armas Chapiama emitió una resolución para pedir información al Gobierno Regional de Loreto sobre el censo realizado en las comunidades afectadas en el caso. Además, pidió a Osinergmin que informe sobre el cumplimiento de Petroperú a lo ordenado por el TC.