Comunidades afectadas por nuevo derrame de petróleo denuncian falta de atención del Estado

Comunidades afectadas por nuevo derrame de petróleo denuncian falta de atención del Estado

Un nuevo derrame de petróleo volvió a atentar contra la vida y la salud de las comunidades amazónicas. Esta vez fue en el kilómetro 44 de Oleoducto Norperuano, que afecta a todo el distrito de Urarinas. A pesar que han pasado seis días desde el incidente, la reacción del Estado sigue siendo mala y tardía.

Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM) desmiente las versiones que señalan que ya están siendo atendidos, por el contrario, señala que hasta el momento no han recibido ni un vaso de agua. Refiere que les han mandado una cantidad irrisoria de cajas de agua que, al ser tan poco y no cubrir la necesidad del conjunto, no la han podido repartir.

“La comunidad hasta ahora no está siendo tratada ni con agua ni con comida. Estamos agotándonos ya y pedimos que el Estado peruano atienda a nuestra población. La empresa está difundiendo a nivel nacional que ya están atendiendo, que está llegando agua, pero eso no es cierto. No son suficientes cinco cajas de agua, que ni siquiera se reparte por ser insuficiente”.

Mientras eso sucede en Cuninico, las demás comunidades tienen que exponerse a seguir consumiendo agua contaminada. Desde Saramurillo denuncian que ya existen personas enfermas con vómito, dolor de cabeza y niños con fiebre. En el centro de salud no tienen medicina y el agua sigue bajando con petróleo por el río. La situación es de emergencia, pero ni el Gobierno central ni del Gobierno Regional lo dimensionan de esa manera.

El problema no es nuevo, casos como estos se repiten de manera continua en la última década. Hace ocho años sucedió lo mismo en la misma zona, y hasta ahora no se ha avanzado en la remediación, a pesar de haber ya una sentencia que obliga al Estado peruano implementar un plan de salud que atienda a la población afectada por el derrame del petróleo.

“Han pasado ocho años en que el Ministerio de Salud no ha estado presente de forma adecuada y no han tratado los casos por toxicidad crónica referidos al derrame que se produjo en el año 2014. Hace unos meses fui a levantar información sobre los problemas de salud de las cuatro comunidades que hicieron la demanda, y el avance del cumplimiento del Plan de Salud de la DIRESA, y me encontré con comunidades enfermas, no personas, sino comunidades, donde prácticamente todos tenían malestares, desde los más chicos hasta los más grandes”, señala la antropóloga Susana Ramírez especialista en salud intercultural.

Recién en agosto de este año han entregado los últimos resultados de los análisis realizados a la población víctima del derrame de 2014, y prácticamente todos aparecen con metales pesados en sangre y orina. Sin embargo, las autoridades de salud han decidido solamente tratar a los que tienen los valores más altos.  Una decisión cuestionable, pero que ni siquiera ha comenzado.

“Las parteras me contaron que en las comunidades han aumentado los abortos a partir del derrame y los partos son más dolorosos, lo niños nacen más débiles. El problema es la afectación crónica, las enfermedades que se han generado a partir de la toxicidad que se ha incorporado en el cuerpo y que se va acumulado a lo largo de los años. Si el MINSA hubiera dado tratamiento adecuado en su momento no estarían las personas en el nivel de afectación que están ahora. Han estado abandonados. Encontré muchas personas enfermas, con dolores crónicos, permanentes, incluidos niños que faltan a la escuela por problemas de salud. Toman analgésico todo el tiempo para paliar diversos dolores, y ya no pueden trabajar en la chacra como antes. El problema es que comen pescado sin saber si sigue contaminado lo cual les produce mucha angustia. Así están, sin atención médica, sin recibir todavía un buen diagnóstico de salud desde el primer derrame, aún no han tenido reparación económica por parte de Petroperú y ahora viene este nuevo derrame de petróleo. La violencia que se está ejerciendo en estas comunidades por parte de las distintas instituciones del Estado, que deberían de velar por su protección, es inadmisible”, sostiene la antropóloga.

Antes de la pandemia existía un plan de salud consensuado con las comunidades, pero este nunca se cumplió. Las campañas implementadas por el Ministerio de Salud desde el 2014 son generales y no especializadas, como se requeriría debido a la magnitud de la afectación.

Además, existe un proceso de amparo en el Tribunal Constitucional presentado por la Fedepcum contra la falta de mantenimiento del Oloeducto Norperuano.

Ver carta de Osinergmin reconociendo que Petroperú no da pleno mantenimiento al Oleoducto Norperuano.

 

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