Comunidades de Chumbivilcas presentan demanda de amparo a raíz de doble declaratoria de estado de emergencia en la zona
Las comunidades campesinas agrupadas en el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas y la comunidad campesina del distrito Santo Tomás presentó una demanda contra el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de Justicia por la continua suspensión del derecho a la libertad de reunión y del derecho a la protesta en el Corredor Vial Minero del Sur, en respuesta al Decreto Supremo 060-2020-PCM, que declaró, una vez más, otro estado de emergencia en parte del Corredor Vial Apurímc-Cusco-Arequipa, incluyendo los quinientos metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos en el distrito de Ccapacmarca de la provincia de Chumbivilcas, en el territorio de las comunidades campesinas de Saywa, Huascabamba, Ccaparmarca, Cancahuani y Cruzpampa, del departamento de Cusco.
“Hemos presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial del Cusco porque no hay ninguna justificación para decretar un estado de emergencia doble en este momento. Lo que está pasando es que el Gobierno está prorrogando indefinidamente el estado de emergencia que solo se justifica en caso de convulsiones sociales que pongan en grave peligro la vida de la nación”, sostiene Carlos Quispe, dirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas.
En una conferencia de prensa realizada de manera virtual participaron, además del dirigente Carlos Quispe, los abogados Helio Cruz (DHSF) y Juan Carlos Ruiz (IDL), dos instituciones que asesoran a los demandantes. Ruiz recordó cómo empezó el problema en esta zona del país: “Se emitió un decreto de urgencia que convirtió a las tierras comunales en vías nacionales. Es decir, primero se les quiso expropiar; luego se rectificaron y dijeron que sería una adquisición. En ambos casos no hubo consulta a las comunidades ni compra de tierras. No se respetó la propiedad privada. Es por eso que empiezan las protestas y los consecutivos estados de emergencia. El corredor es clave para el gobierno porque a través de él se trasladan minerales de los principales proyectos mineros del sur del país como Las Bambas, Antapaccay y Hudbay”.
A su vez, el abogado Helio Cruz señaló: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que los estados de excepción deben ser para casos que el estado no pueda controlar y que pongan en riesgo al país. El decreto que prorroga el estado de emergencia viola el derecho a la protesta social de las comunidades campesinas, que se ejerce y alcanza cobertura constitucional a través de la libertad de reunión, un derecho constitucional suspendido junto con el derecho a la inviolabilidad del domicilio.También se restringe la libertad de opinión, el derecho a la participación política, el derecho de petición y la libertad de asociación”.
Los abogados dijeron también que están en curso tres demandas: una de acción popular contra la norma que reclasifica los caminos que son parte de los territorios comunales titulados, presentada ante el Poder Judicial en Lima, otra contra el decreto de urgencia por considerarlo inconstitucional y la tercera es una demanda contra la criminalización de la protesta.
Finalmente, el dirigente Carlos Quispe manifestó que esperan que el Poder Judicial establezca los criterios y las regulaciones de las declaratorias de emergencia.