Comunidades kukama del Marañón exigen ante el Tribunal Constitucional la reparación del oleoducto norperuano

Seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional escucharon la exposición de la demanda de amparo presentada por Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Kukamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM) contra la empresa estatal Petroperú exigiendo que se le brinde mantenimiento al oleoducto norperuano, con el patrocinio de Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal.

Vale recordar que fueron 2 500 barriles de petróleo crudo vertidos en la quebrada de Cuninico en junio de 2014, en el distrito de Urarinas en Loreto, por donde atraviesa el tramo I del oleoducto, afectando a las cuatro comunidades indígenas kukama Nueva Esperanza, San Francisco, Santa Rosa y Cuninico, de donde proviene Galo. Asimismo, se dio un segundo derrame del tramo II en enero de 2016 en la comunidad awajún Chiriaco en la provincia de Bagua y otro tercer vertimiento de petróleo en febrero de ese año en la comunidad wampís Mayuriaga del distrito de Morona en Loreto, afectando todos al río Marañón que es afluente del Amazonas.

Según expuso el abogado Ruiz Molleda a los magistrados constitucionales, en la resolución 844 del 2015 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se concluyó que la responsabilidad por el derrame en Cuninico del 2014 correspondía a Petroperú por no darle mantenimiento a la tubería, además de determinar el daño ambiental y a la salud de los vecinos de las cuatro comunidades.

Tras los derrames del 2016, OEFA emite de manera preventiva la resolución 012 de ese mismo año en el cual además de ya ordenarle a la empresa reparar el ducto, se expone un fragmento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del oleoducto, documento que data de 1995, en donde puede leerse que la misma empresa petrolera reconoce que la falta de recambios y reparaciones se debe a políticas económicas de austeridad. Ruiz Molleda manifestó su indignación ante el colegiado porque el Estado pretenda ahorrar recursos a costa de arriesgar la vida y el ambiente de los pueblos indígenas. Luego en 2019 emitió otra resolución 1060 en donde también indica la responsabilidad de Petroperú.

El abogado señaló que, si bien se hizo una limpieza muy superficial del crudo, los componentes más pesados del petróleo se asientan en el fondo del río Marañón y cada vez que hay lluvias torrenciales que hacen crecer el caudal, afloran y contaminan las orillas donde los indígenas nadan, pescan y tienen cultivos para su consumo. Indicó que el 80% de la alimentación de los comuneros es pescado pero que ya no pueden ni venderlo en los mercados locales porque presenta fuerte olor a combustible. Los jóvenes sufren ronchas en la piel cuando se sumergen en las aguas durante la temporada de crecida.

Galo Vásquez Silva expresó que antes del primer derrame del 2014, los comuneros de Cuninico vivían felices pescando, nadando en los ríos, cultivando arroz, plátano y yuca y cazando al majaz, un roedor de alto valor nutritivo que hoy escasea. “Nuestras tierras están bien contaminadas, nuestra flora se ha destruido. Ya no tenemos nuestros animales silvestres que consumimos”.

Loydi Macedo Mozombite tiene el cargo de madre indígena en la comunidad kukama San Francisco. Durante la audiencia apeló a la única magistrada mujer de la sala, la doctora Luz Pacheco. “Vengo como representante de las madres de las comunidades. Nosotras somos madres que sentimos. Antes del 2014 teníamos una vida tranquila, aunque pobres, teníamos qué comer ¿Qué más tenemos que dar de comer a nuestros hijos? Tenemos que darles el pescado contaminado”. Relató que los niños de la comunidad regresan del colegio, perdiendo clases, porque tienen dolores de cabeza y de espalda. Ella misma se quejó de malestares, que otros adultos de su localidad padecen enfermedades desconocidas y que la mayoría de madres sufren abortos espontáneos. Refiriéndose sobre Petroperú, finalizó “Que no esté echando la culpa que los nativos cortan el tubo”.

Según el informe “La sombra del petróleo” elaborado por la ONG Oxfam en 2020, en el Perú hubieron 1002 derrames petroleros desde el 2000 hasta ese año, siendo cerca de 70 del oleoducto norperuano. Por su parte, la comisión parlamentaria liderada por el ex congresista César Villanueva para investigar estos vertimientos, refleja en su informe final del 2017 que las pequeñas empresas contratadas por Petroperú para limpiar los derrames apenas tenían meses de haber sido formadas, sin experiencia ni requisitos técnicos para la labor. También concluye que no hay evidencia que sean los pueblos indígenas quienes rompen el ducto ni que presionen a la empresa para que los contrate para la limpieza. Ruiz Molleda acotó que muchas de estos concesionarios pertenecen a ex trabajadores y funcionarios de Petroperú que sabotearían la infraestructura adrede.

La petrolera estatal ha argumentado en más de una ocasión que no puede otorgar detalles técnicos del mantenimiento a los abogados de IDL por ser información corporativa. Por los derrames de Morona y Chiriaco, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) le impuso una multa de 25 millones de soles, la más alta en el país, la cual está impaga porque se ha impugnado ante la entidad.

Son cerca de treinta comuneros, entre adultos y niños, quienes están llevando tratamiento en el hospital regional de Iquitos por la presencia de metales tóxicos en su organismo. Esto debido a que en 2018 la Corte Superior de Loreto emitió una sentencia que obliga al gobierno regional a brindarles atención sanitaria luego que los mismos indígenas organizados junto a FEDEPCUM, Galo e IDL los demandaran. De la misma forma, un anterior colegiado del Tribunal Constitucional en 2020 sentenció que Petroperú debía pagarles una compensación económica por el daño ocasionado, que aún no cumple.

La abogada colombiana Liliana Ávila García, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la ONG AIDA, intervino en la sesión para precisar que los indígenas tienen una relación entrañable con sus territorios de los que dependen para su supervivencia física y cultural. Destacó que el oleoducto norperuano atraviesa uno de los ecosistemas más importantes y a la vez frágiles del mundo como es la Amazonía, la cual es el bosque tropical más grande del planeta y alberga el 10% de la biodiversidad conocida. Resaltó que la selva amazónica funciona como estabilizador ante el cambio climático dado que almacena entre 70 y 140 toneladas métricas de dióxido de carbono que no son liberadas a la atmósfera, evitando el calentamiento global.

Entre 2000 y 2019 se dieron en toda la Amazonía unos 474 derrames petroleros, siendo el 65% por falta de mantenimiento de las instalaciones de las industrias extractivas, según Ávila. Apuntó que la exploración y el transporte de hidrocarburos es una actividad riesgosa que impone obligaciones internacionales a los Estados. Concluyó que los pueblos indígenas, los principales afectados, son sujetos de especial protección desde el Derecho internacional y los derechos humanos.

La sesión en Tribunal Constitucional se celebró el mismo día internacional de los pueblos indígenas. Ese mismo día, el gobierno regional de Loreto asignó 5 millones de soles para un plan de atención médica a los comuneros afectados, a raíz de la sentencia de 2018. Los abogados de Petroperú no concurrieron a la audiencia, por lo que sus argumentos no fueron oídos por los magistrados quienes pronto emitirán su voto.

Ruiz Molleda espera generar un precedente jurídico con el caso: “La idea es validar un tipo de intervención para que sea seguido en los otros casos. La idea es construir un modelo de protección de derechos porque no es el único derrame y no queremos que haya más derrames”.