Comunidades nativas Secoya denuncian dilación injustificada de la audiencia de la demanda por la titulación integral de su territorio

Fuente: Boletín del pueblo de Secoya.

Loreto, 30 de enero de 2023. Un viaje de tres días realizaron los Apus y una gran delegación de las comunidades nativas Secoya: Mashunta, San Martín de Porres y Vencedor-Wajoya para asistir el lunes pasado junto a su equipo técnico del Instituto de Defensa Legal, Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, a la Corte Superior de Justicia de Loreto, y en concreto al Juzgado Mixto de El Estrecho, de la provincia de Putumayo, que atiende desde Iquitos, donde se celebraría una audiencia por la demanda de amparo interpuesta por estas comunidades para que se reconozca su derecho a la propiedad integral de su territorio ancestral, audiencia por la que las comunidades han esperado más de un año. Sin embargo, la audiencia fue suspendida pocos minutos después de su instalación por la jueza.

La delegación Secoya ofreció una rueda de prensa previa al ingreso a la audiencia, en la que explicaron su derecho a contar con el título del 100% sobre su territorio. Como lo señala el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente, toda vez que el territorio es una condición para su subsistencia. Actualmente la comunidad San Martín de Porres tiene el 39.71% de propiedad titulada sobre sus territorios; Mashunta, el 20,34%; y Vencedor, el 38,90%. El resto de sus territorios, que representan cerca de 120 mil hectáreas de bosque, les ha sido reconocido, pero no como propiedad sino en “cesión de uso,”. Y es que, de acuerdo con la legislación peruana, si los territorios solicitados por las comunidades tienen aptitud ganadera o agrícola les son entregados en propiedad, pero sin tiene aptitud forestal, como es la gran mayoría de la selva amazónica, les entregan en cesión en uso.

Rodrigo Pacaya, Apu de la comunidad nativa Mashunta, asegura que “para nosotros – los Secoya – la aptitud agrícola o forestal no existe, la cesión de uso no existe, porque nosotros usamos todo, porque ahí está nuestra botica y nuestro mercado, nuestro aire puro. Nosotros venimos cuidando esto desde hace muchos años”.

El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien acompaña la causa Secoya y parte del equipo del Instituto de Defensa Legal (IDL), señala que la cesión de uso es un riesgo para las comunidades Secoya, porque “esto implica préstamo, en cualquier momento el Estado peruano puede cambiar de opinión, pueden ingresar mineros ilegales, madereros, por eso quieren que se les reconozca la propiedad de los bosques que han protegido y han sido guardianes por miles de años, ellos están aquí antes de la constitución del Estado”.

Apus y dirigentes reclaman a la jueza por la suspensión de la audiencia

Posterior a la rueda de prensa ingresaron a la Sala de audiencias y poco minutos después, la jueza informó que hace tres semanas, el 12 de enero de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un escrito en el que solicita que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura también comparezcan en esta audiencia. El trámite correspondiente de consultar la opinión de los Secoya sobre la participación de otros dos actores del gobierno debió realizarse y decidirse antes de la audiencia. Sin embargo, eso no ocurrió y pese a que como explicó el abogado Ruiz Molleda a la jueza, esas dos instituciones no tienen ninguna competencia directa en los temas que se discuten en la demanda relativa a la otorgación de títulos a comunidades nativas (que corresponde al Gobierno Regional de Loreto) la jueza resolvió suspender la audiencia para notificar a estas instituciones, motivo por el cual la audiencia fue reprogramada para después de 3 meses, el 14 de abril de 2023.

Debemos señalar con preocupación que para el gobierno peruano no es suficiente que SEIS instituciones del gobierno nacional y regional hayan sido demandadas y sean partes en el proceso judicial, , sino que solicitan la presencia de más entidades en el proceso. En este sentido OCHO instituciones del gobierno central y regional se opondrán a tres comunidades nativas secoyas que luchan por sus derechos legítimos.

Las comunidades Secoya presentaron la demanda diciembre de 2021, la misma fue rechazada por el juez de primera instancia, con argumentos formales. Esta decisión fue apelada ante la Sala Civil de la Corte de Loreto, que la revocó y dispuso que la demanda debía ser conocida y resuelta la petición de fondo realizada por las comunidades secoyas. Desde entonces hasta este día, las comunidades y todo el pueblo secoya esperaron pacientemente por esta audiencia, y para ello, y según sus propias prácticas, decidieron viajar a Iquitos para explicar a los jueces su relación histórica con sus territorios, su conocimiento, uso y cuidado del mismo; así como la vida espiritual y cosmovisión de los Secoyas en las cascadas, en los ríos, en los animales y plantas, en los lugares donde están enterrados sus antepasados. Algo imprescindible para que la jueza tenga los conocimientos, criterios y comprensión necesaria para resolver esta petición; y que sólo los Secoyas conocen y por lo que deben ser escuchados, especialmente porque debe ser garantizada su pervivencia física y cultural, hoy en riesgo.

Todo ello, respetando a la vez el principio de interculturalidad y respeto a la identidad étnica establecidos en la Constitución. “Nosotros hemos venido pensando que nos iba a atender la jueza, hemos venido dejando, desde muylejos, a nuestros hijos y hoy vamos a regresar tristemente sin llevar una noticia favorable para quienes nos están esperando en la zona” dijo Marcela Cabrera Sandoval, mujer Secoya que se movilizó para la audiencia.

“En nombre del pueblo Secoya me siento indignado, teníamos que realizar la audiencia, pero la jueza la suspende vulnerando nuestros derechos, venimos arriesgando nuestras vidas, hemos dejado a nuestras esposas, esposos, hijos. Perú tiene 47 pueblos indígenas, como personas, como peruanos, como ciudadanos tenemos derechos que nos deben respetar” afirma Ricardo Chota, traductor e integrante de la delegación Secoya.

Las comunidades Secoya se enfrentan a un Estado que incumple sus obligaciones de garantizar los derechos a pueblos y comunidades indígenas, que no respeta el carácter intercultural del Perú, que no garantiza la participación de las comunidades respetando sus propias especifidades, mientras dilata innecesaria e injustificada del proceso, sin dar importancia al sacrificio desproporcionado que las comunidades secoyas realizan para que sus derechos violentados sean reparados.

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