Comunidades secoyas buscan justicia para garantizar propiedad integral de sus territorios ancestrales

Comunidades secoyas buscan justicia para garantizar propiedad integral de sus territorios ancestrales

El día de mañana, 17 de enero, se llevará a cabo la audiencia de apelación del fallo emitido por la Corte Superior de Loreto en 2023, que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por tres comunidades nativas del pueblo Secoya: Mashunta, San Martín de Porres y Vencedor contra la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Loreto.

Además comparecieron en este proceso los ministerios de Defensa (MINDEF), Cultura (MINCUL), Agricultura y Riego (MIDAGRI), Ambiente (MINAM), Relaciones Exteriores (RREE), la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Es importante destacar también el patrocinio jurídico y técnico del Instituto de Defensa Legal (IDL), Alianza Ceibo y Amazon Frontlines.

¿Qué piden las comunidades?

Que la jueza ordene a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Loreto la inmediata rectificación del título de ampliación de propiedad de las tres comunidades porque hasta el momento el Estado sólo les ha reconocido un mínimo de su territorio en propiedad. El resto del territorio tradicional de estas comunidades– unas 120 mil hectáreas con “aptitud forestal” – se les presta en “cesión de uso”, una figura que vulnera los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en los artículos 2.16 , 70 y 80 de la Constitución del Perú y el Convenio 169 de la OIT. Por eso, le solicitan a la magistrada que ordene a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Loreto que inaplique el artículo 76 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre referida a esta figura de la “cesión de uso”; y la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura que de forma progresiva rectifique los títulos de estas comunidades para que coincidan con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Además, esta institución debe adecuar la legislación vigente sobre titulación de las comunidades nativas a nivel nacional al   artículo 14.1 y 14.2 de dicho convenio.

Las comunidades afectadas sostienen que los derechos constitucionales amenazados y violados son: el derecho a la propiedad sobre territorio ancestral de los pueblos indígenas, el derecho a la identidad cultural y a la integridad social, cultural y física de los pueblos indígenas, así como el derecho a los recursos naturales en sus territorios.

Las comunidades que presentan esta demanda, cuentan con títulos de propiedad sobre apenas una parte de sus territorios ancestrales: la comunidad nativa San Martín de Porres, apenas tiene su título sobre el 39,71%; Mashunta apenas del 20,34% y Vencedor, solo del 38,90%. El resto de sus territorios, de carácter ancestral, habitados y protegidos de manera culturalmente idónea y eficiente representan cerca de 120 mil hectáreas de bosque que siguen siendo “propiedad” del Estado peruano, que ha “encargado” el cuidado a los pueblos indígenas a través de contratos de cesión de uso forestal, cuando son estos pueblos son los únicos y verdaderos dueños.

A partir de una serie de estudios antropológicos, botánicos y lingüísticos estas demandas sustentan y demuestran que el Pueblo Secoya existe desde hace más de dos mil años y que su territorio original se ubica en espacios que hoy están divididos por las fronteras entre Ecuador, Perú y Colombia. El Pueblo Secoya ha sobrevivido a la imposición de procesos de evangelización, enfermedades y guerras, sin embargo, los nombres de los ríos, el cultivo específico de ciertas plantas y raíces que forman parte de su conocimiento ancestral médico y espiritual, además de la identificación de estas comunidades, son testigos directos de la propiedad ancestral de las comunidades nativas sobre estos territorios.

Recordemos que el bosque es esencial para la subsistencia de las comunidades nativas, por lo que la restricción que representa las sesiones de uso, coarta sus derechos colectivos y pone en riesgo su supervivencia cultural y física. El marco legal actual de Perú ignora el creciente consenso de que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la Amazonía y la certeza científica de que la crisis climática mundial no se puede resolver sin proteger la Amazonía, y pone al país en grave riesgo de no cumplir con las obligaciones internacionales para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, como la Declaración de Glasgow, suscrita en noviembre de 2021.

¿Cuáles fueron los principales argumentos de la jueza Silvia Hidalgo para desestimar la acción de amparo presentada el año pasado?

Ella sostuvo que los procesos de amparo sólo se emplean cuando la protección de los derechos fundamentales no se puede obtener en el marco de los procesos judiciales ordinarios, y considera que este no es el caso, la demanda debió haber sido tramitada ante un juez ordinario a través de un proceso contencioso administrativo. Además, añade que no encuentra cuál sería el riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se tramite en la vía ordinaria, en tanto actualmente las comunidades vienen utilizando los bosques en cesión de uso indefinido.

Sin embargo, el argumento de las comunidades es potente porque se basa en la ley nacional e internacional: los contratos de cesión de uso constituyen una manera de despojarlos de su territorio ancestral. El Estado tiene la obligación de respetar sus derechos, así como las normas internacionales vigentes. Finalmente, es menester mencionar que el Tribunal Constitucional ha reconocido que el amparo es la vía idónea para proteger derechos de grupos vulnerables como son los pueblos indígenas, puesto que la violación de estos derechos exige la protección a través de la tutela urgente. Recordemos la sentencia RTC 00906-2009-AA, f.j. 12 que señala “teniendo en cuenta lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú, del 2 de junio del 2000, es necesario puntualizar que la mayoría de las comunidades nativas vive en condiciones de extrema pobreza e inferior calidad de vida. La pobreza estructural afecta a los pueblos indígenas (Comunidades nativas, comunidades campesinas, etc.) con mayor intensidad, restringiéndoles el pleno goce de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales”.

Y el TC finaliza con el reconocimiento expreso de que se considera que a través del amparo es la vía idónea para proteger los derechos de los pueblos indígenas al señalar: “En consecuencia son un grupo social de especial vulnerabilidad que requiere de una tutela urgente ante la amenaza o lesión de sus derechos constitucionales, fundamentales y colectivos. Por ello este Colegiado considera que el proceso de amparo de acuerdo a lo regulado por el artículo 200, inciso 2, de la Constitución, y el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, resulta idóneo para tal fin; y dada la urgencia advertida este Tribunal no comparte el criterio de considerar aplicable al presente caso el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

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