Comunindad Ashaninka Nuevo Amanecer Hawai sigue esperando por justicia ante el Tribunal Constitucional
Desde tiempos inmemoriales, la zona denominada el Gran Pajonal es territorio ancestral del pueblo asháninka. La comunidad asháninka Nuevo Amanecer Hawai se encuentra ubicada precisamente en el centro de ese territorio, en la unión de tres Regiones: Pasco, Junín y Ucayali.
En 1987, cuando llegó la subversión a la comunidad (que hasta entonces se denominaba Piliari), los comuneros fueron expulsados por los terroristas. Recién en 2003 los asháninka retornaron a su territorio y repoblaron la comunidad, cambiando su denominación a Nuevo Amanecer Hawai, en honor a la variedad de piña hawaiana, que fue introducida con éxito como cultivo de consumo luego del retorno a su territorio.
En 2006, la comunidad Nuevo Amanecer Hawai fue reconocida como tal por la Dirección Regional de Agricultura de Pasco. Sin embargo, aun faltaba la titulación de su territorio. Sin embargo, en 2008 el INRENA otorgó concesiones madereras en el territorio de la comunidad sin consulta previa, a tres empresas madereras.
Desde ese año los madereros han invadido la comunidad. El personal de dichas empresas ha ido creado “asociaciones” en la zona con el exclusivo fin de apoderarse de áreas del territorio comunal. A partir de 2006 la Comunidad Hawai ha venido solicitando se le titule de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente. Sin embargo, ni COFOPRI ni los gobiernos Regionales, que ahora tienen la potestad de titular, han cumplido con hacerlo.
Los madereros no solo impiden a los asháninka el uso de su territorio y sus recursos, sino que extraen los recursos sin ningún tipo de beneficio para la comunidad. Además, atemorizan constantemente a la población y amenazan de muerte a sus líderes y jefes.
Mauro Pío, jefe y líder histórico de la comunidad que dedicó gran parte de su vida a defender su territorio, los bosques, el ambiente, fue asesinado en el año 2013 por sicarios contratados por los madereros. Su su muerte ha quedado impune. El amedrentamiento y las amenazas a los líderes y comuneros continúan ininterrumpidamente desde entonces.
En 2015, cansada de solicitar que se titule su territorio, la comunidad inició un proceso de amparo con el apoyo del IDL, contra el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura. El Convenio 169 establece que los Estados están obligados a reconocer a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
A fines de 2018, el proceso de amparo subió al Tribunal Constitucional donde aún se encuentra esperando por justicia. La violación de sus derechos continúa, así como las amenazas y la obstaculización del disfrute del territorio. La nueva junta directiva de la comunidad sigue recibiendo amenazas de muerte, y para colmo, las asociaciones usurpadoras han iniciado un proceso contencioso administrativo contra la comunidad, solicitando que se declare nula la resolución de reconocimiento.
Este caso es importante no solo por el tema de la titulación de territorios indígenas sino también del problema de los defensores indígenas de derechos humanos y de la necesidad de proteger los bosques amazónicos. Recordemos que la deforestación de Perú en 2018 alcanzó las 154.766 hectáreas y la superficie acumulada de pérdida de bosques desde 2001 es de casi 2,3 millones de hectáreas, una extensión similar al territorio de El Salvador. Y.. como sabemos, la deforestación es una de las principales causas del cambio climático en el mundo.
Exhortamos al TC a tomar en cuenta los largos años que la comunidad viene luchando por el reconocimiento de sus derechos y que expida lo antes posible la sentencia en este caso, para evitar nuevas muertes y otras graves vulneraciones de derechos colectivos e individuales.