Condenamos la no ratificación de Fiscal José Domingo Pérez por un proceso sin garantías básicas de defensa
Lima, 20 de marzo de 2026. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), expresamos nuestra profunda preocupación por la no ratificación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien el 19 de marzo de 2026 quedó excluido del Ministerio Público, después de 21 años de desempeñarse en esta institución, tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de concluir que no existía “convicción positiva” para renovar la confianza en su desempeño. Esta decisión, que en la práctica implica su separación del cargo, se adoptó sin garantías básicas de debido proceso, ya que no se le notificó el informe que contiene los supuestos hechos que han sido utilizados para evaluarlo y no ratificarlo. En consecuencia, no tuvo la oportunidad de presentar objeciones ni se le escuchó en audiencia pública, impidiéndole ejercer su derecho de defensa. Estos hechos se inscriben en un contexto cada vez más hostil contra operadores de justicia en Perú, quienes enfrentan con creciente frecuencia procedimientos que buscan su suspensión, destitución, inhabilitación o remoción como represalia a su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
El fiscal José Domingo Pérez, se desempeñó desde el 2017 como integrante del Equipo Especial Lava Jato, coordinado por el Fiscal Rafael Vela Barba, desde el cual se lideraron investigaciones de alto impacto vinculadas a empresas como Odebrecht, y diversos funcionarios y personajes políticos. Ambos fiscales son beneficiarios de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en el ejercicio de estas funciones, han enfrentado de manera reiterada agresiones, hostigamientos y actos de criminalización, acumulando más de 10 denuncias penales y decenas investigaciones disciplinarias en contra de ambos, quienes incluso ya fueron anteriormente separados arbitrariamente de sus cargos. Ejemplo de ello es la suspensión del fiscal Vela en el 2023, quien posteriormente retornó a su cargo gracias a una demanda de amparo.
La labor de los fiscales Domingo Pérez y Vela se vio interrumpida en enero de 2026 con la disolución del equipo, una medida que desarticuló una unidad especializada sin criterios objetivos, en contravención de estándares internacionales; resultando además que solo los fiscales Vela y Pérez quedaron excluidos de continuar las investigaciones a su cargo bajo en nuevo esquema fiscal. Ello sucedió, incluso en contra del llamamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) del 2025 para resguardar la labor y protección de los fiscales Vela Pérez quienes investigaban casos de alto perfil sobre corrupción transnacional. Posteriormente, en febrero de 2026, se impusieron sanciones disciplinarias contra ambos fiscales por declaraciones sobre investigaciones de interés público, lo que resulta incompatible con dichos estándares y evidencia un proceso progresivo y agresivo de debilitamiento de una entidad clave en la lucha contra la corrupción. En conjunto, estos hechos, sumados a la reciente no ratificación del fiscal José Domingo Pérez sin garantías de debido proceso, muestran una secuencia de decisiones que han ido erosionando la independencia fiscal en el país. Esta situación ha sido evidenciada por la jueza Antonia Saquicuray de la asociación JUSDEM en la audiencia pública de oficio convocada por la CIDH, el 9 de marzo del 2026, sobre los ataques riesgos a operadores de justicia en la región.
En este contexto, la no ratificación del fiscal José Domingo Pérez carece de legitimidad y resulta incompatible con los estándares internacionales sobre debido proceso y estabilidad en el cargo de operadores de justicia. Estos estándares exigen que cualquier proceso de evaluación o separación respete plenamente las garantías judiciales, incluyendo el derecho a ser oído, a contar con información previa suficiente, a ejercer la defensa y a recibir una decisión debidamente motivada, mediante procedimientos objetivos e imparciales. La ausencia de estas garantías compromete gravemente la validez de la decisión adoptada y profundiza el debilitamiento de la independencia del Ministerio Público. Asimismo, recordamos que la actual JNJ, órgano encargado de nombrar, evaluar y remover operadores de justicia en el Perú, se encuentra considerablemente debilitada, luego de haberse renovado la totalidad de sus miembros durante a partir del 2025 en un proceso de selección sin cumplir con los estándares mínimos de transparencia, publicidad, y confianza. En la actualidad, dicha institución ha llevado adelante numerosos procesos que ponen en duda su independencia y apego al mandato constitucional.
Por ello, frente a esta grave situación, condenamos enérgicamente la no ratificación del fiscal José Domingo Pérez, expresamos nuestro pleno respaldo a su labor, así como a la del fiscal Rafael Vela Barba, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y llamamos al Estado peruano a través de la Junta Nacional de Justicia a revisar esta decisión, y garantizar el respeto irrestricto del debido proceso y la independencia fiscal en los mecanismos de evaluación y permanencia en el cargo. Recordamos al estado peruano que es su obligación asegurar la inamovilidad de los operadores de justicia y adoptar medidas efectivas para proteger su vida e integridad. Asimismo, instamos a que se restablezcan las condiciones necesarias para que las investigaciones de corrupción de alto nivel puedan desarrollarse con independencia y sin interferencias indebidas, y a que las autoridades jurisdiccionales competentes examinen estas graves vulneraciones y adopten decisiones conforme a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos.