Contaminación en Espinar: Poder Judicial de Arequipa confirma absolución de defensores de derechos humanos

La Tercera Sala Penal de Arequipa confirmó la absolución de los defensores de derechos humanos Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando Osores Plengue, a quienes se les procesó por el delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

El Ministerio Publico les atribuyó el haber utilizado el Informe N° 100/10 –supuestamente falso- emitido el 31 de Enero del 2011: “Estudio de la Línea de Base de las Comunidades del Proyecto Minero Quechua en la localidad de Huano Huano”, emitido por el Instituto Nacional de Salud, en el que se consignó el análisis realizado a Margarita Cahuana Córdova, que luego se utilizó en el artículo “La Contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas”, publicado en el portal “Justicia Viva” del IDL.

Luego de analizar las pruebas, el tribunal determinó que los imputados no solamente tomaron como referencia para escribir el artículo el informe 100/10 (supuestamente falso) sino otros documentos como la declaración jurada de la señora Margarita Ccahuana Córdova entregó al IDL  antes de su fallecimiento, en el que se especifica que sufría de cáncer renal y la desatención del sector salud. En ese momento ella solicitó apoyo legal del IDL.

Otro documento que mostraron fue  el informe de alta expedido por la Clínica San Juan de Dios, el informe ecográfico expedido por la Liga contra el Cáncer y el informe expedido por la Clínica Vallesur.  Todos estos documentos dan a conocer que la señora Margarita Cahuana tenía un tumor renal maligno. En el juicio también se presentaron  testimonios de varios pobladores que indicaron que sabían que Margarita Cahuana reclamaba los resultados de análisis.

Otro elemento importante que fue considerada por la jueza de primera instancia y por el tribunal fue el Acta Defensorial de la entrevista a María del Carmen Gastañaga Ruiz, jefa del CENSOPAS, quien afirmó que los formatos que no tienen firma y sello tienen plena validez. Esto evidencia que el formato que se entregó a Margarita Cahuana no era el único, sino que hubo otros pobladores de Espinar a quienes también se les entregaron los resultados con el mismo formato sin sello ni firma de algún funcionario del Ministerio de Salud.

Asimismo, el colegiado concluye que Fernando Osores y Juan Carlos Ruiz no actuaron con dolo pues para la publicación de la nota informativa tuvieron a su alcance diversos documentos que sirvieron de base para la publicación, y que ellos actuaron dentro de su derecho constitucional a la información.

La Procuraduría Pública en defensa de los intereses del Estado postuló que con su accionar Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores habían causado un daño a la imagen y un daño emergente al Estado. El tribunal determinó que la Procuraduría no adjuntó, durante la primera y segunda instancia, ningún medio probatorio que sustente el daño a la imagen ni el daño emergente, por lo que no es posible imponer una reparación civil.

Este es un caso emblemático de criminalización de defensores de derechos humanos y que utiliza al sistema de justicia para neutralizarlos y que no continúen denunciando estas graves violaciones a los derechos fundamentales de personas vulnerables de las zonas más alejadas del país que siempre están expuestas a la contaminación por las actividades mineras.