¿Cuáles son las implicancias prácticas de que el río Marañón tenga derechos?

¿Cuáles son las implicancias prácticas de que el río Marañón tenga derechos?

Juan Carlos Ruiz Molleda

La jueza de Nauta acaba de emitir sentencia en el proceso de amparo presentado por la organización de mujeres cocamas Huaynakana, del distrito de Parinari, provincia y región de Loreto, contra diferentes entes del Estado ante la constante contaminación del río Marañón por los derrames de petróleo.

Quizá, para algunos, esta sentencia no tiene efectos y consecuencias prácticas. Se trataría de un reconocimiento solo simbólico y bien intencionado. Se equivocan. Esta sentencia, en caso de que sea confirmada por la Sala Civil de Loreto, y quede firme, tendrá enormes consecuencias, muy concretas. En este artículo no hablaremos de los fundamentos constitucionales del reconocimiento de los derechos de la naturaleza¹, sino de las consecuencias jurídicas prácticas.

No se trata del primer pronunciamiento en el Perú que reconoce los derechos de la naturaleza. Tenemos, en primer lugar, las ordenanzas de gobiernos locales que han reconocido sus cuencas como sagradas. Tenemos un conjunto de ordenanzas que declaran sus cuencas como sujetos de derechos: la ordenanza de Melgar, la ordenanza de Orurillo, la ordenanza de Ocuviri. Incluso en el Congreso de la República se ha discutido un proyecto de ley para reconocer los derechos de la naturaleza, y el proyecto de ley para descontaminar ríos. Finalmente, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional peruano que establece que no se puede excluir aquellos enfoques que consideran a los ríos como sujetos de derechos.

 

1. ¿Qué ha reconocido la sentencia?

La jueza, en el primer punto de la parte resolutiva, resuelve “DECLARAR AL RÍO MARAÑÓN Y SUS AFLUENCIAS COMO TITULAR DE DERECHOS”. Inmediatamente después, reconoce los siguientes derechos al río Marañón en su sentencia:

i. Derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable;
ii. el derecho a brindar un ecosistema sano;
iii. el derecho fluir libremente de toda contaminación;
iv. el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes;
v. el derecho a la biodiversidad;
vi. el derecho a que se la restaure;
vii. derecho a la regeneración de sus ciclos naturales;
viii. derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas;
ix. derecho a la protección, preservación y recuperación;
x. derechos que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente, por ser parte importante en los derechos fundamentales de todo ser humano y de nuestras futuras generaciones al ser vida, salud, y representa una de nuestras necesidades básicas, para nuestra subsistencia.

 

2. ¿Cómo se incorporan estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico constitucional?

Lo que ha hecho la jueza no es crear un nuevo derecho fundamental, sino desarrollar el contenido constitucional protegido del derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución. En sentido estricto, no estamos ante derechos innominados o implícitos (art. 3 de la Constitución), sino ante la manifestación innominada de un derecho fundamental ya reconocido, como es el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida.

Estamos ante “normas adscritas” y no ante “normas directamente estatuidas”, como lo explica Robert Alexy². Una norma directamente estatuida es una norma que está expresamente reconocida por la Constitución o por un tratado internacional de derechos humanos, como, por ejemplo, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, mientras que su concreción, que significa la interpretación de esta disposición constitucional, es una constitucional adscrita o adherida al derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida.

Para Luis Castillo Córdova, las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) son fuente de derecho constitucional³. Nosotros consideramos que eso que se dice del TC también se aplica a la interpretación de la Constitución que haga un juez o un tribunal en el marco de un proceso constitucional, como es el caso de la jueza de Nauta en esta sentencia.

Siguiendo a Luis Castillo Córdova, los derechos reconocidos al río Marañón por el TC o un órgano jurisdiccional (como la jueza de Nauta), en el marco de un proceso constitucional, son concreciones directas de las normas constitucionales directamente estatuidas (el derecho fundamental a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución), que nacen al sistema jurídico adheridas a ellas, de modo que comparten su valor y su rango⁴. En tal sentido, “las normas creadas por el Tribunal Constitucional como consecuencia de una interpretación de concreción y directa de una norma constitucional directamente estatuida, se les denominará como normas constitucionales adscritas a las normas constitucionales directamente estatuidas o, simplemente, normas constitucionales adscritas”⁵.

 

3. ¿Qué implica que los derechos del río Marañón tienen fuerza normativa?

Estos derechos se incorporan en nuestro ordenamiento como una norma jurídica y no solo como una declaración bienintencionada. La incorporación de nuevos derechos fundamentales del río Marañón tiene dos principales consecuencias. Primero, incorpora nuevos derechos humanos, como en este caso, que desarrolla el contenido del derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Segundo, estos derechos se convierten en un nuevo parámetro de validez material de un acto normativo o administrativo.

 

4. ¿Qué rango tienen estos derechos?

Tendrían rango constitucional. Al desarrollar un derecho que tiene rango constitucional, como es el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, su interpretación, desarrollada por la jueza de Nauta, se adhiere a este derecho fundamental, con el mismo rango constitucional de este. Es decir, los derechos del río Marañón se incorporan como una norma de la mayor jerarquía, de rango constitucional. No se trata de una declaración más, sin efecto vinculante, que se incorpora en el ordenamiento jurídico. Se trata de norma con rango constitucional.

 

5. ¿Tienen vigencia inmediata o deben ser desarrollados por ley?

Los derechos reconocidos por la jueza, en caso de ser confirmada la sentencia, son de aplicación inmediata por todos los operadores del sistema de justicia y todo funcionario público, incluidos los particulares, pues como toda norma constitucional que reconoce derechos, no necesita una norma de desarrollo para desplegar efectivos normativos⁶, a diferencia de las normas de la parte orgánica de la Constitución, que sí necesitan una ley orgánica para ello, como por ejemplo la ley orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, etc.

 

6. ¿Cuál es la consecuencia concreta de actos que violen estos derechos?

El último párrafo del artículo 31 de la Constitución es muy claro: “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. En esa misma línea, tenemos el artículo 10.1 de la Ley 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos, el cual precisa: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho […] la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”. En consecuencia, estos derechos no pueden ser contradichos ni modificado por ninguna ley y normas de rango reglamentario, bajo sanción de nulidad. Ciertamente, se presume que todo acto administrativo es constitucional y válido, hasta que un juez declare la nulidad de una norma y la expulse del ordenamiento jurídico, salvo que estemos ante violaciones manifiestas⁷.

 

7. ¿Cómo podemos defender los derechos conseguidos y exigir su cumplimiento?

La vigencia de estos derechos puede ser exigida, protegida y defendida a través de procesos judiciales. Al ser derechos fundamentales, pueden ser defendidos y protegidos especialmente por los procesos constitucionales. En efecto, según el artículo II de Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución”. En ese mismo sentido, la Constitución precisa: “La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución”.

 

8. ¿Qué significa que los pueblos indígenas son representantes del río Marañón?

La jueza de Nauta dice en su fallo: “ORDENO EL RECONOCIMIENTO Y NOMBRAMIENTO del Estado (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Autoridad Nacional del Agua), Gobierno Regional de Loreto y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes” (resaltado nuestro). Esto significa que los pueblos, junto con el Estado, son los representantes del río Marañón. Es decir, cada vez que el Estado adopte una decisión susceptible de afectar el río Marañón, deberá convocar a sus representantes, entre otros, los pueblos indígenas.

 

9. ¿Quiénes pueden presentar la demanda de amparo?

Además de las organizaciones indígenas, que son los representantes legales del río Marañón, esta demanda la puede presentar cualquier ciudadano, al tratarse de un derecho difuso. Derecho difuso es un derecho en que es indeterminado el universo de afectados, como por ejemplo el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida⁸. Obviamente, cualquier miembro de los comités de cuenca del río Marañón también podrá presentar la demanda de amparo.

 

10. Un caso concreto de aplicación de esta sentencia

En estos momentos, ciudades como Nauta, que está a orillas del río Marañón, vierten sus excretas, los residuos fecales, en el río Marañón. Esto es posible gracias a que el Gobierno lo ha permitido, a través de un decreto legislativo con rango de ley. En efecto, la norma expedida por el Estado, que permite el vertimiento de excretas al Río Marañón, sería inconstitucional, de confirmarse esta sentencia.

La Ley 29338, más conocida como ley de recursos hídricos, es muy clara: prohíbe el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. Se trata nada menos que de una ley aprobada con bombos y platillos.

Artículo 79.- Vertimiento de agua residual

La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marítima sobre la base del cumplimiento de los ECA-Agua y los LMP. Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización.

En caso de que el vertimiento del agua residual tratada pueda afectar calidad del cuerpo receptor, la vida acuática asociada a este o sus bienes asociados, según los estándares de calidad establecidos o estudios específicos realizados y sustentados científicamente, la Autoridad Nacional debe disponer las medidas adicionales que hagan desaparecer o disminuyan el riesgo de la calidad del agua, que puedan incluir tecnologías superiores, pudiendo inclusive suspender las autorizaciones que se hubieran otorgado al efecto. En caso de que el vertimiento afecte la salud o modo de vida de la población local, la Autoridad Nacional suspende inmediatamente las autorizaciones otorgadas.

Corresponde a la autoridad sectorial competente la autorización y el control de las descargas de agua residual a los sistemas de drenaje urbano o alcantarillado.

El mandato es claro: está prohibido contaminar los ríos. Debemos cuidar los ríos. Sorprendentemente, el Estado modifica el artículo 79 de la Ley de recursos hídricos, a través del artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1285, publicado el 29 de diciembre de 2016. En esta nueva norma se da un plazo de gracia a las empresas de saneamiento para seguir vertiendo aguas servidas y residuos sólidos.

Artículo 4. Adecuación progresiva de los vertimientos del sector saneamiento

4.1 Establécese un plazo no mayor de nueve (09) años, para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento a lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Como podemos advertir, se da 9 años en el 2016 para que las empresas de saneamiento de Nauta, y de todas las ciudades ribereñas de la Amazonía, sigan contaminando con el vertimiento de restos fecales. Se trata de una licencia para seguir contaminando. Este decreto legislativo será inconstitucional, porque viola el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Y más en concreto, el derecho del río Marañón a “fluir libremente de toda contaminación”, reconocida por la sentencia.

 

11. A modo de conclusión

Como podemos apreciar, esta sentencia tiene consecuencias prácticas y concretas. Esta sentencia, de ser confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, constituye una herramienta jurídica muy potente en la defensa del río Marañón, y abre un precedente importante en la defensa de todos los ríos del Perú, en un país como el nuestro, donde los ríos vienen siendo contaminados por los particulares y por el propio Estado.

 

Notas:
1. Ver https://ia601804.us.archive.org/10/items/dt-derechos-de-lanaturaleza/DT%20derechos%20de%20lanaturaleza.pdf
2.
Alexy, Robert (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, pp. 63-73.
3. Castillo Córdova, Luis (2019). El derecho constitucional creado por el Tribunal Constitucional, Gaceta Constitucional, Lima, pág. 7.
4. Ibídem, pág. 8.
5. Ibídem.
6. Ver STC No 00022-2009-PI, f.j. 12 y 13.
7. https://laley.pe/2018/11/28/el-principio-de-legalidad-como-pretexto-para-incumplir-el-convenio-169-de-la-oit/.
8. Ver https://enfoquederecho.com/2020/01/15/la-proteccion-jurisdiccional-de-los-intereses-difusos/

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