Cuando las mineras trasgreden los principios éticos que proclaman públicamente

Cuando las mineras trasgreden los principios éticos que proclaman públicamente

 

Juan Carlos Ruiz Molleda y Alexis Revollé Tercero, IDL

En su discurso público hacia el exterior, las grandes empresas mineras se comprometen, entre otras cosas, a obtener consentimiento de las comunidades afectadas por sus proyectos, pero dentro del país, en muchas ocasiones, ni siquiera realizan una consulta previa. Así, por ejemplo, la empresa Newmont, propietaria de Yanacocha, se ha comprometido a consultar con las comunidades afectadas y obtener su consentimiento. Sin embargo, hasta hoy se niega a consultar el proyecto Colorado con la comunidad campesina San Andrés de Negritos.

Newmont es miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), organización que, desde 2001, reúne a los líderes de la industria extractiva minera y metalúrgica, con el compromiso de mejorar el desempeño en desarrollo sustentable que la sociedad requiere1.

 

Los principios de desarrollo sostenible que las empresas proclaman cumplir

Como miembro del ICMM, Newmont se compromete a cumplir con los diez principios del desarrollo sostenible2, también llamados Principios mineros. De todos ellos, dos nos interesan particularmente:

3. Principio de Derechos humanos: Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres de los trabajadores, en la relación con los empleados y otros grupos afectados por nuestras actividades.

9. Principio de Desempeño social: Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación.

 

El contenido del principio de respeto a los derechos humanos

En relación con el contenido del principio de derechos humanos, se establece nueve objetivos:

3.1 Apoyar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos mediante el desarrollo de un compromiso normativo de respetar los derechos humanos, llevar a cabo una labor de diligencia debida en materia de derechos humanos y disponer (o colaborar en) procesos dirigidos a posibilitar la reparación de los efectos adversos que hayan provocado o a los que hayan contribuido los miembros del ICMM en el ámbito de los derechos humanos.

3.2 Evitar el desplazamiento físico o económico involuntario de las familias y las comunidades. Cuando esto no sea posible, aplicar la jerarquía de mitigación y ejecutar acciones o recursos que aborden los efectos adversos residuales a fi n de restaurar o mejorar las condiciones y los niveles de vida de las personas desplazadas.

3.3 Aplicar, en función del riesgo, un enfoque de derechos humanos y seguridad coherente con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.

3.4 Respetar los derechos de los trabajadores absteniéndose de recurrir al trabajo infantil o forzado, evitando la trata de seres humanos, absteniéndose de asignar trabajos peligrosos o de riesgo a menores de 18 años, eliminando toda forma de acoso y discriminación, respetando la libertad de asociación y la negociación colectiva y proporcionando un mecanismo apropiado para dar respuesta a las reclamaciones de los trabajadores.

3.5 Remunerar equitativamente a los empleados con unos salarios que igualen o superen los requisitos legales o que representen un salario competitivo en el mercado de trabajo (lo que sea mayor), y asignar el horario de trabajo (tanto las horas ordinarias como las extraordinarias) respetando los límites legalmente establecidos.

3.6 Respetar los derechos, los intereses, las aspiraciones, la cultura y los medios de subsistencia basados en recursos naturales de los pueblos indígenas en el diseño, el desarrollo y la ejecución de los proyectos; aplicar la jerarquía de mitigación para hacer frente a los efectos adversos; y obtener beneficios sostenibles para los pueblos indígenas.

3.7 Trabajar para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando sea probable que se produzcan efectos adversos significativos como resultado de un reasentamiento, de la alteración de tierras y territorios o del patrimonio cultural esencial, y recoger en los acuerdos que se suscriban los resultados de los procesos de participación y consentimiento (resaltado nuestro).

3.8 Implementar políticas y prácticas para respetar los derechos e intereses de las mujeres y apoyar la diversidad en el lugar de trabajo, reflejando enfoques de género en las prácticas laborales y el diseño del trabajo, y que protejan contra todas las formas de discriminación, acoso, y comportamientos que impacten negativamente en la participación exitosa de las mujeres en el lugar de trabajo

3.9 Implementar políticas y prácticas para respetar los derechos e intereses de todos los trabajadores y mejorar la representación de la fuerza labora en los lugares de trabajo para que sea más inclusiva.

 

El contenido del principio de desempeño social

Por otro lado, los objetivos en relación con el contenido del principio de desempeño social son cuatro:

9.1 Implementar enfoques inclusivos con respecto a las comunidades locales para identificar sus prioridades de desarrollo y apoyar actividades que contribuyan a que estas disfruten de un bienestar socioeconómico duradero, en colaboración con los gobiernos, la sociedad civil y los organismos de desarrollo, según proceda (resaltado nuestro).

9.2 Posibilitar el acceso de las empresas locales a oportunidades de adquisición y contratación a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, tanto de forma directa como alentando a contratistas y proveedores de mayor tamaño, y también respaldando iniciativas encaminadas a mejorar las oportunidades económicas para las comunidades locales.

9.3 Fomentar la participación de las partes interesadas a partir de un análisis del contexto local, y proporcionar a los interesados locales acceso a mecanismos apropiados y eficaces para resolver las reclamaciones relacionadas con la empresa y sus actividades (resaltado nuestro).

9.4 Colaborar con el gobierno, cuando proceda, para apoyar la mejora de las prácticas ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala a nivel local.

 

Los principios que las mineras no cumplen en el Perú

En el caso de la comunidad San Andrés de Negritos, Yanacocha se niega a consultar y a obtener su consentimiento, a pesar de que el principio de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados, reconocido en el artículo 3.7 de los Principios mineros, tiene reconocimiento jurídico.

Tres de estos principios son relevantes para el caso Negritos por el proyecto Colorado. El río que llega a la comunidad viene de la zona donde se ejecutará el proyecto y el TC ha dicho que se consulta a las comunidades colindantes. Esta obligación de obtener el consentimiento se encuentra, además, en casos de proyectos de gran envergadura, en los párrafos 133 y 134 de la sentencia de fondo de la Corte IDH recaída en el caso Saramaka3.

También hay obligación de obtener el consentimiento en casos de manipulación de sustancias tóxicas en la séptima disposición final del reglamento de la Ley de Consulta Previa y en el aprobado por D. S. 0012-2012-MINCUL. En esta última norma y en el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, se establece la obligación de obtener el consentimiento cuando un proyecto demanda un desplazamiento o un reasentamiento. Incluso hay la obligación de obtener el consentimiento cuando se crea un área natural protegida, como lo establece el artículo 43.2 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobada por D. S. 038-2001-AG.

Otro supuesto de consentimiento es el referido a las medidas especiales. Según el artículo 4 del Convenio 169 de la OIT, “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”. Añade en el inciso 2 que “tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados”.

Incluso, según el artículo 23 de la Ley 26839, publicada el 16 de julio del 1997, (ley sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica), se reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas y nativas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. A continuación, señala que “se reconoce la necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para promover su utilización con el consentimiento informado de dichas comunidades, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización”.

Pero, además, el TC ha establecido la obligación de obtener el consentimiento de determinados proyectos extractivos o de infraestructura, luego de, inicialmente, rechazar este en el fundamento 24 y 25 de la STC 00022-2009-PI, f. j. 24 y 25. Esta posición ha sido modificada. La nueva posición del TC es que, cuando se utiliza material peligroso como en la minería y en la explotación hidrocarburífera, se necesita consentimiento según el fundamento 44 de la STC 03326-2017-AA. Posteriormente, el TC vuelve a reconocer un nuevo supuesto de consentimiento como obligación adicional a la consulta previa.

A estos supuestos, el TC acaba de agregar uno nuevo, cuando estemos ante un nivel de “afectación grave”. Según el TC, “al tratarse de cambios sociales y económicos muy profundos que configuren un nivel de afectación grave, la decisión de las comunidades debe ser vinculante y en este sentido, la simple consulta no es suficiente, sino que se requiere el consentimiento expreso, libre e informado” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-298/17, f. j. 3.3.2) (STC 00151-2021-PA, f.j. 37).

De igual manera, el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio, reconocido en el artículo 9.1 de los Principios mineros, tiene reconocimiento jurídico en normas de rango constitucional. Nos referimos al artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, en la décima disposición final del reglamento de la Ley de Consulta Previa (D. S. 0001-2012-MINCUL) y en los párrafos 129 y 138 y siguientes de la sentencia de fondo de la Corte IDH recaída en el caso Saramaka.

 

Una mirada alternativa al poder de las empresas mineras

De acuerdo con un reportaje del medio especializado Convoca, entre 2022 y 2023, siete informes del OEFA determinaron que la actividad minera de la empresa Glencore, también miembro del ICMM, está vinculada con la contaminación del aire y del agua en la provincia de Espinar4. ¿Qué tienen en común Newmont y Glencore respecto a sus actividades en el Perú? Ambas trasgreden los Principios mineros que han suscrito públicamente, con acciones contrarias a la consulta en comunidades y al respeto por los derechos humanos y la salud. Ambas han incumplido sus propios acuerdos, aquello que proclaman defender en sus páginas de presentación y sus sitios web.

¿Se trata de un error, de simples equivocaciones por parte de las empresas? ¿O es que acaso su poder radica precisamente allí, en la capacidad de violentar su propio discurso público sin que pase nada?

En un análisis sobre la teología política de Carl Schmitt, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman concluye: “No hay contradicción entre las acciones de establecer una regla y hacer una excepción. Muy por lo contrario: sin el poder de exceptuar de la regla, no habría poder para sostener la regla”5.

Para Bauman, el estudio de los estados de excepción que realizó Schmitt a inicios del siglo xx son fundamentales para entender los mecanismos del poder. Así, el poder de los Estados se sostiene, en gran medida, en la capacidad de los mismos para “suspender la ley” o, dicho de otro modo, para poner en pausa las normas durante momentos de crisis, conocidos como estados de excepción. Nuestro recuerdo más reciente de ello nos remonta al 2020, cuando los gobiernos modificaron las reglas de convivencia social ante la pandemia de covid-19.

De ese modo, siguiendo la interpretación de Bauman, el poder no es de quien pone las reglas, sino de quien puede hacer y deshacer con ellas en el momento en que considere necesario. La figura no se limita al poder estatal, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de empresas mineras que se compromete públicamente a cumplir un conjunto de normas, pero en la práctica las incumple y sus proyectos siguen operando, pues mediante acciones legales o procedimientos administrativos lograron que se justifique la violación de esas normas, o que, en el mejor de los casos, dicho comportamiento no se conozca.

En el mismo sentido, el filósofo Slavoj Žižek sostiene que no hay ley sin el reverso de esa misma ley, y que aquel reverso es siempre algo secreto, que se intenta mantener en reserva. Es eso lo que Žižek, interpretando el psicoanálisis de Jacques Lacan, denomina suplemento obsceno o ley nocturna: una norma no inscrita, que es compartida y a la vez negada públicamente por un grupo social, económico o de poder.

Žižek dirá, entonces, que el suplemento obsceno o ley nocturna:

[N]ecesariamente duplica y acompaña, como una sombra, la Ley “pública”. Esta escisión inherente y constitutiva de la Ley es el tema del filme de Rob Reiner Algunos hombres buenos (A Few Good Men), el drama sobre una corte marcial en la que dos marines son acusados de asesinar a uno de sus camaradas. El fiscal militar sostiene que el acto de los dos marines fue un asesinato deliberado, mientras que el abogado defensor logra probar que los acusados siguieron simplemente el llamado “Código rojo”, que autoriza la paliza nocturna de un soldado que, en opinión de sus pares o del oficial superior, ha contravenido el código ético de los marines. La función de este “Código rojo” es extremadamente interesante: tolera un acto de transgresión -el castigo ilegal de un soldado-, pero al mismo tiempo reafirma la cohesión del grupo -apela a un acto de identificación suprema con los valores del grupo-. Este código debe permanecer oculto en la noche, desconocido, inconfesable; en público todos fingen desconocerlo, o incluso niegan activamente su existencia6.

La propuesta de Žižek nos conduce a la idea de que las leyes públicas tienen un carácter incompleto, es decir, no bastan por sí mismas, por el simple hecho de estar escritas en algún documento. Hay un abismo entre lo amparado por la Constitución y la realidad en nuestro país. Y así también, hay una distancia enorme entre los Principios mineros del ICMM y la situación de comunidades afectadas por los proyectos de las megaempresas mineras. Es en ese vacío donde se inserta el suplemento obsceno.

Desarrollar mecanismos de control útiles para combatir esa distancia entre la norma y la realidad es crucial, sin duda, pero ¿qué más se puede hacer? Habrá quienes apuesten por el diálogo entre las grandes empresas y las poblaciones que estas afectan con proyectos de considerable impacto medioambiental. Ir más allá de la norma podría significar, desde esa perspectiva, un acuerdo entre las partes, un intercambio que no se limite a cumplir con los principios de consulta previa o de participación de las comunidades. Sin embargo, esto también resulta problemático.

Para el filósofo Jacques Rancière, en nuestras sociedades posdemocráticas7, existe un consenso que se configura como velo de la realidad y permite que se entienda a las sociedades como algo ya constituido, con partes ya dadas que coexisten entre sí en una aparente armonía. A raíz de este consenso, se suprime toda diferencia y toda posibilidad de cuestionar el orden establecido. Así, la comunicación entre quienes tienen el poder y quienes han sido excluidos se hace especialmente compleja, pues se presupone que entre ellos ya hay un consenso previo, un orden compartido y aceptado por todos.

De ese modo, esbozando un análisis de la comunicación entre plebeyos y patricios en la antigua Roma, Rancière sugiere: “Entre el lenguaje de quienes tienen un nombre y el mugido de los seres sin nombre, no hay situación de intercambio lingüístico que pueda constituirse, y tampoco reglas ni código para la discusión. Este veredicto no refleja simplemente el empecinamiento de los dominadores o su enceguecimiento ideológico. Estrictamente, expresa el orden de lo sensible que organiza su dominación, que es esta dominación misma”8.

Para los plebeyos, hablar con los patricios era un despropósito, pues se trataba de seres sin logos, es decir, sin palabra, sin nombre, sin inscripción simbólica en la ciudad, y por tanto solo capaces de emitir ruido (phoné). La única forma de combatir esa desigualdad entre grupos es proclamando la desigualdad misma como un problema, algo difícil de conseguir en sistemas posdemocráticos.

La clave está en la tensión entre presentación y representación. Cuando los plebeyos ignoran a los patricios por no tener inscripción simbólica, los están marginando por no estar representados. Cuando una empresa minera no toma en cuenta la participación o las preocupaciones de una comunidad nativa al desarrollar un proyecto que les afecta, ¿qué está haciendo?

Por supuesto, a veces también ocurre la presentación de los no representados. Pensemos en el Baguazo, por ejemplo, y lo que significó para los pueblos indígenas de la Amazonía: muertes, vulneración de derechos humanos y un Estado que menospreció sus reclamos de forma racista9. Siguiendo a Rancière, todo eso sucede cuando, en sociedades posdemocráticas, los que no tienen palabra empiezan a emitirla. O cuando, para decirlo de otro modo, los no representados se presentan y aparece la política.

En resumen, por un lado, podríamos decir que el comportamiento de las mineras al trasgredir sus normas sugiere no algo ajeno a su poder, sino tal vez la base del mismo. Por otro, para ir más allá de la norma, el camino del diálogo es especialmente complicado cuando no se identifican las cuestiones de fondo, cuando no vemos ese consenso en la desigualdad que permite la vulneración sistemática de normas y derechos establecidos.

 

Es tiempo de develar el doble discurso de las mineras

La empresa Newmont no quiere consultar con la comunidad campesina San Andrés de Negritos el proyecto Colorado, a pesar de que el proyecto actualmente es colindante con la comunidad. La minera Antapaccay, propiedad de la megaempresa Glencore, no ha consultado con las comunidades campesinas de Espinar los proyectos Tintaya y Antapaccay. Y en el proyecto Coroccohuayco se inició la consulta previa, pero luego se suspendió, pese a que afecta a comunidades. Menos aún han hecho el menor esfuerzo por obtener el consentimiento de todas las comunidades campesinas vulneradas en su entorno.

Frente a todo ello, esas comunidades, afectadas por ambas empresas, han presentado demandas de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, por omisión de consulta y consentimiento de ambos proyectos.

Resulta evidente la incoherencia entre el discurso público de las mineras, expresado en los principios éticos, y sus prácticas con las comunidades, caracterizada por una sistemática violación de los derechos fundamentales, comenzando por la falta de respeto a la consulta previa, al consentimiento, y falta de respeto del derecho a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios.

Es tiempo de exigir a estas empresas que sean coherentes con el discurso que presumen. Es tiempo de develar su doble discurso, esta especie de reverso de la norma reflejado en sus actos. Es tiempo de exigir que, en nuestros países, las empresas utilicen los mismos estándares de protección del medio ambiente que utilizan cuando trabajan en sus países de origen. Hay que poner los reflectores sobre ellas.

 

Referencias:

[1] Ver: https://www.icmm.com/en-gb/our-story/our-members

[2] Ver: https://www.icmm.com/website/publications/es/principios-mineros/principios-mineros_es.pdf

[3] Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf

[4] Ver: https://convoca.pe/agenda-propia/cusco-informes-de-oefa-relacionan-las-operaciones-de-minera-antapaccay-con

[5] Bauman, Z. y Dessal, G. (2014). El retorno del péndulo. Fondo de Cultura Económica, p. 104.

[6] Žižek, S. (2003). La metástasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad. Paidós, pp. 87-88.

[7] Una de las ideas de la teoría política de Jacques Rancière sostiene que, en lugar de vivir en sistemas democráticos, vivimos en realidades posdemocráticas, en las que no se cuestiona el orden establecido y los distintos sectores de la sociedad comparten una suerte de consenso. Con ello, dice Rancière, la política ha desaparecido.

[8] Rancière, J. (1996). El desacuerdo. Ediciones Nueva Visión. p. 38.

[9] “Es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano”, escribió el entonces presidente, Alan García, en un artículo publicado en el diario El Comercio: https://elcomercio.pe/185-aniversario/2007-l-el-sindrome-del-perro-del-hortelano-l-bicentenario-noticia/

 

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