Cusco: PJ concluye que proyecto Antapaccay no afecta a comunidades campesinas y rechaza consulta previa
Créditos de foto: Óscar Rosario / Ojo Público
En una reciente sentencia, con fecha 2 de setiembre de 2024, el Juzgado Civil de Espinar declaró infundadas dos demandas de amparo presentadas por comunidades campesinas de dicha ciudad del Cusco, entre los años 2015 y 2017. Las comunidades exigían que se reconozca que no hubo consulta previa de las concesiones mineras, ni del permiso de exploración, ni del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Antapacay, y que, por tanto, todo ello se declare nulo.
La omisión de la consulta previa en el proyecto minero fue advertida por las comunidades en ambas acciones judiciales. La primera fue una demanda de amparo presentada en el año 2015 por la comunidad campesina de Huisa, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL). Esta se acumuló con otra, presentada por la Federación unificada de comunidades campesinas de Espinar (FUCAE) en 2017, con el patrocinio de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Cooperacción e IDL.
Las demandas habían sido dirigidas contra el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y las empresas Glencore Perú S. A. C. y Compañía Minera Antapaccay S. A.
En la sentencia emitida hace unos días, el juzgado sostiene que no se ha probado que los diferentes actos administrativos, es decir, la concesión, el permiso de exploración, la aprobación del EIA y el permiso de explotación, hayan afectado a las comunidades.
Sin embargo, la decisión resulta sorprendente luego de que tanto el Poder Judicial (PJ) como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han reconocido contaminación y daños a la salud ocasionados por actividad minera en Espinar, e incluso en la propia comunidad de Huisa.
Sentencia ignora fallo anterior y reportes de OEFA
En 2019, un fallo de la Corte Superior de Justicia del Cusco ordenó atender la salud de las comunidades campesinas afectadas por la actividad minera, entre ellas, la comunidad de Huisa.
En dicha ocasión, el PJ ordenó al Ministerio de Salud que realice un programa de atención médica, vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua; y un programa de asistencia en salubridad a la población del distrito de Yauri, en Espinar, para identificar a personas afectadas por la contaminación por metales pesados.
De otro lado, entre 2022 y 2023, informes del OEFA concluyeron que existe una vinculación entre casos de contaminación ambiental en Espinar y la operación de la minera Antapaccay. En específico, se trata de contaminación del aire, agua y vegetación.
En un informe periodístico publicado en diciembre de 2023, el medio Convoca detalló que, por ejemplo, en el informe 438-2022-OEFA/DEAM-STECl se identificó concentraciones de material particulado (PM10) en una estación de monitoreo, que excedieron el valor de los estándares de calidad ambiental. De acuerdo al OEFA, dicho polvo tóxico tendría como origen actividades que se realizan en la mina Antapaccay.
“Nos parece increíble que el juez de Espinar diga esto. Se olvida de la sentencia que ordena atender sanitariamente a las comunidades campesinas afectadas por la actividad minera. Además, OEFA ha acreditado la relación de causalidad entre la actividad minera desarrollada por la empresa Antapacay y la contaminación en Espinar. En otras palabras, ha acreditado que la empresa es responsable de la contaminación en Espinar”, sostiene Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.
“Esto en sí mismo es suficiente prueba de la afectación. Está por demás acreditada la afectación directa, que es el supuesto para exigir el derecho a la consulta previa”, añade.
Contaminación afecta el agua en Espinar
Pero la reciente sentencia del Juzgado Civil de Espinar, que desestima las demandas presentadas por las comunidades, ignora también la forma en que las comunidades ven vulnerado su derecho al agua potable.
En noviembre de 2023, Elsa Merma, de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio y la cultura K’ana de Espinar, manifestó que la actividad minera de Antapaccay es una amenaza para las comunidades en Espinar.
«En las comunidades vivimos de nuestra ganadería y agricultura, pero los años pasan, y la minera cada vez se expande más y la contaminación es más fuerte. Nuestro tema de salud está afectado y no podemos hacer nada. Nos organizamos, hay colectivos y asociaciones, pero hoy en día, en especial las mujeres, estamos preocupadas, ya que el agua, la tierra y el aire están contaminados y no tenemos a dónde ir, porque es donde nacimos, y no es fácil dejar nuestro territorio», comentó, durante una conferencia de prensa.