Cusco: PJ confirma que Municipalidad de San Jerónimo no ha cumplido con cierre de ladrilleras ilegales

Cusco: PJ confirma que Municipalidad de San Jerónimo no ha cumplido con cierre de ladrilleras ilegales

 

El último jueves, 10 de octubre de 2024, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco determinó que la Municipalidad de San Jerónimo no ha cumplido con ejecutar la resolución que, en agosto de 2023, le dio un plazo de tres meses para frenar la actividad de la asociación Tejas Ladrillos Sucso Aucailli S. A. y todos los socios que la integran.

En efecto, han pasado más de 14 meses desde aquella resolución y vecinos del distrito de San Jerónimo reportan que la actividad de las ladrilleras no ha cesado. Ante ello, el Poder Judicial también resolvió que la Fiscalía deberá actuar frente al incumplimiento del fallo.

“Esta medida va a generar que se realice una investigación y, posiblemente, abrir un proceso a las autoridades de la municipalidad implicada por negarse a cumplir con la sentencia que ordena el cese de las ladrilleras ilegales”, detalla Isaac Peña Lobato, abogado del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Sin embargo, esta medida, por sí sola, no está destinada a cesar la actividad ilegal de las ladrilleras en San Jerónimo. Es necesario complementar esta medida con estrategias concretas, breves y eficaces destinadas al cierre de las ladrilleras y la supervisión de las que cuenten con licencia de funcionamiento”, añade.

De otro lado, en su reciente resolución, el mencionado juzgado también declaró infundado el pedido de dar por cumplida la ejecución de la sentencia, que había sido efectuado por la procuradora pública de la entidad municipal.

Estos pronunciamientos del PJ se producen luego de que, en marzo de 2023, se ratificara el fallo que ordenó la clausura inmediata de las ladrilleras y determinó que su actividad “sí tiene efectos contaminantes”.

En dicha sentencia también se reconoció una vulneración del derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida, “debido a la emisión de gases y partículas de las personas que elaboran la actividad económica en cuestión”.

 

Proceso se ha extendido por cuatro años

El origen del caso es una demanda de amparo presentada en 2020 por vecinos de San Jerónimo, con el patrocinio legal del IDL y de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en la que pedían detener la contaminación que generan las ladrilleras, cuyos hornos emanan sustancias tóxicas y enturbian el aire con humo negro. Así lo demostró un informe del OEFA en 2018 (N.° 143-2018- OEFA/DSAP-CIND), que determinó una “alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas (material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono)”.

La demanda fue dirigida contra la empresa Asociación Tejas Ladrillos Sucso Auccailli S. A., la Subgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Cusco, la Municipalidad Provincial de Cusco, la Municipalidad Distrital De San Jerónimo y la Diresa Cusco.

 

Demandantes realizan protesta para exigir cierre de ladrilleras.

 

Desde entonces, han pasado cuatro años y el caso sigue en curso debido al incumplimiento del municipio. «En todo este tiempo, se han cerrado solo dos hornos. Esta demora, causada principalmente por la renuencia de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en cumplir la sentencia, agrava la violación de los derechos que se defendieron en la demanda, como el del un ambiente adecuado y equilibrado y a la salud. Asimismo, la demora es una clara violación del derecho a la tutela judicial efectiva porque el proceso no termina con la sentencia de la Sala Civil de Cusco, sino cuando se cumpla con lo que se ordenó», precisa Peña Lobato.

En la acción judicial, los demandantes advirtieron un riesgo inminente a la salud de la población del distrito de San Jerónimo, como consecuencia de la emisión de gases altamente tóxicos por parte de 168 ladrilleras. Asimismo, reportaron que la municipalidad no otorgaba licencias con estándares ambientales y el OEFA no sancionaba a las ladrilleras informales.

 

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