Cusco: PJ da último aviso a Municipalidad de San Jerónimo para cerrar ladrilleras que debieron clausurarse hace más de un año

Cusco: PJ da último aviso a Municipalidad de San Jerónimo para cerrar ladrilleras que debieron clausurarse hace más de un año

 

La Corte Superior de Justicia de Cusco dio un ultimátum a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo el último lunes, 8 de abril, para que en el plazo de 15 días cumpla con el cierre definitivo de ladrilleras informales que contaminan el aire y son un peligro para la salud de los habitantes en el distrito. Hace un año, se ratificó una sentencia que ordenaba el cese inmediato de aquellos establecimientos, pero no se cumplió.

En esta nueva resolución, se requiere “por última vez” al municipio que, junto con otras entidades públicas competentes, como la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Policía Nacional, cumpla con la clausura de los locales sin licencia en los que se elaboran tejas y ladrillos.

 

Actividad de ladrilleras afecta derechos de ciudadanos

El origen del caso fue una demanda de amparo presentada en 2020 por vecinos de San Jerónimo, con el patrocinio legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en la que pedían detener la contaminación que generan las ladrilleras, cuyos hornos emanan sustancias tóxicas y enturbian el aire con humo negro. Así lo demostró un informe del OEFA en 2018 (N.° 143-2018- OEFA/DSAP-CIND), que determinó una “alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas (material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono)”.

La demanda fue dirigida contra la empresa Asociación Tejas Ladrillos Sucso Auccailli S. A., la Subgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Cusco, la Municipalidad Provincial de Cusco, la Municipalidad Distrital De San Jerónimo y la Diresa Cusco.

Los demandantes advirtieron un riesgo inminente a la salud de la población del distrito de San Jerónimo, como consecuencia de la emisión de gases altamente tóxicos por parte de 168 ladrilleras. Asimismo, reportaron que la municipalidad no otorgaba licencias con estándares ambientales y el OEFA no sancionaba a las ladrilleras informales.

Además, en la demanda detallaron que la actividad de estos locales informales vulneraba su derecho fundamental a la vida digna, amparado en la Constitución; así como su derecho a la vida y condiciones de existencia digna, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); su derecho fundamental a la salud; su derecho fundamental a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida; entre otros.

El Poder Judicial dictó sentencia en 2022 y concluyó: “La actividad económica desplegada por los demandados (las ladrilleras) sí tiene efectos contaminantes”. También se reconoció una vulneración del derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida, “debido a la emisión de gases y partículas de las personas que elaboran la actividad económica en cuestión”. El fallo fue ratificado al año siguiente.

Pese a todo, habitantes de San Jerónimo continuaron denunciando que las ladrilleras se mantenían activas y no se hacía nada para que se ejecute la sentencia. Por ello, esperan que la reciente resolución del Poder Judicial signifique, por fin, el cese de dicha actividad informal.

 

Sentencia sin ejecución

Frente a la inacción de las entidades involucradas por hacer cumplir la sentencia, ciudadanos del Cusco se organizaron para ejercer presión y que las autoridades escuchen sus reclamos.

“Se ha hecho algo de justicia. Esperemos que, con esta decisión, después de que hemos ido a quejarnos, ya no se alargue el plazo de estas empresas contaminadoras y que realmente ya se cumpla esta resolución, que es importante para preservar la vida y la salud de los habitantes de la ciudad del Cusco. Esperemos que el alcalde de San Jerónimo y esas instituciones, que no han servido para nada más que proteger a las mafias ladrilleras, en estos momentos estén preparándose para clausurarlas”, expresa Juan Miranda Campos, presidente de la Asociación de Defensa de Vida y Medio Ambiente y uno de los demandantes.

Por su parte, Isaac Peña Lobato, abogado del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, considera que esta resolución es muy positiva para la ejecución de una sentencia emblemática en términos de defensa del ambiente en el Perú.

“A lo largo del proceso de ejecución, la Municipalidad de San Jerónimo y las ladrilleras han alegado de todo para impedir la ejecución de la sentencia. Se han cerrado en que es otra empresa la que realiza las actividades de quema de ladrillos y contaminan el aire. Incluso, han realizado una supuesta ejecución para decir que no se puede cerrar, ya que la demandada no es la que realiza la actividad contaminante. Por eso pidieron que la sentencia se declare ‘inejecutable’. Sin embargo, la jueza ha desestimado todos estos argumentos y ha puesto un ultimátum a la Municipalidad, al dar un plazo de 15 días para cumplir con lo que ordena la sentencia”, sostiene.

“Es más, la jueza observa que la municipalidad ni siquiera ha intentado articular la ejecución con otras entidades relevantes, como OEFA o la PNP, a pesar de que ello esté expresamente en la parte resolutiva de la sentencia. Esto demuestra la poca voluntad de la municipalidad en cumplir con la sentencia. Con lo ordenado por el Poder Judicial, ahora está obligada a cerrar las ladrilleras que no cuenten con licencia, y si las tienen, se las debe fiscalizar”, añade el abogado.

Con todo, la Municipalidad de San Jerónimo ahora deberá actuar conforme a lo dictado por esta resolución. Si no lo hace, el Poder Judicial podría remitir los actuados al Ministerio Público para formular una denuncia contra los responsables o iniciar procedimientos disciplinarios a funcionarios y servidores públicos.

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