De rondas y medios. ¿Y el mea culpa cuándo?

De rondas y medios. ¿Y el mea culpa cuándo?

Aldo Pecho Gonzáles / IDL-Seguridad Ciudadana

Mientras el incidente de Chadín, en Cajamarca, viene siendo investigado por el Ministerio Público, la prensa ha enfilado baterías —algo para nada inusitado desde las elecciones del 2021— contra un sector de la ciudadanía, las rondas campesinas, bajo un discurso abiertamente criminalizante. En este artículo se reflexiona no solo sobre los hechos específicos ocurridos en Cajamarca, que a la luz de los días se podrán aclarar mejor, sino sobre el clima de estigmatización, polarización social e inestabilidad política en el que se ha desenvuelto este incidente. Un clima sobre el que los medios no han querido asumir responsabilidad alguna, haciendo mea culpa, sino más bien intentando sacar provecho político del mismo.

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El pasado 6 de julio, en la comunidad de La Palma, distrito de Chadín (Cajamarca), ocurrió un incidente entre las rondas campesinas y dos periodistas de América Televisión, Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo. Estos últimos se encontraban tomando declaraciones sobre Yenifer Paredes, hija del presidente Pedro Castillo, en torno a un presunto tráfico de influencias a favor del distrito. Incomodados por la presencia periodística, algunos comuneros alertaron a las rondas campesinas para que se hicieran presente e intervinieran a ambos sujetos, lo que efectivamente ocurrió. En horas de la noche, apareció Quispe leyendo —transmisión en vivo— un comunicado en el que pedía disculpas a las rondas y ofrecía una rectificación sobre las acusaciones que se habían hecho en el programa dominical Cuarto Poder.

Desde Lima, una comprensible preocupación por la seguridad de los periodistas se hizo manifiesta, así como una indignación ante los hechos. Sin embargo, empezaron también una serie de discursos criminalizantes. En principio, a la intervención de los periodistas y su retención en la comunidad se le puso directamente la etiqueta de “secuestro”. Esto no demuestra más que el desconocimiento, y también una mirada malintencionada, de cierto sector mediático sobre la potestad que tienen las rondas campesinas en su territorio, incluso para recurrir a medidas coercitivas. Sobre si ha sido debidamente justificado el acto de retención contra los periodistas, de eso se encargarán las investigaciones que deben recoger ambas versiones, pero la ligereza para juzgar por parte de la prensa —haciendo espíritu de cuerpo— ha sido más que preocupante. Hablar de secuestro es hacer referencia a un delito sancionado con veinte años de cárcel como mínimo en el Código Penal. Y no ha faltado por allí alguna infeliz comparación de las rondas campesinas con los grupos subversivos, a los cuales paradójicamente han combatido.

Eso no es todo. En redes sociales, ha podido evidenciarse el desprecio de un grueso sector de los medios por la facultad que tienen las comunidades de ejercer el derecho consuetudinario. Este es un derecho avalado por nuestra propia Constitución y por una serie de tratados y convenios internacionales a los que nos encontramos suscritos, los cuales son vinculantes. Algunos periodistas, amparados en que existen derechos fundamentales que son para todos, y que la ley está por encima de todos, quieren obviar que los derechos de pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas también se encuentran regulados por la ley y que no se superponen a los derechos fundamentales, sino más bien les otorgan contexto y precisión.

¿Puede la prensa limeña darse la prerrogativa de asignar cuáles son o no los derechos de las comunidades campesinas, y en específico a las rondas, desde el cómodo rincón centralista? Y no me refiero al caso ocurrido con los periodistas, en particular, sino a esta oportuna ocasión que tienen para destilar sus prejuicios, en general, sobre un contexto social que desconocen. Lo sorprendente es que algunos “ilustres” académicos se han sumado a este cargamontón desde un etnocentrismo y un nada disimulado clasismo. Algunos se han atrevido a decir incluso que este no es el actuar común de las rondas y que habría detrás un agente azuzador, con un discurso politizado y cercano al presidente Castillo. Negar la agencia y las posturas políticas que pueden asumir las organizaciones sociales —nos gusten o no— es más bien el sendero contrario del que se acusa a algunos activistas: romantizar las rondas, o más bien tratarlas como sujetos infantiles, carentes de capacidad de decisión y toma de postura.

Vayamos más allá del camino y miremos en panorámica. ¿Por qué ocurren hechos como este, y pueden volver a ocurrir? ¿Qué ha llevado a que una comunidad campesina actúe de manera hostil contra periodistas? Para nadie es sorpresa la pérdida de credibilidad del periodismo peruano en los últimos años, si es que alguna vez lo ha tenido, por lo menos desde que yo tenga memoria. Pero lo preocupante ha sido el deterioro de su legitimidad frente a la sociedad en tan corto tiempo, una caída en picada que de por sí parece irreversible. La grosera postura política que asumieron los medios, durante la campaña presencial, y en particular en contra de Pedro Castillo, viene pasando factura. Y no es que el cargamontón contra el actual presidente sea solo una preocupación de sus simpatizantes, sino incluso de quienes estando descontentos con el Gobierno ven en el periodismo mismo un peligro contra los principios democráticos más básicos.

Esto, en efecto, es un duro golpe para la legitimidad de los medios. Y lo es peor cuando no existe un control ni sanción sobre la prensa, ni siquiera un proceso de autorreflexión sobre su papel en esta crisis política y fractura social que viene intensificándose. Frente a grandes retos se esperan grandes respuestas. Y estas han sido sin duda las de los medios, pero no a la altura de las circunstancias, sino más bien respondiendo a intereses a los que se podría llamar “particulares” solo por utilizar un eufemismo. ¿Qué ha ocurrido? Se puede hacer un desfile de hechos sobre los cuales se ha ido minando el entendimiento con los medios: desinformación, ataques, criminalización, parcialización abierta, sobredimensionamiento, entre otros tantos. Los medios han sido actores sumamente activos de esta crisis, para nadie es sorpresa.

¿Este papel de los medios justifica algún tipo de agresión o violencia contra ellos? Por supuesto que no, y desde esta tribuna lo rechazamos claramente. Pero sí ayuda a entender que los ánimos vienen caldeándose desde hace algún tiempo, y es necesario que los medios puedan asumir su responsabilidad sobre los mismos, haciendo mea culpa. Las comunidades tendrán que responder sobre su responsabilidad también; claro, si alguna vez les dejaran tener igual voz y resonancia que el poder mediático. ¿Se abrirá entonces un diálogo entre medios y sociedad civil intentando apaciguar este delicado momento de tensión y recuperando la legitimidad de los primeros? Me parece que están muy lejos de seguir ese camino y que se echará más leña al fuego, intentando aprovechar políticamente este incidente para desestabilizar al Gobierno. Y ya lo vienen haciendo. El detalle es que este fuego termina por quemarnos a todos, y los medios muy librados no están de su propio carácter corrosivo.

 

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