¿Defensa propia o abuso policial? La incógnita en muerte de indígenas en Perú

¿Defensa propia o abuso policial? La incógnita en muerte de indígenas en Perú

Noticia publicada en La Vanguardia el 11/08/20

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200811/482791772878/defensa-propia-o-abuso-policial-la-incognita-en-muerte-de-indigenas-en-peru.html

Lima, 11 ago (EFE).- ¿Defensa propia o abuso policial? Ese es el cruce de versiones tras la muerte el sábado de tres indígenas de la Amazonía peruana por disparos de arma de fuego presuntamente de la Policía, que vuelve a estar en el foco por su protocolo antidisturbios en protestas contra minas o yacimientos petrolíferos.

Tres días después de las muertes, sigue sin resolverse si los policías dispararon a los indígenas en defensa propia por supuestos disparos surgidos del tumulto de nativos o repelieron el intento de acceder a una base petrolera con un uso excesivo de armas letales.

El enfrentamiento entre indígenas de la etnia kukama y los policías se dio en el Lote 95, un yacimiento en mitad de la selva amazónica en el que desde 2018 extrae crudo la empresa canadiense PetroTal.

Allí, desde el año pasado las comunidades indígenas del pueblo kukama ubicadas dentro del yacimiento reclaman al Estado y a la empresa exigiendo servicios básicos como electricidad las 24 horas, infraestructura de agua, desagüe, educación y salud, y un porcentaje de los beneficios de las ventas del petróleo.

Hasta el sábado se trataba de uno de esos 50 conflictos sociales que la Defensoría del Pueblo califica como latentes, pero repentinamente la violencia se desató en este rincón de la Amazonía peruana y, además de los tres muertos, el enfrentamiento también dejó 17 heridos, entre ellos 11 indígenas y 6 policías.

VERSIONES DIVERGENTES

Desde el Ministerio del Interior se aseguró en un comunicado emitido el domingo que los nativos llegaron a las instalaciones de la empresa armados con lanzas y escopetas de perdigones e iniciaron el enfrentamiento al disparar a uno de los agentes.

“La Policía Nacional actuó con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población y de los trabajadores de la empresa”, espetó el Ministerio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Indígenas por el Desarrollo y la Conservación del Bajo Puinahua, James Pérez, uno de los líderes de la protesta, aseguró al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) que los disparos ocurrieron tras un diálogo infructuoso con la empresa.

“Como no había repuestas concretas, eso ha hecho perder la paciencia de nuestros hermanos”, comentó el líder sobre los hechos acontecidos en Bretaña, capital del municipio de Puinahua, en la región amazónica Loreto, la más grande y extensa de Perú.

“Estábamos informando sobre nuestro propósito, explicando a lo que íbamos y ahí, en medio de la confusión, se dio la balacera y la policía disparó a quemarropa”, añadió.

Según la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) de Perú, la mayor federación indígena de Loreto, ninguno de los nativos involucrados en la protesta portaba armas de fuego más allá de las lanzas, un objeto cultural para imponer respeto.

OSCURIDAD, CONFUSIÓN Y UN VÍDEO

La ORPIO atribuyó las lesiones sufridas por policías a proyectiles disparados por otros policías en medio de la oscuridad, ya que el enfrentamiento se produjo en torno a las 23.00 hora local.

A la luz pública solamente ha salido un fragmento muy corto de un vídeo de una cámara de seguridad de la empresa del momento en el que supuestamente comienza el enfrentamiento.

En las imágenes se aprecia a unos 70 indígenas lanza en mano sin que se llegue a apreciar si alguno de ellos lleva un arma de fuego. De repente los nativos corren en grupo para supuestamente tomar las instalaciones y retener a un trabajador, lo que es frustrado por los policías que lo rodeaban con aparentes disparos y gases.

Para el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, el video demuestra que “hubo un uso irracional de la fuerza por las muertes y heridos entre la población civil” y “echa abajo la tesis del Ministerio del Interior de que la población estaba armada”.

“No es cierto que hayan estado armados. No han golpeado al funcionario. Hay un forcejeo y la policía lo termina rescatando. El video está editado. Ellos tienen el máster de la grabación de todo este enfrentamiento y tienen la obligación legal de dar a la Fiscalía la grabación completa”, dijo Quispe a Efe.

LA BALA, EL ÚLTIMO RECURSO

El letrado recordó que, dentro de los protocolos de la Policía peruana, “el arma de fuego es el último recurso para controlar disturbios”.

“Sólo se debe utilizar cuando haya peligro inminente y real para el policía o para terceros, y siempre y cuando los manifestantes no hayan depuesto su protesta ante los pedidos verbales de la Policía y tras el uso de armamento no letal como bombas lacrimógenas y balas de goma y perdigones lanzados desde lejos”, apuntó Quispe.

El abogado penalista también indicó que el argumento de la “legítima defensa se da entre particulares y no para policías porque ellos cumplen la función de detener a personas”.

Sin embargo, desde finales de marzo Perú tiene una polémica ley que exonera de responsabilidad penal a los policías y militares que causen muertes o lesiones cumpliendo sus funciones con su arma reglamentaria, lo que ha sido criticado desde organismos de derechos humanos por abrir la puerta a la impunidad de los abusos policiales.

“La Fiscalía tiene que identificar ahora si la Policía cumplió con sus protocolos para usar sus armas de fuego, porque si no lo hizo y entró a disparar sin preámbulo, es lógico que han cometido los delitos de lesiones y homicidios al utilizar su arma de manera no reglamentaria”, apostilló Quispe.

EN MANOS DE LA FISCALÍA

El especialista deseó que la Fiscalía no procese a todos los manifestantes porque eso sería “criminalizar la protesta”, con el riesgo de que sus participantes puedan ir a prisión preventiva mientras los policías pueden incluso quedar exonerados.

“No estamos de acuerdo con la violencia, independientemente del lado que sea. Si hay que determinar responsabilidades de policías y manifestantes, será la Fiscalía la que determine la responsabilidad individual de cada uno”, concluyó.

Hasta ahora la empresa PetroTal no se ha vuelto a pronunciar más allá de anunciar la paralización de sus operaciones en un comunicado donde no mencionaba las víctimas del enfrentamiento.

En su discurso de investidura este lunes ante el Congreso, el primer ministro en funciones, Walter Martos, lamentó los hechos de violencia acaecidos en el Lote 95 y prometió que el Ejecutivo que lidera condenará la violencia “venga de donde venga”.

Martos también anticipó que el Ejecutivo abordará las principales demandas de los kukamas del Alto Puinahua y les dará “pronta atención”. En esa labor está el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, que desde el domingo se encuentra en la zona para negociar directamente con la población indígena. EFE

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