Defensores de los derechos de los pueblos indígenas se reúnen para compartir experiencias de lucha frente a actividades ilegales
Una delegación de líderes y lideresas indígenas, provenientes de las regiones de Ucayali y Huánuco, se reunieron los pasados días 13 y 14 de mayo en la ciudad de Pucallpa. Participaron en el I Encuentro de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, coorganizado por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forest Peoples Programme (FPP).
Esta actividad estuvo enfocada en dos grandes objetivos: socializar la experiencia de lucha de los pueblos indígenas frente al acoso de las actividades extractivas y economías ilegales en sus territorios y analizar la política del Estado peruano para atender su seguridad física, en razón de su condición de personas defensoras de derechos humanos.
Dámaris Ramírez Mori, vicepresidenta de FECONAU, inauguró el encuentro y dio la bienvenida a los participantes, acompañada de las palabras de Berlin Díquez Ríos, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Álvaro Másquez Salvador (IDL) y Matías Pérez Ojeda del Arco (FPP).
A continuación, tres líderes indígenas compartieron la experiencia de sus comunidades y pueblos en defensa de sus derechos territoriales y de su propia integridad física frente al avance de actividades económicas ilegales.
El primero fue Lerner Guimaraes Vásquez, delegado de la comunidad de Flor de Ucayali (pueblo shipibo-conibo), quien denunció la falta de acción del Ejecutivo para frenar la expansión del narcotráfico en el territorio de su comunidad.
El segundo fue Efer Silvano Soria, presidente de la comunidad de Santa Clara de Uchunya (pueblo shipibo-conibo), quien se refirió a la pérdida de bosques en su comunidad por el tráfico ilegal de tierras y a la demanda que interpusieron por ello frente a la empresa palmicultora Ocho Sur P. (hoy ante el Tribunal Constitucional y con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
El tercero fue Herlin Odizio Estrella, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), quien habló de las múltiples agresiones y amenazas que han venido recibiendo él y otras autoridades indígenas del pueblo kakataibo por causa del narcotráfico. El dirigente también se refirió a la falta de capacidad del Ejecutivo para brindarles protección ágil y efectiva.
Dos miembros del equipo legal del IDL, Álvaro Másquez Salvador y Sebastián Delgado Céspedes, expusieron luego sobre cuáles han sido los avances del Estado peruano –a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– para contar con una política de atención a las personas defensoras. A raíz de la publicación del nuevo Mecanismo Intersectorial (aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 004-2021-JUS), los especialistas evaluaron las fortalezas y debilidades del instrumento, así como propuestas para fortalecerlo en base a las experiencias compartidas por los pueblos indígenas.
A su turno, Hugo Pari Taboada, jefe de la Oficina Defensorial de Ucayali de la Defensoría del Pueblo, se refirió al rol de acompañamiento a las personas defensoras y al trabajo de fiscalización a las autoridades regionales que ha venido realizando su despacho.
Más adelante, hizo uso de la palabra Bruno Tangoa Inocente, delegado de la comunidad de Shambo Porvenir (pueblo shipibo-conibo). El dirigente se refirió a la situación de inseguridad que viven, en un contexto en que los cultivos de palma aceitera vienen invadiendo cada vez más tierras dentro de su comunidad.
Asimismo, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, expusieron los expertos Vladimir Pinto y Lucila Pautrat. El abogado Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú, analizó el recorrido histórico de las normas que han sido empleadas por el Estado para atender a las personas defensoras de derechos humanos, con énfasis en los pueblos indígenas de la Amazonía. La ingeniera forestal Pautrat, directora de Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, crítico la decisión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de promover un instrumento de gestión para el cultivo de palma aceitera a gran escala en nuestro país, para lo cual recordó cuál ha sido el impacto que ha tenido esta actividad económica en los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Finalmente, el dirigente Robert Guimaraes Vásquez, acompañado de Matías Pérez Ojeda del Arco y Linda Vigo Escalante, recapituló cuáles han sido las principales estrategias de lucha de los pueblos indígenas frente a actividades económicas semilegales o abiertamente ilegales (como la palma aceitera, el narcotráfico o la tala ilegal), tanto a nivel nacional como internacional.
El presidente de la FECONAU, Miguel Guimaraes Vásquez, clausuró el evento llamando a la unidad del movimiento indígena en toda la Amazonía. Asimismo, Guimaraes anunció que una delegación de la federación (integrada por tres líderes y un asesor técnico) participaría en el encuentro entre altas autoridades del Ejecutivo y los pueblos indígenas de Ucayali, convocado para el viernes 14 de mayo, con la finalidad de compartir con el Estado cuáles son sus necesidades y qué proponen para lograr una Amazonía libre de inseguridades.