Defensoría del Pueblo pide intervención del Ejecutivo y Ministerio Público para frenar avance de la minería ilegal en el Cenepa

Defensoría del Pueblo pide intervención del Ejecutivo y Ministerio Público para frenar avance de la minería ilegal en el Cenepa

“Falta de medidas y presupuesto afecta la vida e integridad de defensores indígenas y ambientales en la frontera con Ecuador. Las comunidades indígenas del El Cenepa se ven seriamente afectadas por destrucción ambiental de su territorio”, sostiene la Defensoría del Pueblo, que ha solicitado al Ejecutivo y al Ministerio Público atender con urgencia el problema de la minería ilegal en las provincias de Bagua y Condorcanqui, en el extremo norte del departamento de Amazonas, en concreto en el distrito del Cenepa. El pedido fue hecho ante el grave riesgo a la vida, la salud y la seguridad de la población de la zona, en especial de los pueblos indígenas awajún y wampis, por la presencia de actividades ilícitas como la minería ilegal, la cual viene generando grave contaminación al ambiente y afectación a los bosques y a la biodiversidad.

Este llamado de alerta ha sido asumido por la Defensoría, luego que desde el año 2018, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) alertara a los organismos estatales y la Policía Nacional sobre la peligrosa expansión de esta actividad ilegal  en la zona. Ello ha motivado que dirigentes de la  organización sean blanco de ataques y amedrentamientos. Ese mismo año, con el apoyo técnico de IDL y CooperAcción, ODECOFROC solicitó a la Policía Nacional del Perú, a través de su Dirección de Medio Ambiente, que llevara a cabo una interdicción de la minería ilegal en el río Cenepa. El problema es que estas intervenciones no se han realizado con la frecuencia necesaria y la zona intervenida nuevamente es ocupada por las dragas y por los mineros ilegales.

La Defensoría del Pueblo precisa en su solicitud: “se ha instado a la máxima autoridad del Ministerio Público a intensificar las acciones de interdicción contra la minería y tala ilegal en la zona, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), en especial en la parte central y baja de la cuenca del río Cenepa, donde se ubican los distritos de Nieva y Río Santiago, de la provincia de Condorcanqui; así como en el distrito de Imaza, de la provincia de Bagua, cumpliendo con rigurosidad las medidas sanitarias en atención al COVID-19”.

Además, se ha dirigido al Ministerio del Interior indicando que si bien se aprobó la prórroga de la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, de la provincia de Condorcanqui, hasta el próximo 31 de julio de 2021, se advierte que ello no resulta suficiente. Por ello, se solicita priorizar la implementación de mayores puestos de vigilancia y control, con el respectivo soporte de personal y logístico, en las áreas identificadas con mayor presencia de minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico.

Como parte del pedido, el Defensor del Pueblo remitió también un documento a Cancillería solicitando la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores como institución que encabeza el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Sinadif) y el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif). Ello, con el fin de evaluar la implementación de estrategias aplicables en los espacios de la frontera Perú-Ecuador, especialmente en la zona de El Cenepa, que no solo consideren la erradicación de la minería ilegal, sino que, además, contemplen la promoción de actividades productivas que brinde una alternativa de trabajo contra las actividades ilegales.

Finalmente, al ser parte integral del problema, solicitó al Ministerio de Energía y Minas proponer la incorporación de la cuenca del río Cenepa, Santiago, Nieva, Marañón y Tuyankuwas en las zonas priorizadas para la interdicción de la minería ilegal, previstas en la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. Asimismo, se dirigió al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de requerir que se asignen los recursos necesarios para fortalecer las labores de interdicción.

Foto: MOCICC

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