Definiciones en el Tribunal Constitucional

El fujimorismo y aliados ensayarán una última arremetida en el Tribunal Constitucional. Ante ello, los miembros de la institución se preparan para lo que viene.

Por Miguel Loayza

Transcurren días agitados en el Tribunal Constitucional (TC), entidad que es la máxima intérprete de la Constitución en el Perú. Hace poco más de una semana se esperaba, con sombría expectativa, su sentencia con respecto a la excarcelación de Keiko Fujimori -que parecía inminente-, o el pedido de parte del Congreso de evaluar una eventual cuestión de confianza del Ejecutivo sobre el proyecto de adelanto de elecciones -que finalmente no se dio-. Hoy el reto es aún mayor. Con sus votos, los magistrados del TC determinarán el carácter legal del mayor acontecimiento político de las últimas décadas en nuestro país: la reciente disolución del Congreso.

La nueva tarea del TC parte de una suerte de ironía: la disolución del Parlamento, sobre cuya constitucionalidad debe pronunciarse, tuvo como elemento disparador la propuesta del Ejecutivo de modificar la ley orgánica del mismo TC, a fin de que la elección de sus magistrados fuera más transparente y menos funcional a los intereses de los grupos políticos que manejaban los hilos del Congreso. Como se sabe, la solicitud del Gobierno era que aquel lunes 30 de setiembre los parlamentarios debatan la cuestión de confianza antes de seguir con el cuestionado proceso de selección de los nuevos magistrados del TC, como era la intención del bloque fujiaprista y sus aliados.

Luego de escuchar al primer ministro Del Solar plantear la cuestión de confianza en el Pleno, la mayoría fujimorista impuso la fuerza bruta de los votos y eligió a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea -primo del presidente del Congreso- como primer nuevo magistrado. La moción presentada para discutir de inmediato la cuestión de confianza fue rechazada por más de ochenta votos, y de esta manera la cuestión de confianza se consideró denegada.

Sobre lo que sucedió la noche del 30 de setiembre se ha escrito mucho y su recuerdo permanece aún fresco. Lo cierto es que, consumada la toma de mando por parte del Ejecutivo -legitimada además por la ciudadanía y no discutida por los organismos internacionales-, la última carta de los disueltos congresistas es plantear el debate en la vía judicial. ¿Transgredió el presidente Vizcarra la Constitución al disolver el Congreso?

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como diversos constitucionalistas señalan que será el TC el responsable de emitir el pronunciamiento definitivo que zanje “la crisis”.

Presiones externas

El deseo al interior del TC es que la convulsión política afecte en la menor medida posible las deliberaciones jurídicas que están prontas a iniciarse. Ello no será fácil, pues las presiones ya han comenzado. Parte esencial del plan de los fujimoristas y sus aliados en la Comisión Permanente -lo que queda del Congreso- consiste en incrementar sus influencias en el Tribunal. Y esto se viene haciendo con poco disimulo.

Un día después de que la OEA, a través de un comunicado, opinara que era el TC el que debía tener la última palabra sobre la legalidad de la disolución del Congreso, Pedro Olaechea envió sendos oficios tanto al TC como al Diario El Peruano para que se oficialice la irregular elección como magistrado de su primo hermano Gonzalo. No solo eso, sino que -en un acto casi delirante- pretendió imponer que el magistrado reemplazado sea Eloy Espinosa-Saldaña, a quien el fujimorismo ha considerado siempre un personaje ajeno a su ámbito de control.

Al día siguiente una inesperada visita sorprendió al personal administrativo del TC. Alrededor de las 8 a.m., el mismo Gonzalo Ortiz de Zevallos se acercó al local del jirón Áncash y preguntó por el presidente, Ernesto Blume. Fue recibido por Susana Távara, la secretaria general, quien le indicó que Blume estaba con licencia por un problema de salud y le ofreció un recorrido protocolar por las instalaciones. El primo de Olaechea respondió que no era necesario, dejó el documento en mesa de partes y se fue aproximadamente a las 8:15 a.m.

Como ya se difundió en algunos medios, en el documento entregado Ortiz de Zevallos planteaba, sin pudor, que se dispusiera fecha y hora para su juramentación en el cargo. El contexto de los actos evidencia que, en su afán de recuperar el feudo parlamentario, Olaechea y compañía vienen incurriendo en medidas desesperadas.

En la actual composición del TC, el fujimorismo considera fijo el apoyo de tres magistrados que en los últimos meses han configurado un sólido bloque al momento de firmar diversas sentencias: el presidente, Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, elegido por el congreso fujimorista en agosto del 2017. Sobre la inclinación de otros dos magistrados, Manuel Miranda Canales y Carlos Ramos, la certeza es menor. Pero a quienes consideran un verdadero escollo para sus intenciones son Eloy Espinosa Saldaña y Marianella Ledesma.

Hace poco más de una semana, en la interna del TC el clima era de incertidumbre. Todo indicaba que el Congreso se impondría a un desconcertado Gobierno en su plan de recomponer el TC, y magistrados y asesores se mantenían a la expectativa de relevos que parecían inminentes. Luego del remezón general que significó la disolución del Congreso, con el pasar de los días el panorama se vuelve cada vez más claro.

Foto: Andina.

Lo primero será resolver la solicitud de Ortiz de Zevallos para juramentar como magistrado. Sobre esto, al interior del TC los pronósticos parecen coincidir: es casi imposible que el Pleno admita su incorporación inmediata, tal como pretenden disponer los primos Olaechea. Primero, por una cuestión básica: el reglamento del TC establece que los magistrados asuman el cargo dentro de los diez días posteriores a la publicación de la resolución legislativa en el diario El Peruano, cosa que no ha ocurrido. Segundo, porque el TC ha recibido diversas cartas de excongresistas, que señalan los vicios e irregularidades en los que incurrió la elección de Ortiz de Zevallos; la opinión general es que estas observaciones deberían ser resueltas por el próximo Pleno del Congreso. Y tercero, y quizás más importante, es que se considera que la solicitada juramentación de Ortiz de Zevallos forma parte de un proceso más amplio y complejo: la demanda competencial.

Deliberación final

La demanda competencial es el proceso mediante el cual el TC determina, en casos de disputa, cuáles son las atribuciones de una institución del Estado. En este caso, el fujimorismo y compañía pretenden que el TC esclarezca si fue válido el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo consideró denegada la cuestión de confianza aquel lunes 30 de setiembre.

Mucho se ha dicho sobre si es válido que la demanda competencial sea presentada por la Comisión Permanente, pues el recurso debería ser antes aprobado por el Pleno del Congreso. La observación es atendible. Sin embargo, al interior del TC hay quienes sostienen que es muy probable que la demanda sea finalmente admitida a trámite, más allá de cuál sea el resultado final.

La razón es que la mayoría de magistrados reconocen que existe un conflicto político fuerte, que el Ejecutivo y Legislativo no han podido resolver por cuenta propia. Además, es casi unánime la opinión de constitucionalistas sobre la labor que debe asumir el TC en el problema. A ello se suma el pronunciamiento de la OEA. Será difícil entonces no comerse el pleito.

Lo cierto es que la angustia del fujiaprismo y aliados tiene para rato. En una demanda competencial se aplican los mismos procedimientos de una demanda por inconstitucionalidad. En caso se admita la demanda, el TC notificará al Ejecutivo y le concederá 30 días de plazo para que presente sus descargos. Luego deberá tener lugar una audiencia, y finalmente se deliberará la sentencia. Como ya han mencionado diversos expertos y ratifican algunas voces en el TC, no se podría esperar un fallo antes de cuatro meses. Para entonces, los ciudadanos ya habrán elegido a un nuevo Congreso.

Todo ello refuerza la postura que ya han esgrimido algunos constitucionalistas: la sentencia del TC servirá para determinar si hubo infracciones constitucionales en la disolución del Parlamento -y determinar responsabilidades si fuera el caso-, pero no hay manera viable de revertir las consecuencias del hecho. La sentencia en sí no terminará de resolver el conflicto de fondo.

La misma opinión compartió un integrante del TC con Justicia Viva. “La institución debe afrontar este reto y la mayoría de magistrados lo entiende así también; el país está en una crisis política y no es posible hacerse a un lado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el origen del problema es sobre todo político, y en estos casos a veces lo jurídico por sí solo es insuficiente”, manifestó. 

Trascendió en el TC que el último jueves una delegación encabezada por Olaechea iba a llegar al local del jirón Áncash para presentar formalmente la demanda competencial, pero se pospuso porque la atención de la prensa estaría centrada en la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Hasta el viernes no había llegado ningún documento a mesa de partes.