Deforestación de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya: Juez Incorpora al Proceso Penal a las empresas PLANTACIONES DE PUCALLPA SAC y OCHOSUR P SAC

Deforestación de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya: Juez Incorpora al Proceso Penal a las empresas PLANTACIONES DE PUCALLPA SAC y OCHOSUR P SAC

En la audiencia del 9 de marzo,  el juez Víctor Zúñiga Urday del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la solicitud del Ministerio Público de incorporar a las empresas PLANTACIONES DE PUCALLPA SAC y OCHOSUR P SAC en el proceso penal que se sigue contra Dennis Nicholas Melka y otros 30 imputados por la comisión de delitos ambientales, en la modalidad de delitos contra los bosques o formaciones boscosas, en agravio de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y el Estado peruano.

Estos bosques se encontraban ubicados en el lugar denominado “Fundo Tibecocha”, en el distrito Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, y fueron talados con la finalidad de instalar el cultivo de palma aceitera  y producir aceite de palma, lo que ocasionó un desbosque acumulado, de una superficie de 6.824.39 hectáreas, entre el período del año 2010 al año 2015, que se ha ido ampliando hasta la actualidad.

El fiscal Álvaro Rodas Farro del Equipo 1 de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada se encargó de sustentar su pedido y le atribuye a la empresa PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C. haber destruido, quemado, dañado y talado bosques y otras formaciones boscosas naturales. Estos actos fueron cometidos por operarios de la empresa, por orden de sus representantes legales, quienes no contaban con permiso ni con autorización administrativa medioambiental.

A la empresa PLANTACIONES AGRÍCOLAS DE PUCALLPA S.A.C.- que ahora se  denomina OCHO SUR P S.A.C. –  se le imputa haber sido utilizada como medio para facilitar que sus representantes legales actúen impunemente.La fiscalía sostiene que dichas acciones que han desarrollado los integrantes de la organización criminal en los predios adquiridos. Los actos se han realizado, en el marco de una estructura criminal”.

El abogado del Área Legal del IDL, Sigfredo Florián, agrega: “Esta organización ha sido liderada por Dennis Nicholas Melka e  integrada por los otro 30 imputados en el presente proceso, en calidad de mandos intermedios. Basándose en su poder económico, tenía como objetivo el desarrollo agroindustrial en la zona sin tomar en cuenta la deforestación que se estaba produciendo. Compraban predios con bosques u otras formaciones boscosas para desboscarlos e instalar palma aceitera. En el ámbito medioambiental las consecuencias son irreversibles”.

El abogado precisa que esta decisión judicial de incorporar al proceso penal a ambas personas jurídicas asegura que puedan ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, en una eventual sentencia condenatoria ,podrían ser pasible de:

  1. a) Respecto a la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC: la aplicación de la consecuencia jurídica, descrita en el numeral 4) del Artículo 105° del Código Penal (…) 4. Prohibición a la sociedad … de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  2. b) Respecto a OCHOSUR P SAC: la medida accesoria que le correspondería se encuentra descrita en el numeral 2) del artículo 105° del Código Penal (…) si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes (…) 2. Disolución y liquidación de la sociedad. (El subrayado es nuestro).

Desde hace varios años el pueblo shipibo-conibo de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya ha emprendido un conjunto de acciones en defensa de sus derechos. Reclama la propiedad colectiva sobre las tierras que hoy ocupa Ocho Sur P SAC por tratarse de su territorio ancestral, del que fueron despojados tras la acción coordinada de traficantes de tierras, malos funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali y de los representantes de las empresas ahora investigadas.

 

 

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