“Del Desplazamiento a la Integración”: Proyecto Binacional en Perú y Ecuador para la protección y empoderamiento de migrantes venezolanos y peruanos
Autor: George Matienzo Vidal
Foto de portada: Jefferson Pintado Llacsahuanga
La crisis económica y política de Venezuela ha provocado uno de los mayores éxodos de refugiados y migrantes en la historia reciente de América Latina. Millones de venezolanos han huido de su país natal en busca de una vida mejor, siendo Perú uno de los principales destinos. Sin embargo, la integración de esta población vulnerable ha sido una odisea para miles de migrantes en busca de un lugar que les pueda ofrecer algún grado de seguridad.
En este contexto, surge “Del desplazamiento a la integración”, un proyecto binacional desarrollado en Perú y Ecuador con financiamiento de la Unión Europea y apoyo técnico de la UNOPS. En Perú, el proyecto fue liderado por la ONG WeWorld, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEPUCP) y UNESCO. Estas organizaciones llevaron a cabo actividades en diferentes regiones del país para promover la integración de la población migrante. Entre sus objetivos, se buscó informar sobre los mecanismos de violencia física y psicológica que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos, dado que el desplazamiento y la falta de recursos suelen asociarse con un aumento de la discriminación, la delincuencia y la violencia familiar.
Parte de las estrategias desarrolladas durante el proyecto se enfocaron en el trabajo con autoridades que brindan servicios de protección. En ese sentido, se llevaron a cabo actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a autoridades competentes como funcionarios municipales, personal de salud, serenos y policías, así como a profesores y directivos de instituciones educativas en las que se centró el proyecto. Todo ello con el fin de mejorar los servicios de atención y protección a las personas afectadas por la violencia. Estas actividades no podrían haberse llevado a cabo sin la participación y cooperación de instituciones tan importantes como el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional del Perú (PNP), las Direcciones Regionales de Educación y otros actores clave que colaboraron durante el período del proyecto, que abarcó desde el 2022 hasta el 2024.
Otro componente del proyecto, que acompañó las capacitaciones sobre violencia, fue la sensibilización y la difusión de información a la sociedad civil sobre la importancia de proteger e incluir a la población migrante. Este punto fue crucial, dado que los medios de comunicación suelen emplear un lenguaje discriminatorio, estigmatizante y sensacionalista respecto a la población venezolana, lo que contribuye a la fragmentación y exclusión de familias enteras que buscan estabilidad en un país ajeno. Gran parte de este esfuerzo comunicacional se puede encontrar en las plataformas digitales de Ideeleradio, la Revista Ideele y la plataforma Yo También Soy Migrante.
La difícil integración de los migrantes venezolanos en una sociedad fragmentada
En la sociedad peruana, los estereotipos y prejuicios hacia la población venezolana se han consolidado y arraigado en muchos espacios públicos. A pesar de este preocupante panorama, los esfuerzos del Gobierno peruano para combatir la discriminación no han sido adecuadamente abordados, ya que las medidas adoptadas no se ajustan a la especial vulnerabilidad de la población venezolana, que enfrenta una situación precaria en términos de derechos económicos, sociales y culturales, así como el desconocimiento de los mecanismos de protección de sus derechos y el constante temor a ser expulsados del país.
Estos antecedentes hicieron que cada objetivo del Proyecto Binacional “Del Desplazamiento a la Integración” fuera un desafío especial. Para cada región (Piura, Lambayeque y La Libertad), se adoptó un enfoque diferenciado según sus necesidades y problemas particulares, con el objetivo de mitigar y abordar diversas formas de violencia y discriminación. Por lo tanto, se implementaron acciones y actividades que contribuyeron a crear un ambiente respetuoso y seguro, tanto para los migrantes como para la población de acogida, facilitando así una integración gradual entre las comunidades.
El proyecto se centró en las actividades de campo y las relaciones interpersonales, ya que cualquier esfuerzo de integración debe ir acompañado de interacciones que permitan el reconocimiento mutuo y la construcción de lazos de confianza. En ese sentido, se dedicó un gran esfuerzo al trabajo conjunto con organizaciones sociales y juntas vecinales en tres departamentos del Perú: Piura, Lambayeque y La Libertad. Este enfoque, basado en el contacto directo y el trabajo comunitario, buscaba facilitar un proceso de integración más efectivo y sostenible.
La integración de la población migrante se abordó con un enfoque en la seguridad, dado que estos individuos son frecuentemente blanco de medios sensacionalistas y de ciudadanos que adoptan discursos xenófobos en el país. Esta población no solo enfrenta condiciones precarias, sino que también es objeto de ataques y señalamientos como delincuentes, lo que contribuye a profundizar las divisiones y fracturas sociales, obstaculizando la formación de comunidades cohesionadas. En este sentido, se trabajó con actores sociales responsables de la seguridad local o comunitaria, como las juntas de seguridad ciudadana y líderes vecinales, con el objetivo de convertirlos en puntos de apoyo para construir comunidad e impulsar la integración.
«Muchas veces nos ven como una carga o una amenaza, cuando en realidad somos personas que hemos tenido que dejar todo atrás para buscar un futuro mejor» (Paola Graterol)
Paola Graterol, de 34 años, llegó a Perú dejando atrás a su familia y su profesión como maestra de educación integral, y tuvo que incursionar en nuevos oficios que ahora la apasionan, como la repostería. Ella no ha sido indiferente a la situación que viven sus compatriotas, ya que, al observar la vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran, decidió formar y crear junto a otras compañeras el grupo Líderes Resilientes. Esta asociación, junto con Paola, fue parte de la primera experiencia del proyecto, que comenzó en Piura con el apoyo del Centro Emergencia Mujer (CEM).
El CEM jugó un papel crucial en la formación de migrantes como Paola y en la comunidad de acogida, representada por Carmen Flores Tinoco, coordinadora regional de juntas vecinales de seguridad ciudadana en Piura. Este proceso ilustra cómo puede cambiar la percepción de una comunidad. Inicialmente, la comunidad de acogida mostraba una actitud recelosa hacia la colaboración con la población migrante. Sin embargo, gracias al proyecto, tanto migrantes como miembros de la comunidad local fueron capacitados. Así, conocieron la «ruta de protección» para las comunidades vulnerables frente a la violencia contra la mujer y su entorno familiar. Como resultado de este esfuerzo, el proyecto logró establecer una ruta más accesible y amigable, que permite a las víctimas de violencia identificar fácilmente los servicios de apoyo y protección disponibles. Además, en la región de Piura se contó con el respaldo de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) para abordar protocolos en casos de hostigamiento sexual y acoso escolar, fortaleciendo los conocimientos adquiridos por las juntas vecinales, migrantes y refugiados, entre otros líderes comunitarios, en materia de protección.
El proyecto empoderó a mujeres como Carmen y Paola para brindar información y apoyo a otras víctimas de violencia. De esta manera, no solo se atendieron las necesidades de las víctimas, sino que también se fortaleció el liderazgo y la resiliencia de las mujeres peruanas y migrantes, convirtiéndolas en agentes de cambio dentro de sus comunidades. La experiencia de Paola, Carmen y el trabajo del Proyecto Binacional «Del Desplazamiento a la Integración» en Piura demuestran cómo las iniciativas locales pueden tener un impacto significativo en la integración y protección de la población local y migrante venezolana, proporcionándoles herramientas y empoderándolos frente a los desafíos que enfrentan.
“Durante mis años en Perú, me sentí diferente y rechazado, pero poco a poco con el proyecto me he sentido parte de algo. Ahora me encuentro plenamente integrado», José Ceiba
José Ceiba, un migrante venezolano de más de cinco años en la región de Lambayeque, específicamente en el distrito de Puerto Eten (Chiclayo), ha enfrentado diversos desafíos durante su estadía en el país, incluyendo trabajar como taxista y enfrentar discriminación por parte de los peruanos, lo que lo ha obligado a ofrecer su trabajo como mano de obra «barata». A pesar de estos obstáculos, José y su esposa Betania Rodríguez, ambos profesionales, han encontrado apoyo fundamental con la formación Asovenchic (Asociación de Migrantes Venezolanos en Chiclayo). Esta organización se dedica a proteger los derechos y brindar apoyo social a la comunidad migrante. Como miembros activos de Asovenchic, José y Betania han participado en talleres y actividades relacionadas con las Leyes 30364 y 31439, que abordan la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y sus familias.
El enfoque en esta problemática común, la violencia contra la mujer y su grupo familiar, ha sido fundamental para el trabajo conjunto entre los miembros de Asovenchic y las comunidades locales. Esta es una cuestión que afecta a cualquier miembro de dichas comunidades, facilitando así una verdadera integración, colaboración y el intercambio de experiencias.
En La Libertad, el proyecto también trabajó con juntas vecinales y miembros de la asociación de periodistas para concientizar sobre esta problemática. Además, se incluyó a la población migrante y refugiada, así como a la población LGTBIQ+, como parte fundamental para lograr un enfoque integral en la región.
El trabajo realizado en las tres regiones articuló esfuerzos entre los Centros Emergencia Mujer (CEM), la Policía Nacional del Perú (PNP), los medios de comunicación y la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) para ofrecer un enfoque interinstitucional que asegure un trabajo sostenible en materia de protección comunitaria en el futuro. El objetivo es mantener un acercamiento continuo y permanente entre estos diferentes actores, garantizando así un aprendizaje a partir de la estrategia trazada, que se centró en la comunidad, la integración y la interculturalidad.
De esta manera, se buscó aumentar el conocimiento y la implementación de las rutas de protección, asegurando que los participantes cuenten con material de apoyo, como directorios de servicios elaborados y difundidos para atender y derivar adecuadamente casos de violencia. Así mismo, se brindó consejería constante y monitoreo sobre cómo se iban manejando los casos y a qué instituciones se fueron derivando.
En total, durante estos dos años de proyecto, se logró la participación de 604 personas de diferentes organizaciones sociales, principalmente juntas vecinales y migrantes, en las áreas de intervención. Este proyecto fortaleció a las comunidades protectoras, garantizando el respeto y el pleno disfrute de los derechos humanos para todos y todas, así como promoviendo con eficacia el conocimiento mutuo y la integración entre los participantes. Un aprendizaje que, sin duda, esperemos se replique poco a poco en el resto del país.
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Este texto se enmarca en el trabajo promovido por el Proyecto Binacional “Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras”, financiado por la Unión Europea con el apoyo técnico de la UNOPS, bajo ejecución técnica de la ONG WeWorld y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Las instituciones aquí nombradas no se hacen responsables de las opiniones de los autores.