Delincuencia organizada en Lima: cuando el crimen no tiene banderas
Aldo Pecho Gonzáles
IDL-Seguridad Ciudadana
Hace unos días, la delincuencia organizada en los distritos de La Victoria, El Agustino y Lima (sector Manzanilla) realizó una “intervención” violenta en contra de trabajadores venezolanos, en el marco de disputas territoriales con mafias de la misma nacionalidad. Por su parte, ayer se difundió en redes sociales un video donde una presunta organización delictiva llamada Los Gallegos, provenientes de Venezuela, afirmaban que si las bandas peruanas seguían hostilizando a sus compatriotas, tomarían igual represalia contra peruanos en la zona de Gamarra y alrededores. Todo esto en el marco de un incremento de indicadores delictivos, principalmente de delitos como la extorsión, la usurpación, entre otros.
La disputa territorial entre la delincuencia organizada no es nueva. Desde hace muchos años, se sabe que existe un control de cupos y territorios en las zonas de Gamarra, La Parada, Tacora, Pesquero, entre otros. Las nuevas dinámicas delictivas y la delincuencia transnacional han hecho que ahora se conviertan en espacios urbanos con un nuevo tipo de conflicto. Lamentablemente, quienes pagan los platos rotos con esto es la clase trabajadora, sin importar nacionalidad ni bandera alguna. Si ayer migrantes venezolanos, trabajadores en concreto, quienes no se encuentran relacionados con ningún delito, han sido atacados ferozmente a punta de palos, cuchillos, piedras y balas; hoy tienen la misma amenaza trabajadores peruanos, quienes tampoco se encuentran relacionados con estas bandas organizadas.
El prejuicio y la discriminación esta vez van de la mano con la vendetta del crimen organizado. Se han insuflado tanto el discurso xenofóbico y la nacionalidad de origen, que las bandas delictivas lo están tomando como excusa ya no solo para atacarse entre ellas, sino también para afectar a los sectores con menos oportunidades sociales.
Hasta el momento, la labor de la Policía ha sido sumamente cuestionable. Los estados de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Lince y la propia Lima no parecen tener un impacto sobre el crimen. A ojos de la población, la violencia sigue siendo desafiantemente pública: sicariato, extorsión con armas de guerra, robo a mano armada, etc. ¿En dónde quedó el enorme despliegue policial que servía solo para causar pánico entre la población que ejercía su derecho a la protesta? La respuesta no ha sido la misma ahora que Lima se ha convertido en un territorio abiertamente en disputa, y quien sale perjudicado nuevamente es el ciudadano que tiene menores recursos.
Desde hace un buen tiempo, venimos advirtiendo que el período de pos-COVID podía traer nuevos desafíos a la seguridad ciudadana. Con un clima de descontento y crisis política tan amplio, es innegable que la legitimidad del Estado para ejercer el uso de la fuerza se ha ido mellando. La propia autoridad del Estado se ha debilitado. Y cómo no, si entre nuestra propia clase política existen serias denuncias de que se encuentran aliados, defienden o incluso formarían parte de la delincuencia organizada. Hay una escala moral tan baja en la política que ya nada de esto sorprende.
Ahora la obligación que tiene la Policía, con el respaldo del Ministerio del Interior, no es más que la de rastrear estas bandas delictivas –aunque probablemente ya las tengan detectadas desde hace un buen tiempo– y empezar a desactivarlas. Esto sin importar la nacionalidad de origen, puesto que el delito no tiene banderas, aunque estén utilizándolas como excusas para atacarse las unas a las otras. Si no quieren que esto explosione a niveles de violencia no vistos desde hace décadas, bien podría la propia Policía comprender que el único enemigo aquí es el delito, y quienes son perjudicados son personas que día a día se dedican al trabajo, si es que este no resulta insuficiente para vivir día a día, y aún así laboran con dignidad, sin tratar de perjudicar a nadie.
Foto: Infórmate Perú