Demanda contra SUNAT y MEF por posible medida que favorece a REPSOL

Demanda contra SUNAT y MEF por posible medida que favorece a REPSOL

El día de hoy, en el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de la Corte de Lima es la audiencia en el proceso de amparo presentado por IDL y Cooperacción contra resoluciones que permite a Repsol y a las empresas mineras y petroleras descontar de su impuesto a la renta los gastos por descontaminación ambiental causada por ellas mismas. Si estos beneficios proceden, REPSOL podría descontar los gastos de descontaminación de Ventanilla de su impuesto a la renta.

Se presenta la demanda de amparo porque las organizaciones defensoras de derechos humanos ven el peligro de que Repsol, causante del peor desastre ambiental en la costa peruana, se vea beneficiada con una interpretación indebida que han venido aplicando las autoridades tributarias y que permite a las empresas irresponsables deducir del pago de impuestos los gastos de la descontaminación relacionada con sus propias actividades.

Los demandantes son el Instituto de Defensa Legal  y CooperAcción. Los demandados son la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, como tercero coadyuvante, la empresa Repsol S.A..

Como lo reveló un informe elaborado por CooperAcción el año 2021, esta polémica interpretación del artículo 37 de la Ley de impuesto a la renta (D.S. Nº 179-2004-EF), posteriormente modificado varias veces, ha sido aplicada durante varios años por el Tribunal Fiscal. Gracias a ello, al momento que Repsol pague su impuesto a la renta se le permitiría deducir de este pago los gastos de descontaminación ambiental. Cabe señalar que esto resulta incompatible con los principios constitucionales ambientales de contaminador-pagador e internalización de costos.

Según el abogado del IDL, Juan Carlos Ruiz, “esta interpretación del Tribunal Fiscal ha sido aplicada en hasta 12 resoluciones previas en las cuales se acepta que a las empresas que incurrieron en derrames de petróleo y que han hecho entrega de bienes, como agua, víveres y medicina en favor de afectados, se les deduzca de sus impuestos los gastos por los daños ambientales que ellas mismas ocasionaron. Así, esta línea jurisprudencial se ha venido dando de manera consistente y, en los hechos, beneficia a las empresas responsables de contaminación mediante la deducción fiscal por gastos de resarcimiento ambiental en la determinación del Impuesto a la Renta”.

Esto significa que todos los peruanos, incluyendo a los ciudadanos afectados por derrames de hidrocarburos, somos quienes asumimos el costo de obligaciones legales que una empresa contaminadora debería de cumplir exclusivamente.

¿Qué es lo que se solicita en la denuncia?

La pretensión principal de la demanda es que no se aplique, en el caso del derrame de Ventanilla ocasionado por la empresa petrolera Repsol, la interpretación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, la cual ha sido utilizada sistemáticamente por el Tribunal Fiscal en casos de contaminación ambiental, permitiendo que las empresas contaminadoras puedan deducir de su impuesto los gastos de reparación. Esto se solicita debido a que esta interpretación contradice diversos principios constitucionales y vulnera el derecho al goce de un medio ambiente sano y equilibrado y el principio contaminador pagador.

Asimismo, busca declarar que esta no aplicación de la mencionada interpretación se declare vinculante para todos los poderes públicos a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia. Además, en la demanda se exhorta al Congreso a modificar el mencionado artículo para impedir que las empresas puedan deducir los gastos de descontaminación de su impuesto a la renta.

¿Cuál fue el precedente que permitió el criterio de la deducción fiscal en los casos de los derrames de petróleo?

El criterio jurisprudencial del Tribunal Fiscal y su aplicación indebida de la SUNAT a los casos de derrames de petróleo en poblaciones indígenas, que permitieron la deducción fiscal a las empresas contaminadoras, comenzó con los casos de derrames de petróleo en los Lotes 8 y 1AB (ahora Lote 192).

El Tribunal Fiscal permitió la deducción de gastos en la determinación del Impuesto a la Renta de las empresas operadoras de estos lotes por la entrega de bienes en favor de las comunidades nativas afectadas, a pesar de ser dichas empresas quienes, con los derrames de petróleo en el territorio de las comunidades, han causado los desastres ambientales que producen afectaciones a la salud y a la integridad de la población.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *