Demandan a municipio de Loreto por pretender prohibir creación de reservas y áreas protegidas

Demandan a municipio de Loreto por pretender prohibir creación de reservas y áreas protegidas

El Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, con el patrocinio de los abogados del área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional contra el municipio provincial de Ucayali, ubicado en la región Loreto, debido a que éste emitió la ordenanza municipal 006-2023-MPU, mediante la cual pretende prohibir la creación de áreas naturales protegidas pero también de reservas para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), siendo ésta una facultad del Ejecutivo.

Cabe recordar que dentro de dicha provincia se encuentra la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental donde conviven pueblos indígenas como los isconahua, mayoruna y kapanawa, reconocidos por el Ministerio de Cultura como pueblos en aislamiento.

La ordenanza no solamente pretende evitar que se creen más áreas protegidas sino que más bien afirma priorizar las obras de infraestructura. Vulnera no solamente sentencias anteriores del Tribunal Constitucional que reconocen los derechos de estos pueblos indígenas de mantenerse en aislamiento, sino también tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La demanda apunta a la vulneración del artículo 1 de la Constitución peruana que indica que la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo del Estado, pero también que la ordenanza busca que la reserva ya existente sea recortada para obras, lo cual pondría en gran peligro a los pueblos indígenas que necesitan de su espacio territorial para obtener recursos y sobrevivir de acuerdo a sus prácticas ancestrales.

Majed Velásquez Véliz, decano del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, manifiesta que la norma municipal pone en riesgo la vida misma de los PIACI que viven en la reserva y que no puede vulnerarse por una simple ley de rango edil, por lo que confía en que el Tribunal Constitucional fallará a favor de la demanda.

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