Denuncia constitucional contra Fiscal de la Nación en Congreso apunta a quebrar la independencia del Ministerio Público
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha aprobado una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, presentada por Renovación Popular. La acusación es por desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones, y está relacionada al hecho de que Delia Espinoza desconoció la resolución de la Junta Nacional de Justicia que buscaba reponer a Patricia Benavides en el cargo.
La aprobación del informe de calificación de esta denuncia constitucional se basa en el documento inválido e inconstitucional elaborado por la JNJ que reponía a Patricia Benavides como fiscal de facto.
La abogada del Área de Justicia Viva del IDL, Cruz Silva, manifiesta: “Esta denuncia contra la Fiscal de la Nación apunta a quebrar la independencia del Ministerio Público. Estamos presenciando un segundo momento en la criminalización de los actores de justicia, que incluye no solo a Delia Espinoza sino a los fiscales supremos. No es solo porque ellos impidieron el regreso de Patricia Benavides, sino porque han estado en contra de todas las violaciones a la Constitución que promueve el Congreso. Pongo un ejemplo: la eliminación de las competencias constitucionales que tiene la Fiscalía para dirigir las investigaciones de diferentes delitos y que han pasado a la Policía, por una ley que era parte del paquete de leyes procrimen aprobadas por el Congreso.”
Otro motivo por el que los criminalizan es por defender la autonomía de sus instituciones, el estado democrático de derecho y la separación de poderes. Cabe recordar que Renovación Popular – el partido que ha impulsado esta denuncia – tiene en sus filas a dirigentes procesados por el sistema de justicia. Según la abogada, el investigado se convierte en un convenido investigador. Se rompe con el requisito de tener un evaluador independiente e imparcial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha evidenciado que la decisión de la JNJ viola la autonomía del Ministerio Público. “Como ciudadanía tenemos que estar atentos a cómo se desarrolla esta denuncia constitucional porque apunta a quebrar la independencia de esa institución. No hay que olvidar que en el Congreso los poderes de las economías ilegales son los que están buscando la impunidad”, añade.