Denuncia: El Tribunal Constitucional rompe con el equilibrio de poderes y otorga poder absoluto al congreso, dejando en indefensión a la ciudadanía
Aquí, la denuncia que el grupo violentista de ultraderecha autodenominado “La Resistencia” quiso frenar.
En la conferencia de prensa realizada el día de ayer, 27 de febrero de 2023, en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, diversas organizaciones sociales, colectivos y personalidades de la política nacional y del ámbito académico, expresaron su rotundo rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que resuelve la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República para evitar que el Poder Judicial ejerza su facultad jurisdiccional de control constitucional de los actos legislativos, como son: la elección irregular del Defensor del Pueblo, la tramitación de iniciativas legislativas que vulneran derechos fundamentales y el procesamiento de autoridades electorales.
Entre los asistentes se encontraba presente el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), la Asociación Civil Transparencia, la agrupación Foro Educativo, el Instituto de Defensa Legal del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), FloraTristán, la Asociación Nacional de Centros (ANC), el Colectivo Abogadas Independientes, la agrupación estudiantil Coherencia Universitaria de la PUCP, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la congresista Ruth Luque y la ex congresista Indira Huilca, así como familiares de víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos como Killa Sotelo y Óscar Pintado.
Al respecto, Magali Gonzalez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo indicó que esta decisión del TC rompe el necesario equilibrio de poderes que debe existir para evitar arbitrariedades, excesos y uso abusivo del poder por parte del Poder Legislativo. Además, esta decisión viola la autonomía e independencia del Poder Judicial al limitar el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces y juezas constitucionales. En ese sentido, informó que realizarán las acciones pertinentes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la vulneración de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, además presentarán denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima por la violación al Estado de Derecho y a la protección de los Derechos Humanos. De igual forma, invocó a que las y los congresistas reflexionen sobre el daño que se le viene ocasionando a la institucionalidad en nuestro país.
Así también, Cruz Silva, representante del IDL, señaló que un antecedente directo de lo que viene pasando actualmente con la actuación cuestionable del TC, en particular por esta sentencia, ha sido la forma en que se eligieron a los actuales magistrados de dicho organismo constitucional. Recordó, además, que en dicho proceso se presentaron diversas tachas contra los candidatos, las cuales no fueron debidamente atendidas por los integrantes de la comisión congresal evaluadora en ese momento, como el conflicto de interés del hoy magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse quien había ejercido como abogado de Renovación Popular quien participaba de la Comisión de Selección. Asimismo, informó que aún se encuentra pendiente de atención la denuncia que realizó el Tribunal de Transparencia contra diversos congresistas por negar información relevante sobre el proceso de elección a los medios de prensa, la cual fue derivada a la Fiscalía de la Nación el 06 de enero del presente año. Indicó además que la autonomía e independencia del Poder Judicial ha sido violentada, y que se espera la reacción y defensa de la función constitucional, por parte del Presidente del Poder Judicial y de la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Por su parte, Iván Lanegra, representante de la Asociación Civil Transparencia, consideró que dicha sentencia representa un golpe directo a la independencia del sistema electoral, que expone a las autoridades electorales a posibles presiones o amenazas a través de denuncias constitucionales, como por ejemplo, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Yván Montoya, representante de IDEHPUCP, se sumó a estas afirmaciones, agregando además que nunca se había visto un uso de la justicia constitucional para retroceder y negar el control del poder público, y otorgar poderes omnipotentes al parlamento, algo totalmente contrario al Estado Constitucional y a la naturaleza de la institución del TC.
Killa Sotelo y Oscar Delgado, familiares de Inti y Bryan, señalaron el peligro que ahora el TC representa para las causas de derechos humanos que pudieran llegar a su competencia, ya que con este fallo no hay legitimidad de que decidirá controlando el poder o impidiendo la impunidad.
La congresista Ruth Luque y la representante de la CGTP Carmela Sifuentes, incidieron en la necesidad de que esta decisión del TC sea ubicada en un contexto político en el que se observa una peligrosa concentración de poder por parte del Congreso, cuya deslegitimidad social es cada vez mayor (solo cuenta con un 6% de aprobación según reciente encuesta).
Por último, los asistentes coincidieron en exhortar y convocar a la sociedad civil organizada a sumar a sus legítimas exigencias y demandas esta denuncia, y a hacer todos los esfuerzos para defender la autonomía de sus instituciones democráticas y los mecanismos de control del poder.