Denuncias por plagio y malos manejos: algunos antecedentes de los posibles representantes de las universidades en la Comisión Especial que nombrará a la Junta Nacional de Justicia

Por Miguel Loayza

El viernes 01 de marzo, los rectores de las universidades públicas y privadas elegirán a sus representantes ante la Comisión Especial que designará a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo que reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que, entre otras funciones, elegirá, ratificará y destituirá a los jueces y fiscales del país.

La ley orgánica de la JNJ establece que sus miembros serán elegidos -por un período de cinco años- por una comisión especial conformada por el defensor del Pueblo, el contralor general de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, un representante de las universidades públicas y otro de las universidades privadas.

Son muchas las lecciones que dejó la aún fresca debacle del CNM, entre ellas, algo evidente es que la futura Junta deberá estar conformada por profesionales de perfil intachable, ajenos a intereses de corte político y sobre quienes no recaigan cuestionamientos éticos o morales. Y para ello será importante también prestar atención al rol que jugarán en el proceso los miembros de la Comisión Especial.

Los representantes de las universidades

De acuerdo a información proporcionada por la Sunedu, son nueve las universidades públicas y ocho las privadas que cumplen con los requisitos que contempla la ley para participar en el proceso: tener licenciamiento vigente y una antigüedad de más de cincuenta años. Cada una de ellas estará representada en el proceso por su rector.

Justicia Viva realizó un mapeo de los antecedentes de los rectores que podrían ser elegidos representantes de las universidades en la Comisión Especial. En los archivos periodísticos y jurídicos consultados se encontró cuestionamientos que, confirmados o no, deberán ser tomados en cuenta por cada votante.

Por las universidades públicas

Entre los rectores de las universidades públicas, los casos que más llaman la atención están vinculados a presuntas malas gestiones. Porfirio Enriquez Salas, cabeza desde el 2015 de la Universidad Nacional del Altiplano, fue expulsado de la Alianza Universitaria -movimiento con el que ganó las elecciones- en octubre del año pasado por, según voceros de la agrupación, irregularidades como el direccionamiento de concursos, anomalías en el manejo del personal y viajes al extranjero sin permiso. Posteriormente, en noviembre, el asambleísta Edgar Cutipa Quispe denunció lentitud por parte de la gestión de Enriquez para sancionar a docentes involucrados en irregularidades, supuestamente con la intención de conservar allegados en la próxima administración.

El ingeniero Heiter Valderrama Freyre es rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana desde febrero del 2016. Valderrama, quien registra un breve pasado político –fue fundador del Movimiento Esperanza Región Amazónica y postuló como accesitario por Acción Popular en las elecciones Regionales y Municipales del 2006-, afrontó algunas denuncias en su período. En febrero del 2017, en medio de una protesta por no recibir su remuneración durante más de dos meses, trabajadores administrativos de la universidad denunciaron que Valderrama Freyre propuso ante al Consejo universitario la contratación de Luis Alberto Cepeda Arana como director general de Administración. Sobre Cepeda Arana, según la misma denuncia, pesaban acusaciones de malversación de fondos, omisión de denuncias, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.

Posteriormente, en abril del 2018, un colectivo solicitó la intervención del Ministerio Público ante el robo del dinero de las matrículas de los estudiantes, y responsabilizó a Valderrama Freyre por tener, al menos, una actitud negligente en la administración de los fondos.

La revisión de archivo de Justicia Viva identificó denuncias contra otros tres rectores de universidades públicas. Por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el biólogo Homero Ango fue denunciado en el 2016 ante el Ministerio Público, junto a otros funcionarios, por presuntas irregularidades en dos procesos de licitación, según recogió el diario Correo. Por otro lado, el rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, fue denunciado ante el Órgano de Control Institucional de la universidad por nepotismo, luego de que su hermano obtuviera en concurso público una plaza en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

Finalmente, Orlando Gonzales Nieves, rector de la Universidad Nacional de Trujillo, fue denunciado ante la Fiscalía por el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Vásquez Boyer, por hostigamiento y abuso de autoridad.

Casos atendibles en las universidades privadas

Entre los ocho potenciales candidatos a ocupar un lugar en la Comisión especial por las universidades privadas, son dos lo nombres que destacaron en la revisión realizada por Justicia Viva.

El primero, uno ampliamente conocido en los ámbitos político y académico -quizás más en el primero que en el segundo-. José Antonio Chang, rector de la Universidad San Martín de Porres, fue el estable ministro de Educación de Alan García en los cinco años de su segundo período. En el 2012, la Megacomisión encabezada por Sergio Tejada recomendó denunciar a García, Chang y otros funcionarios por presuntos delitos de corrupción de funcionarios, en el caso de la remodelación de los colegios emblemáticos. Durante su gestión, en el 2013, la universidad avaló un préstamo al hoy investigado expresidente para adquirir un inmueble.

Manuel Briceño Ortega condecorando a Guido Aguila Grados, expresidente del cuestionado CNM.

Otro caso a tener en cuenta es el de Manuel Alberto Briceño Ortega, rector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. En el 2016, el docente y exalumno Fernando Rivas Velásquez denunció a Briceño por plagiar la tesis de la alumna Nelly Llerena Oviedo para sustentar tres grados académicos distintos. El medio digital Elbuho.pe relató que se pudo corroborar la desaparición física de las tesis de Briceño y de Llerena de la biblioteca de la universidad, y que inclusive la tesis de Llerena había sido eliminada del sistema de búsqueda virtual. Las diversas denuncias derivadas del hecho fueron a parar en su momento en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa y la Fiscalía Penal de Turno del Distrito Fiscal de Lima.

Finalmente, fuentes de la Universidad Católica Santa María, consultadas por Justicia Viva, sostuvieron que en el 2017 Briceño fue entusiasta promotor de una ceremonia de reconocimiento a Guido Aguila Grados, expresidente del CNM y uno de los personajes involucrados en el caso de los CNMAudios. El evento se llevó finalmente a cabo en marzo de ese año.