Descontento en pueblo Shipibo por sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Santa Clara de Uchunya

Descontento en pueblo Shipibo por sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Santa Clara de Uchunya

El Tribunal Constitucional ha declarado improcedente la demanda de amparo que interpusieron las autoridades del pueblo shipibo, en el año 2015, contra las empresas Ocho Sur P. y Plantaciones de Pucallpa y contra el Gobierno Regional de Ucayali, por haber deforestado casi siete mil hectáreas de bosques que se encontraban en el fundo Tibecocha, ubicado en el territorio ancestral de la comunidad Santa Clara de Uchunya, en la provincia de Coronel Portillo, Pucallpa. Estas empresas sembraron plantaciones de palma aceitera para producir aceite de palma.

Las organizaciones indígenas manifiestan: “Condenamos y lamentamos que el TC no se haya pronunciado sobre las constancias de posesión y títulos de propiedad que fueron vendidos a Plantaciones de Pucallpa a través de un esquema de crimen organizado y tráfico de tierras, los mismos predios que luego fueron adquiridos por Ocho Sur P.”.

El especialista legal del IDL, Álvaro Másquez, sostiene: “Considero que la sentencia es incongruente y en muchas partes contraria al Derecho, pues abandona la protección a los pueblos amazónicos. Imagínense, después de siete años, el TC decide que no va a pronunciarse sobre asuntos que forman parte del núcleo del caso. Es decir, después de todo este tiempo, han llegado a la conclusión de que no se pronunciarán sobre la constitucionalidad de los contratos de compraventa que suscribieron un puñado de personas denunciadas por tráfico ilegal de tierras y la empresa Plantaciones de Pucallpa, los mismos que ahora son propiedad de Ocho Sur P. ¿Y por qué? Porque algunos magistrados piensan que que los presuntos traficantes tienen derecho a defenderse y que ello debe realizarse en otra vía judicial”.

Las organizaciones del pueblo shipibo precisan los asuntos en los que el TC ha mostrado ambigüedad: el TC no ha desmentido las denuncias de la comunidad ni ha avalado la conducta de la empresa. No ha desmentido ni confirmado la legalidad de las constancias de posesión y títulos de propiedad que conforman el actual fundo Tibecocha. No respalda la explotación de palma aceitera que realiza la empresa Ocho Sur P. No ha determinado que las actividades de la empresa sean ambientalmente sostenibles. Por el contrario, indican que  ha reconocido que existen argumentos que permitirían acreditar daños ambientales de consideración en la zona en la que se encuentran los territorios en litigio, y ha pedido al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que determine la responsabilidad de la empresa.

Entre los aspectos positivos de la sentencia destacan que el TC haya reconocido los derechos territoriales de Santa Clara de Uchunya, y que haya exigido a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) que continúe con el procedimiento de demarcación del territorio de la comunidad.  “Consideramos positiva la realización de audiencias públicas cada seis meses para asegurar el avance de la titulación de la comunidad, conforme ha ordenado la sentencia”, añaden.

Otro especialista, Tom Younger, de Forest Peoples Programme para Perú, coincide con el IDL: “Lamentamos la decisión decepcionante del TC. Esta sentencia representa una oportunidad perdida para sentar un precedente jurisprudencial a nivel nacional a nivel nacional y regional en cuanto a la restitución y titulación de territorios indígenas. ¿Cómo pretende el Estado peruano cumplir con sus compromisos internacionales de proteger los derechos humanos, los bosques y el clima si este TC se niega a salvaguardar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas según los estándares internacionales?”

Pero todavía queda la esperanza de lograr justicia en este caso por la vía penal: el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la solicitud del Ministerio Público de incorporar a las empresas Plantaciones de Pucallpa SAC y Ochosur P en el proceso penal que se sigue contra Dennis Nicholas Melka y otros 30 imputados por la comisión de delitos ambientales, en la modalidad de delitos contra los bosques o formaciones boscosas, en agravio de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y el Estado peruano.

¿Qué otras acciones piensan realizar? Frente a este fallo del TC, la comunidad está considerando volver a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya conoció el caso en dos audiencias temáticas realizadas en los años 2018 y 2020.

Finalmente, el pueblo shipibo alerta sobre la situación en el territorio de la comunidad Santa Clara de Uchunya que está siendo deforestado y depredado por el tráfico de tierras, y sobre las amenazas que reciben sus líderes.

 

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